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Fiscal cuestiona iniciativa de destruir escuchas telefónicas

Redacción DEM

viernes 5, enero 2018 - 12:00 am

El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, cuestionó la iniciativa de la diputada Cristina López, del PCN, de buscar una interpretación al artículo 23 de la Ley Especial para Intervención de las Comunicaciones.

La iniciativa, que la diputada presentó el 1 de noviembre del 2017, dice que busca la interpretación por “la falta de aplicación de la normativa” para que “regule de una manera más efectiva la aplicación y garantizar la seguridad jurídica y el derecho a la intimidad”.

Dicho artículo de la ley de escuchas telefónicas establece que una vez transcurridos seis meses de la intervención, y si la Fiscalía no presenta un requerimiento, el juez deberá ordenar la destrucción de las grabaciones y las transcripciones de este.

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“Extrañamente los abogados de (Enrique) Rais han estado alegando lo mismo en el proceso y no les ha prosperado, por lo que han acudido a esa interpretación legislativa, por medio de una diputada, para desechar las escuchas telefónicas y el proceso mismo contra Enrique Rais”, dijo el fiscal Douglas Meléndez, a Diario El Mundo.

En el proceso penal que la Fiscalía General de la República le sigue al empresario Enrique Rais, se le acusa de los delitos de cohecho activo, fraude procesal y falsedad ideológica, y sus abogados defensores han sostenido que el Ministerio Público está usando, como prueba, escuchas telefónicas “ilegales”, porque fueron usadas sin autorización judicial.

Actualmente, Rais es prófugo de la justicia salvadoreña y, según investigaciones periodísticas, huyó a Suiza, debido a que tiene esa nacionalidad.

El 13 de enero del 2017, la Cámara Primera de lo Penal, de la sección del centro de San Salvador,  ordenó revocar las medidas sustitutivas a la detención y capturarlo.

La orden también fue para que la PNC recapturara al exfiscal Luis Martínez, y los abogados del empresario Rais. Martínez se entregó.

 

Ley de escuchas

Artículo 23

 

Grabaciones destruidas de oficio

Finalizado el procedimiento de intervención, si la Fiscalía no hubiese presentado requerimiento en el plazo de seis meses, el juez autorizante, previo informe que deberá remitirse sobre esa situación, ordenará la destrucción de toda la grabación y sus transcripciones.



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