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Gobierno suprimiría las pensiones del decreto 100

lunes 7, marzo 2016 - 12:02 am

PENSIONES

El proyecto de reforma al sistema de pensiones presentado por el Gobierno plantea la derogatoria de las pensiones vitalicias otorgadas a un grupo de más de 125,000 personas, y avaladas en el decreto 100 que se aprobó en el año 2006, según lo planteado por el artículo 79 del proyecto de reforma, el cual deroga el artículo 184-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP).

No obstante, el artículo efectúa tres aclaraciones: quienes ya perciben el beneficio (9,154 jubilados a septiembre de 2015, según datos oficiales) seguirán recibiéndolo con normalidad; por su parte, aquellos que ya cumplan con los requisitos de edad de jubilación (55 años las mujeres y 60 años, los hombres) así como los 25 años de cotizaciones, deberán reclamar el beneficio en un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia del proyecto.

En este segundo grupo se estima que hay 1,678 personas que se suman a 24,486 que si bien han cumplido la edad de jubilación, no acumulan 25 años de cotizaciones y no tendrán una pensión, sino una devolución de saldo.

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Finalmente, el artículo plantea que aquellas personas que aún no alcanzan los requisitos de ley (17,983 personas que los cumplirán y 72,183 que no lo lograrán), no podrán reclamar este derecho, una vez avalada la reforma.

La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) recordó que este grupo de personas, conocidas como “los optados” son aquellos nacidos antes del 15 de abril de 1962, quienes al momento de la reforma de pensiones de 1998 se encontraban cotizando ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) o al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), pero que decidieron trasladarse hacia una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

“Con el decreto 100 tienen una pensión garantizada igual a la del ISSS y del INPEP, en el caso de ellos como el decreto se deroga, implica una reducción no menor del 30 % en su pensión”, explicó a Diario El Mundo el director ejecutivo de Asafondos, René Novellino.

Según estimaciones de la gremial, con la derogatoria del decreto 100, las personas que no podrán reclamar este derecho tendrán una pensión entre un 30 a 37 % menor, pues deberán acogerse a las condiciones “normales” de un cotizante a las AFP, es decir, recibirán una pensión solo con base al saldo de su cuenta de ahorro.

IMPACTOS

Consultados sobre los impactos de esta medida, la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) coincidieron con Asafondos en que se reducirá la tasa de reemplazo de la población optada, es decir, el porcentaje de su último salario que les será otorgada como pensión al final de su vida laboral.

“Esto es como un golpe de gracia para los ahorrantes, porque los ahorrantes ya perdieron $1,400 millones que le han subsidiado al Estado con la tasa de interés baja y ahora se les va a bajar el beneficio”, indicó el director del Departamento de Estudios Económicos de Fusades, Álvaro Trigueros.

Según el experto, existen al menos 9,000 mujeres y 61,000 hombres que aún no se han jubilado y que serían afectados.

En opinión del investigador de Funde, Rommel Rodríguez, la medida impactaría más a las obligaciones que el Estado tiene con las más de 19,000 personas que tienen derecho a pensión vitalicia y que no lo han reclamado. Según valúos oficiales a 2013, para pagar a esta porción de población se requiere $2,700 millones.

Para Rodríguez, es importante que la propuesta planteada por el Gobierno en su proyecto se transparente con la población que resultaría afectada con esta medida.

“El Gobierno debe ser claro con su mensaje a este grupo de la población, obviamente esto le va a generar dificultades, pero si lo está considerando en la propuesta de reforma al sistema de pensiones, lo tiene que decir”, indicó.

Asimismo, el asesor macroeconómico de Funde, Carlos Pérez, explicó que según las últimas estimaciones, se requieren unos $5,000 millones para hacer frente a los compromisos derivados del decreto 100. Las valuaciones a 2013 del Gobierno dan cuenta que en total, los compromisos ascienden a $6,348 millones, que incluyen a quienes ya reciben el beneficio y a aquellos que aún no cumplen los requisitos.

“Si hacemos una partición de los que ya están pensionados podría haber un ahorro de $3,500 millones que no pagaría el Gobierno, es un impacto significativo aunque en el cálculo final del déficit previsional, no se ve el impacto porque el nuevo sistema nace con déficit. Estas personas se verían fuertemente afectadas”, aseveró Pérez.

¿QUÉ DICE LA REFORMA Y CÓMO AFECTARÁ?

Derogatoria

El artículo 79 del proyecto establece tres puntos: Las personas que gozan de los beneficios del artículo 184-A de la ley SAP (el cual se refiere a lo avalado por el decreto 100 en el año 2006) seguirán contando con ellos. En segundo lugar, quienes cumplan con requisitos de edad de jubilación y años trabajados deben exigir el beneficio en un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la reforma. Por último, quienes no cumplan los requisitos ya no podrán exigir el beneficio.

Afectados

En el grupo conocido como “optados”, que son aquellos que cotizaban en 1998 al ISSS o INPEP y se trasladaron a una AFP, están las mujeres nacidas después del 15 de abril de 1948 y antes del 15 de abril de 1962 y los hombres nacidos después del 15 de abril de 1943 y antes de la misma fecha de 1962. Aquellos que hasta el 23 de septiembre de 2006 no cumplían requisitos para pensionarse fueron acogidos al decreto 100, mediante el cual se les prometió una pensión alta y vitalicia.

Situación

Según valuaciones hechas hasta 2013, en el grupo de optados hay un total de 125,484 personas. De ellas, 9,154 ya reclamaron los beneficios de este decreto y el Gobierno debe destinar $635.6 millones para asegurarles lo que se les prometió en 2006. Además, hay 116,330 personas que aún no reclaman el beneficio, pero de todos ellos, solo 19,661 personas cumplirán la edad de jubilación y los años de cotización requeridos para gozar de una pensión de vejez, según datos oficiales.

Menos pensión

Derogar el decreto 100 se traduce en pensiones más bajas para estas personas. Gracias a ese beneficio, al jubilarse reciben una pensión equivalente al 70 % de su último salario y sin él, ese porcentaje podría bajar a un 30 o 35 %. Sumado a ello, Carlos Pérez de Funde recordó que si estas personas tienen un salario inferior a $504, sus ahorros serán trasladados al sistema de reparto que propone la reforma y serán sujetos de una pensión mínima que por hoy es de $207.

$635 Millones

Con datos a 2013, el Gobierno estima que ya paga $635.6 millones a optados que hicieron uso del llamado decreto 100.

116 Mil

Hasta septiembre de 2015 había 116,330 optados que aún no habían reclamado los beneficios derivados del decreto 100.

 



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