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Nacionales

Exdiputado Avilés y su esposa son demandados por enriquecimiento ilícito

Gabriela Melara con reportes de Juan Carlos Vásquez / Wilson Urbina

Lunes 16, Enero 2017 - 5:20 pm

Por un presunto enriquecimiento ilícito de $307 mil, fueron demandados ante la Cámara de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, La Libertad, el exdiputado Douglas Avilés y su esposa Brenda Quezada.

La Unida Anticorrupción de la Fiscalía confirmó que el incremento patrimonial de Avilés se registró entre los años 2009 al 2014 cuando fungió como diputado suplente y propietario, mientras que a Quezada se le analizó el período que ha fungido como asesora de la Presidencia de la Corte de Cuentas de la República.

“Después del previo análisis que se ha hecho hasta este momento se ha encontrado que ellos no han podido justificar en el caso de él $260 mil y ella $47 mil, se ha presentado la demanda juntamente con la prueba que nosotros estamos presentando para que en audiencia preparatoria se admita y luego en el momento de la audiencia de prueba sea valorada para que después venga la sentencia condenatoria en contra de ellos dos”, dijo Andrés Amaya, jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.

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Al igual que en los casos anteriores que han llegado a cámaras de lo civil de San Salvador, la Fiscalía General de la República ha solicitado que se aplique Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos del año 1959, para que bajo el régimen sancionatorio de multas se condena a al exdiputado y su esposa a restituir al Estado lo cantidad de dinero que supuestamente adquirieron ilícitamente.

Amaya, manifestó que al presentar la demanda civil que da inicio al proceso han solicitado que también se tome en cuenta el artículo 21 de dicha ley especial el cual señala que el funcionario o empleado que se encontrado culpable debe ser inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un plazo de diez años.


El jefe fiscal detalló que han puesto a la orden de los magistrados abundante prueba documental consistente en información financiera contable y que la instancia superior juramente expertos para que practiquen un peritaje que permita determinar la cantidad exacta de incremento patrimonial de los dos señalados.




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