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Gobierno dice respeta leyes nacionales y tratados internacionales en caso de exmilitares

Redacción DEM

Lunes 8, Febrero 2016 - 5:54 pm

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Cortesía / CAPRES

 

 

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El Gobierno salvadoreño rechazó este lunes que con las detenciones de cuatro militares el viernes pasado, y que son reclamados por un juez español acusados de la muerte de seis sacerdotes jesuitas, se esté violando las leyes nacionales y contrario a las opiniones vertidas por políticos y familiares de los detenidos, señala que el “Gobierno es absolutamente respetuoso de las leyes nacionales y tratados internacionales, así como del sistema de justicia y sus procedimientos”.

A través de un comunicado el Gobierno reafirmó que continúa su apego al cumplimiento de los principios establecidos en los Acuerdos de Paz, “que abrieron el camino para la justicia, la reparación, el perdón y la reconciliación”, pero deja claro que “la PNC dio cumplimiento a la notificación roja en contra de los procesados, contando con las órdenes de allanamiento giradas por autoridad judicial para ingresar a sus residencias” y que “se detuvo a cuatro de las personas requeridas, en total apego a la ley y respetando plenamente sus derechos fundamentales”.

En cuanto a los cuestionamientos sobre que el Órgano Judicial ya habían advertido que no se podía detener a los acusados sino localizarlos cumpliendo con la difusión roja de la INTERPOL, el mensaje del Gobierno aclara que esta medida se habría corregido por la Corte en agosto de 2015.

En ese momento la CSJ calificó como “inaceptable” el precedente establecido en 2011, en donde el Pleno resolvió que la notificación roja de la INTERPOL “es un mecanismo eminentemente de búsqueda y localización policial de fugitivos, más no de captura de los mismos ni equivale a una solicitud de detención provisional con fines de extradición”.

En 2015 el Pleno aseguró que esa pasada resolución “desnaturaliza las atribuciones de Corte Plena y de INTERPOL, así como tergiversa la utilización de una herramienta de cooperación policial internacional creada con fines específicos”, con lo cual, la notificación roja no se limita a una simple orden de localización, sino que implica la captura del procesado.

El Gobierno recalca que “los procesados han sido puestos a la orden de las autoridades judiciales”, y que son estas las que decidirán sobre la libertad o la extradición de los exmilitares.

 




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