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OPINION

El Salvador sufre crisis en muchos sentidos, pero en las últimas semanas se ha descubierto que las pandillas han penetrado instituciones de poder y mando, que realmente son un verdadero atentado contra la esencia del Estado, y más delicado aún, contra la seguridad de las personas.

Nos referimos a la influencia que las pandillas han logrado penetrar en las municipalidades, de las cuales se ha demostrado evidencia en las alcaldías de Apopa –donde el propio alcalde guarda prisión- y en la de Zacatecoluca, en la cual se afirma que la policía municipal, o sea el CAM, recibía órdenes del propio centro penal de esa ciudad, la cual se conoce como Zacatraz.

Nos asusta solo el hecho de suponer que del centro de detención “más seguro” del país, salgan no solo comunicaciones al exterior, sino órdenes para las autoridades municipales, a efecto de que provean de quién sabe qué cosas a los pandilleros que asedian a los vendedores de los mercados y más. Más grave aún es la escapada del jefe del CAM, que aparentemente fue avisado del operativo, a tiempo para que tomara las de Villadiego y pusiera piés en polvorosa, evitando así su captura. Si los habitantes de ese municipio han puesto el grito en el cielo por el grado tan elevado que ha cobrado la criminalidad, las autoridades de seguridad deberán analizar a conciencia qué es lo que ocurre en el país, y qué se puede hacer para solucionar el problema.

También es de imaginarse lo que podrá estar ocurriendo en otras municipalidades donde el vínculo con organizaciones fuera de la ley parece ser muy discutido, al  escucharse a “sotto vocce” que las tales gozan de privilegios que nadie se explica cómo pueden suceder. Sumémole a lo anterior el hecho de que los jueces, por timidez o por temor, sueltan a los de mayor alto rango, con medidas sustitutivas y dejan en las bartolinas a los de menor importancia, cuando la lógica y la ley  recomienda igualdad. “Todos los hombres son iguales ante la ley”, dicta la Constitución.

Es entonces muy preocupante el actuar de las autoridades municipales, que por iniciativa propia, o siguiendo un plan premeditado -como aseguran  quienes han analizado la conocida tregua de las pandillas- han prácticamente demostrado que todo esto viene de las mas altas autoridades del país.

Es preocupante, además, el último plan del presidente Sánchez, de financiar a quienes ni estudian ni trabajan porque, al opinar de muchos consultados, la medida puede resultar otro fracaso mayúsculo, porque para que el plan funciones deberá tener un grado enorme de concientización de parte de quienes reciben el beneficio, y tener garantías de que lo recibido será invertido en positivo. Nuestro país está llegando –si acaso no ha llegado ya- a un punto en el cual se hace difícil el retorno.

A estas alturas del desarrollo, las disyuntivas del país son más y más preocupantes, porque una mala decisión nos puede arrastrar a un abismo del que ya no será posible regresar. La corrupción y las organizaciones criminales están tomando el poder real e invitando con ello a que la población se entusiasme a vivir la vida fácil, y se incorpore al esquema de la vida irresponsable. Se conoce de familias que han llegado a la tercera generación (padres, hijos y nietos) que viven bajo el esquema de la vida fácil, apartando toda la cultura de las normas tradicionales de la convivencia pacífica, optando por confirmar aquel adagio “El hombre es lobo del hombre”. Lo anterior, llevado al extremo, establecerá que unos trabajan y otros viven del trabajo de los otros.

Comprendamos que tenemos funcionarios –de ambas ideologías predominantes en la política de El Salvador- que son honrados y actúan de buena fe, pero lamentablemente existen otros (esperamos no sean la mayoría) que ejercen el poder que les da un cargo, para buscar su propio  interés y beneficio. Toda persona que ejerza cargo de autoridad está obligada a actuar con honestidad y responsabilidad. Posiblemente pequemos de ingenuos, pero sí creemos que podemos corregir el rumbo del país.

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