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OPINION

El Derecho Constitucional Procesal se construyó y desarrolló bajo el principio de legalidad y en el estricto sometimiento del juzgador a la ley vigente. Hoy tenemos un cambio de paradigma como expresión renovada característica del Estado social y democrático, en el cual la fuerza de la ley no se circunscribe simple y llanamente a su validez formal y coercibilidad como producto del trámite legislativo. Su legitimidad se vincula a la concordancia de la norma preceptiva con imperativos de rango sustancial, incrustados en el ordenamiento superior, como son la justicia, la igualdad, la dignidad de la persona y el reconocimiento de los derechos fundamentales, más allá de lo declarativo y dogmático de antaño.

A partir de la Constitución de 1983, en El Salvador se produce la “constitucionalización” del Derecho, lo cual significa interpretar y aplicar la ley conforme a los preceptos, valores y principios constitucionales. En consecuencia, no se reduce la hermenéutica a estimar textos cerrados y rígidos en su literalidad y objetivos, sino que se enfoca en un sistema de cláusulas abiertas a la interpretación sistemática, en su sentido lato o extenso. Se trata de un ejercicio lógico de mayor profundidad, de un razonamiento armónico sujeto a la prudencia, la ponderación, la concordancia práctica y el balance entre los distintos bienes jurídicos implícitos.

Bajo ese nuevo modelo llamado Neo-constitucionalismo, el “Proceso” se concibe como una garantía jurisdiccional para la tutela de los derechos humanos y la justicia. En los tratados internacionales se establecen garantías procesales, como en la mayoría de las Constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial; en la Constitución salvadoreña son consignadas en los artículos 11, 12 y 13 Cn., dentro de ellas se incluye, además de la legalidad, el debido proceso, juez natural, presunción de inocencia, derecho a la defensa y acceso a la justicia.

Se persigue enlazar al juez con la Constitución, mediante la estricta comprensión de la norma en el contexto de los valores, principios y preceptos contenidos en el ordenamiento superior. Esta tesis, aplicada al proceso, supone la adopción de una valoración amplia de la norma procesal que sin irrespetar o violentar su texto, se destine a una concepción ajustada a los principios y fines fundamentales del Estado. Se trata de que el operador jurisdiccional conciba y aplique la ley de manera efectiva de acuerdo a las circunstancias de hecho y de derecho,  con miras a la justicia, a sabiendas de que en la actualidad prevalece el derecho sustancial sobre el procedimental.

Por supuesto, el proceso no puede desarrollarse arbitrariamente, sin apego a la ley; pero ello no se opone a que el juzgador aprecie la realidad humana para dictar sus fallos en que se fortalezca el derecho sustantivo. Por ello está en la obligación de motivar sus decisiones, expresando las razones que las  fundamentan.

En Colombia, la Corte de Constitucionalidad, en la Sentencia T-204 de 1997, invocó un apotegma: “las formalidades procesales sólo se conciben como medios para garantizar la validez y eficacia de los actos procesales en cuanto éstos tiendan a la realización de los derechos de los sujetos procesales, no como simples ritualidades insustanciales”.

Se busca constitucionalizar el Derecho Procesal mediante la legitimación sustantiva de la norma procesal. Ello impone el sometimiento del juzgador a la Ley Primaria y a métodos de interpretación de la norma, ponderando el origen, su espíritu y los valores.

En suma, el constitucionalismo dentro del Estado Social y Democrático impone una idea trascendente del Derecho Procesal, cifrada en los parámetros de justicia, igualdad, verdad, transparencia, libertad y seguridad, en forma irrefragable.

En esta visión contemporánea, la Asamblea Legislativa pierde su posición tradicional de “máximo” soberano en que se amparó dentro del positivismo. La función judicial se sujeta a una nueva orientación ligada a los principios y valores constitucionales.

En todo caso, la interpretación jurisdiccional debe respetar la supremacía constitucional del artículo 246 Cn. que reza: “Los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. El interés público tiene primacía sobre el interés privado”.

 

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