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Editorial & Opinion

Finanzas públicas son competencia constitucional

Armando Rivera Bolaños / Abogado y notario

martes 8, agosto 2017 - 12:00 am

El aspecto de las finanzas públicas pertenece al ámbito constitucional. Lo planteo como premisa esencial de la Constitución de la República, por su importancia económica y su impacto en el quehacer estatal, así como en el pago de las obligaciones contraídas, los préstamos y empréstitos adquiridos, así como otras deudas estatales que son de obligatorio cumplimiento en un plazo determinado, como las llamadas “letras del tesoro”. Desde tiempos lejanos, los legisladores advirtieron que los manejos de las finanzas públicas no pueden quedar al arbitrio del Órgano Ejecutivo, por medio de un ministro de Hacienda, o de un Gabinete Económico, porque la buena o mala administración del tesoro nacional incide positiva o negativamente en la ejecución de obras públicas, atención de la educación y la salud, garantía de la seguridad, exacto y cumplido pago de salarios y pensiones, en fin, hasta en la misma calificación crediticia del país.

El Art. 167 de la Constitución, en su ordinal tercero expresa que corresponde al Consejo de Ministros (no solo al ministro de Hacienda) “Elaborar el proyecto de ingresos y egresos y presentarlo a la Asamblea Legislativa, por lo menos tres meses antes de que se inicie el nuevo ejercicio fiscal”. Aquí ya nos encontramos con el primer control de las finanzas públicas. Y estamos en la fase primaria, cuando corresponde exclusivamente al Consejo de Ministros elaborar el proyecto del Presupuesto General de la Nación y enviarlo al conocimiento del Órgano Legislativo. Más adelante, está el Art.195, donde la Carta Magna le señala a la Corte de Cuentas de la República  importantes actividades y atribuciones relacionadas con las finanzas públicas, entre ellas: aprobar toda salida de fondos del Tesoro Público, de acuerdo con el presupuesto; intervenir en todo acto que de manera directa o indirecta afecte al Tesoro Público o al Patrimonio del Estado, y refrendar los actos y contratos relativos a la deuda pública; vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de funcionarios y empleados que administren o manejen fondos públicos y conocer de los juicios a que den lugar dichas cuentas; etcétera. Por su parte, en el Art.131 de la Constitución Ordinal 8º. encontramos la facultad concedida a la Asamblea Legislativa “Decretar el presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública, así como sus reformas”. Para aprobar dicho Presupuesto General de la Nación, la diputación deberá considerar, muy cuidadosamente, lo que indica el Art. 227 de la Constitución , cuando dice ese Presupuesto “contendrá, para cada ejercicio fiscal, la estimación de todos los ingresos que se espera percibir de conformidad con las leyes vigentes”.

Siendo, pues, parte del ámbito constitucional la elaboración, aprobación, utilización del erario, creación racional de plazas, eso nos remite, indefectiblemente, a lo que mandata la Carta Magna en su Art. 174 que literalmente expresa: “La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, etcétera”. Cuando desde un inicio se advirtió que la Ley del Presupuesto General del Estado para 2017 se había elaborado, aprobado y decretado con estimaciones poco sólidas, o sea, que se trataba de un presupuesto desfinanciado el cual, tarde o temprano, traería consecuencias funestas como impagos a deuda externa, bonos estatales, créditos de inversión pública, atrasos a salarios de empleados y pensiones, rubros  que son también de orden constitucional, varias entidades se  aprestaron a ocurrir ante la Sala de lo Constitucional a interponer demandas de inconstitucionalidad de esa ley presupuestaria, por no  ajustarse al ordenamiento de la Carta Magna y después de su respectivo análisis, los magistrados sentenciaron que había inconstitucionalidad, señalando los defectos, omisiones y errores para que los diputados los rectifiquen o reformen, incluyendo recomendaciones de ley.

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La Sala de lo Constitucional, de nuevo ha demostrado estar apegada a lo que debe corresponder en un estado constitucional y democrático de derecho. No veo ninguna intromisión, mucho menos el arrogarse funciones, en asuntos del Ejecutivo o del Legislativo. Incluso, se le debe expresar a dicha Sala un sincero reconocimiento porque sus fallos evitan que sigamos mal calificados. Dejemos de fomentar un clima de polarización, misma que, desde hace ratos, está siendo observada muy cuidadosamente por la lente de otras naciones.




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