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Editorial & Opinion

Funciones relevantes del poder judicial en Centroamérica

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: José Luis Lovo Castelar

viernes 9, febrero 2018 - 12:00 am

Domina desde siempre la concepción de Locke y Montesquieu del Poder Judicial como uno de los tres poderes soberanos del Estado, el cual se ha regulado en las Constituciones de los países de la región como órgano primario, que se ha dividido por motivos funcionales en Salas, tradicionalmente en materias civil, penal y de amparos, que en los desarrollos contemporáneos se han sustituido por Salas o Cortes de lo Constitucional.

El diseño institucional del Poder Judicial en los países centroamericanos parte de una Corte Suprema de Justicia, que se complementa con un conjunto de tribunales de primera y segunda instancia, juzgados y cámaras.

Dentro de las funciones jurisdiccionales del máximo tribunal, la Corte Suprema, priman: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; organizar y dirigir al Poder Judicial; conocer casaciones y resolver conflictos de competencias.

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Las Salas de lo Constitucional tienen la posibilidad de resolver amparos, habeas corpus e inconstitucionalidades, llegando a juzgar fallos pronunciados por las otras Salas.

Las Salas de lo Constitucional vienen a ser instrumentos con poder decisivo en el equilibrio de los tres poderes: disponen de mecanismos de defensa de la Constitución, incluyendo los tres tradicionales recursos citados. Además dirimen conflictos surgidos entre los otros poderes, como ocurre con el veto del Ejecutivo.


En suma, las Salas y la Corte Constitucional, en el enfoque positivo, son organismos técnicos especializados con funciones en la resolución de los conflictos de su competencia y en la eventual proyección normativa de la Constitución; constituyen un avance importante en la democracia política regional y en la construcción del Estado democrático de Derecho.

En cambio, hay afectación negativa en la administración de justicia cuando se debilitan los mecanismos jurisdiccionales de defensa de la Carta Magna, uno de ellos es el caso de la inaplicabilidad de las leyes por los jueces en el sistema de control difuso. También se produce este menoscabo cuando se mantiene procedimientos constitucionales engorrosos.

En resumen, la experiencia regional en lo que concierne a diseños y funciones relevantes del Poder Judicial se destaca en la estructuración de Cortes o Salas en materia constitucional, cuya función primordial es la defensa de la constitucionalidad, con ostensibles fortalezas y debilidades que enfrentar.

Los textos constitucionales de los cinco países, decretan la separación de Poderes como base del sistema político. Si bien, el régimen presidencialista ha mantenido preeminencia histórica, al grado de disponer de supremacía política, lo que ha afectado la independencia del Poder Judicial y hasta su imparcialidad en los juzgamientos.

En el contexto actual, hay un esfuerzo por mediatizar el presidencialismo; asimismo hay iniciativas que elogian al sistema parlamentario.

Dentro de las medidas orgánicas para la independencia judicial y para limitar las influencias del Órgano Ejecutivo, se destaca nuevas formas de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuya implementación es positiva pero siempre calificadas de insuficientes.

Se ha avanzado asimismo con la fijación de porcentajes de dotación financiera presupuestaria mínima al Órgano Judicial, que le permiten un funcionamiento autónomo y un incremento en la eficiencia.

Es conveniente que en los textos constitucionales se proclame la independencia judicial y la obligación de imparcialidad, hasta llegar a prohibir vinculaciones de los jueces con líneas políticas partidistas.

Se refuerza el ideal del papel imparcial del juez, al asegurarle  mecanismos de control y evaluación en el ámbito de la propia Corte Suprema de Justicia, en los consejos de la judicatura, en los institutos de probidad y en las instancias gremiales de control ético, que son frenos para las decisiones incorrectas de los jueces.

La independencia y la imparcialidad del juez se ven afectadas por los intereses en pugna entre los partidos políticos, que procuran nombramientos de magistrados que guarden afinidad con sus líneas ideológicas. Se ha llegado a afirmar que los partidos políticos “secuestran” los sistemas judiciales y que es imprescindible la depuración de jueces contaminados o corruptos.

En resumen, las garantías orgánicas efectivas para la independencia son: imparcialidad en los nombramientos de magistrados; medios democráticos y técnicos de selección; el adecuado funcionamiento de la carrera judicial; la formación y capacitación en escuelas judiciales; y la fijación de porcentajes presupuestarios mínimos a nivel constitucional para el Órgano Judicial.




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