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Fiscalía excluyó entrevistas en acusación de caso Infocentros

Redacción DEM

martes 16, enero 2018 - 12:00 am

Infocentros fue un modelo de negocio que posibilitó el acceso del internet en el territorio nacional. / DEM

La Fiscalía General de la República (FGR) excluyó dos entrevistas completas y gran parte de una tercera que fue hecha a testigos del caso Infocentros  que, según la defensa del caso, son claves para aclarar que no hubo ninguna ilegalidad ni apropiación de fondos.

El Ministerio Público acusó a Nicola Angelucci, expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), y a Sigfredo Figueroa, exdirector de Infocentros, de los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, porque suscribieron siete convenios que, supuestamente, no fueron ejecutados y que con ello se habrían adueñado de $6,193,000.

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La defensa de Angelucci argumenta que la Fiscalía excluyó, a su favor, las declaraciones de Claudia Morales, quien era la gerente del servicio al cliente del BMI y principal encargada de monitorear y verificar la ejecución de los convenios.

Morales fue llamada a la fiscalía a declarar sobre el caso, pero su testimonio no fue incluido en la investigación; tampoco el de Marcela Carrillo, quien era la gerente de proyectos especiales del Ministerio de Educación (Mined).


La Fiscalía solo utilizó una parte de la entrevista que le hizo a Carlos Urias, quien era el responsable del convenio con el Mined y director nacional de tecnologías educativas, y quien señaló a los fiscales que las bases de datos de los capacitados eran propiedad de Educación  y que no recuerda ninguna queja sobre el proyecto Infocentros.

Por su parte, el expresidente del BMI sostiene que el caso fue fabricado por la administración del exfiscal Luis Martínez y heredada a la actual administración de Douglas Meléndez. “La acusación es una aberración jurídica. No tiene lógica jurídica ni sustento probatorio porque no existe delito”, dice.

Añade que la Fiscalía tiene un doble discurso porque a los medios ha dicho que existe un faltante de $6 millones, pero que la acusación que presentaron al Juzgado Cuarto de Paz solo plantea la legalidad de los convenios. “Confío en que el juez se tomará el tiempo de leer el caso y se dé cuenta de lo vacía e incongruente que es la acusación”, señaló Angelucci.

Hoy, a las 9:00 a.m., el Juzgado Cuarto de Instrucción tiene programado instalar la audiencia preliminar en contra de los dos imputados; ahí, el juez decidirá si el caso pasa a juicio o podría absolverlos definitivamente.

Las investigaciones iniciaron en 2012, tras una denuncia que la Fiscalía recibió de Casa Presidencial sobre unas erogaciones que realizó el BMI para varios proyectos, de los cuales supuestamente no había evidencia física de haberse ejecutado, de parte de Infocentros.

Las autoridades capturaron a Angelucci y a Figueroa, el pasado 21 de septiembre de 2016, por los supuestos delitos de peculado y negociaciones ilícitas.Pasaron siete días en la cárcel y tras la audiencia inicial, fueron puestos en libertad bajo fianza.

 

Mined dijo servicios sí se brindaron

Una nota del ministro de Educación, Carlos Canjura, al entonces jefe de la Unidad Anticorrupción, Andrés Amaya, señala que los servicios plasmados en el Convenios de Cooperación entre Hacienda y Educación donde participaba Infocentrosl, sí fueron brindados y que las bases de datos son propiedad del Ministerio de Educación. Canjura explica que el convenio propició la certificación de “Grado Digital”.




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