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Economía

Fondo solidario de pensiones nacerá con déficit

Maryelos Cea

lunes 20, noviembre 2017 - 12:03 am

Un estudio actuarial ordenado por el Gobierno advierte que la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) -uno de los cambios más importantes introducidos por la reforma de pensiones- no recibirá los suficientes aportes para cubrir los compromisos que debe pagar, como pensiones públicas, mínimas y otros beneficios.

El Ministerio de Hacienda contrató al actuario Eduardo Melinsky para evaluar los efectos del decreto legislativo 787, que contiene las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), vigentes desde el 6 de noviembre.

El informe preliminar, disponible en el portal de Hacienda, concluye que los compromisos a cargo de la CGS “son superiores a sus aportes desde el inicio del sistema”, es decir, nació con déficit. Por ello, añade el documento, será necesaria “la utilización del presupuesto nacional y financiamiento mediante CIP (Certificados de Inversión Previsional)”.

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La CGS es un fondo que coexiste con las cuentas individuales de los trabajadores en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Se financia con los aportes mensuales de los cotizantes a las AFP, así como de un grupo de pensionados. Los aportes que reciba la CGS se utilizarán para pagar obligaciones como beneficio de longevidad, pensiones mínimas, pensiones públicas, apoyos económicos para quienes no cumplan los 25 años de cotizaciones que exige la ley para jubilarse, entre otros.

 


Las estimaciones

El informe de Melinsky indica que al cierre de 2018, la CGS enfrentaría un déficit de $28.65 millones. El actuario estima que la cuenta solidaria recibiría más de $289.87 millones en aportes durante el próximo año, pero los compromisos alcanzarían $318.52 millones.

El déficit de la CGS experimentaría aumentos y descensos entre 2019 y 2030. En ese último año, la brecha por financiar superaría $271.10 millones. Desde 2031 se registrarían reducciones consecutivas que llevarían el déficit a $217.68 millones en 2037.

En 2038 subiría a $263.44 millones y luego bajaría a $261.88 millones en 2039. Pero a partir de ese año los aumentos serían constantes y en 2050 los compromisos sin cubrir llegarían a $769.18 millones.

Dado que los compromisos que tiene la CGS son superiores a los aportes que recibirá,  será necesaria “la utilización del Presupuesto Nacional y financiamiento mediante CIP”, advierte el informe preliminar de Melinsky.

La presión de los CIP

Los CIP son instrumentos de deuda pública que emite el Estado a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). La ley del SAP obliga a las AFP a comprar estos títulos con los ahorros de sus cotizantes.

Hay dos tipos de CIP y cada uno financia compromisos distintos. Los CIP de la Serie A pagan las pensiones de quienes se quedaron en el Sistema Público de Pensiones (SPP), es decir, las del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP).

Los CIP B pagan los Certificados de Traspaso (CT) y los Certificados de Traspaso Complementario (CTC) que se entregan a los optados. Estas son las personas que con la reforma de 1998 tenían la alternativa de seguir en el SPP pero decidieron migrar a una AFP.

Con los CT y CTC, los optados reciben beneficios como si se hubieran quedado en el SPP. Los CIP B también financian las pensiones mínimas que el Estado otorga a los optados cuando se agotan los ahorros que acumularon en la AFP.

El pago del servicio de deuda de los CIP representa una presión fiscal importante para el Gobierno.

El impago que se enfrentó en abril y el que estuvo a punto de ocurrir en octubre estaba relacionado a la imposibilidad de hacerle frente a estas obligaciones.

Para evitar un nuevo evento de crédito (impago) y reducir el efecto de estos instrumentos en las finanzas públicas, se reestructuró una deuda en CIP superior a los $5,000 millones como parte de la reforma previsional.

Cuando se acordó la creación de la CGS se esperaba que la emisión de CIP se redujera porque los aportes de trabajadores y pensionados contribuirían a pagar las pensiones públicas, los CT y los CTC. También se espera una reducción en el costo de las pensiones mínimas para los optados, pues se estableció que no deberán superar $2,000.

El Gobierno encargó al actuario argentino, Eduardo Melinsky – considerado una autoridad en temas previsionales -, una evaluación de los efectos de la reforma previsional.




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