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Editorial & Opinion

Finalmente surge la verdad sobre la tregua

Jaime Ramírez Ortega / Consultor Legal y de negocios

Lunes 29, Mayo 2017 - 12:00 am

Desde que se reveló públicamente que el gobierno del FMLN, liderado en aquel entonces por Mauricio Funes, había seguido desde marzo del 2012, una negociación o pacto con las pandillas, para que éstas redujeran los homicidios a cambio de beneficios penitenciarios, todo fue negado por el mismo presidente Funes y así sucesivamente por cada uno de los funcionarios con poder de decisión sobre la tregua, no obstante sí hacían alarde de la reducción de los homicidios, incluso lo veían como el non plus ultra de una política criminal de Estado exitosa.

Tanto es así que el presidente Funes dijo, en el mes de septiembre del año 2012, ante la Asamblea General de Naciones Unidas que El Salvador está en la mira de organismos multilaterales y de otros países que observan con interés el desplome de las cifras de asesinatos producto de la tregua entre pandillas. En su discurso, sostuvo que la baja de los homicidios refleja el éxito de sus políticas de seguridad pública, ya que el promedio de homicidios era 15 a inicios de marzo 2012, cuando inicio la tregua y que, en los seis meses posteriores, se había reducido a un promedio de 5.6.

Asimismo el expresidente Funes destacó que El Salvador “era el segundo país más violento del continente americano hasta hace pocos meses”, con un promedio de “15 asesinatos por día” por el crimen y las disputas entre las pandillas. No obstante, hubo una reducción sustancial en los homicidios, adjudicando ese desplome en la tasa de homicidios a una “política de seguridad ciudadana que ha ido dando sus frutos”, así como también al reciente “pacto de no agresión entre pandillas rivales”.

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Sin embargo, no explicó los beneficios que estaban recibiendo las pandillas, para dejar delinquir, ya que varios cabecillas de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 fueron trasladados desde penales de alta seguridad a prisiones comunes. La tregua habría beneficiado a más 10 mil pandilleros que guardaban prisión en los 19 centros penales del país, pero sobre todo los que estaban guardando prisión en la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca, en La Paz.

También se les organizaban fiestas en las cárceles, que podían durar días e incluían música en vivo y prostitutas. Del mismo modo recibieron mejoras en instalaciones eléctricas, lo que les permitía hacer uso de calentadores de agua, televisores plasma, consolas de juego, celulares, uso de internet y cable.

Los pandilleros podían conectarse a sus redes sociales y habrían recibido al menos 300 celulares para contactarse con el exterior. Es decir, vivían como en un hotel con todas las comodidades, para que a sus anchas hicieran y deshicieran con la población más vulnerable, víctimas de la extorsión y de los asesinatos.

También tenían autorización los pandilleros en prisión para pedir comida rápida a domicilio, la que era introducida a los penales sin problemas.

Sus familiares tenían libre acceso a visitarlos, sin restricción del número que podría entrar y sin importar parentesco con el reo. Gozaban del mismo modo de visitas íntimas ilimitadas y se les permitía tener relaciones no solo con sus compañeras y esposas, sino con otras mujeres.

Pero lo que sí era indignante que parte de los beneficios es que los cabecillas de pandillas utilizaban vehículos de la Policía y autobuses para asistir a las reuniones con los mediadores de la tregua, según reveló el Fiscal en su momento. Y como si lo anterior fuera poco, se les permitió a los reos manejar las tiendas de los centros penales, en donde se habrían malversado $2 millones que finalmente tuvo que cancelar el Estado.

Finalmente se realizaron pagos y se facilitaron privilegios a familiares y cabecillas de pandillas, y hasta los mediadores de la denominada tregua entre pandillas, que recibían un sueldo de hasta 5 mil dólares. En consecuencia, la tregua, si bien es cierto obtuvo un buen resultado en la reducción de vidas humanas, no significa que haya sido la mejor decisión por parte del Gobierno, ya que se convirtió en cómplice de las pandillas al facilitarles una vida de lujos y acceso a los recursos para continuar con la extorsión y asesinatos, pero en ese momento con el aval del gobierno.




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