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Editorial & Opinion

Grupos de fachada, campaña negativa y financiamiento irregular

Eduardo A. Cuéllar Navidad. / Experto en Derecho Electoral.

Lunes 24, Abril 2017 - 12:00 am

Conforme a su calendario electoral, El Salvador está una vez más en año preelectoral, situación que se repetirá en 2018, y que como una de sus consecuencias no deseadas envuelve a la ciudadanía en la campaña adelantada y propaganda negativa. La primera se manifiesta cuando partidos y candidatos o precandidatos comienzan a promocionarse con fines electorales, transitando desde lo sutil hasta lo evidente, actividad en la que incluso llegan a participar abiertamente algunos medios de comunicación. Usted lector sabrá si lo expuesto es o no una coincidencia con la realidad. Por otro lado, la campaña negativa ha sido definida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como aquella en la que se busca afectar la imagen de un partido o candidato, con el fin último de reducir su caudal de votos o evitar que este crezca.

Son varios los procedimientos sancionadores que el TSE ha tramitado por campaña negativa en los últimos procesos electorales, siendo interesante que una parte no fueron dirigidos contra partidos ni candidatos, sino contra “grupos de fachada”, herramienta utilizada por los primeros para eludir su responsabilidad. El modus operandi, apreciable en las resoluciones de acceso público, consiste en pautar en radio, prensa o televisión publicaciones firmadas por una “fundación”, “asociación” o “colectivo” sin registro ante las autoridades correspondientes. Estas publicaciones resultan ser pagadas por personas naturales o sociedades mercantiles, quienes terminan “sacrificándose” al resultar multadas por el TSE.

Otra faceta de estos grupos, probablemente mucho más grave que las campañas negativas –de por sí bastante despreciables porque no contribuyen en nada con la democracia y la educación cívica– es el financiamiento irregular. Por información que ha sido vertida en los medios hemos conocido que “institutos” o “asociaciones” inexistentes terminan haciendo donaciones millonarias a partidos políticos, situación inaceptable en una sociedad democrática con un sinnúmero de instituciones contraloras, surgiendo preguntas lógicas: ¿cómo una entidad “inexistente” pudo introducir al país semejantes sumas de dinero?, ¿cómo las hizo ingresar al sistema financiero? y sobre todo, ¿cómo podría justificar tales ingresos y cuál es su origen?

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Una de las dificultades que el control, tanto de la propaganda como del financiamiento, encuentra es su regulación legal. En el primer caso es una normativa cuyo ADN se remonta a los años ochenta del siglo pasado o probablemente más atrás, con una técnica deficiente y que desde ningún punto de vista responde a la realidad actual. El Código Electoral de 2013 es solo un “refrito” de leyes previas, baste mencionar que en su texto el Internet no existe o que sus tipos sancionatorios son tan ambiguos que resulta complejo buscar la adecuación de hechos evidentemente ilícitos.

Por el lado del financiamiento ocurre algo similar, con la diferencia de que se trata de normativa mucho más actual, incorporada en la Ley de Partidos Políticos, pero que no ha desarrollado los mecanismos para identificar de manera sistemática y ordenada esos flujos indebidos de capital y, sobre todo, sancionarlos de manera adecuada, pues el régimen sancionatorio de esta ley es demasiado vago, al punto de rozar la impunidad.


Es importante señalar que la lucha contra este tipo de actividades irregulares no puede recaer únicamente en el TSE, especialmente por lo complejo de tales movimientos, volviéndose  indispensable la participación de autoridades como el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Gobernación, Superintendencia del Sistema Financiero, Corte de Cuentas de la República y Fiscalía General de la República; cada una dentro de sus competencias y en una gestión coordinada, ya que de lo contrario sería improductivo, como lo ha sido hasta la fecha.

Como ha quedado dicho, el primer paso para el control de estas actividades corresponde a la Asamblea Legislativa que debe actualizar la regulación de estos ámbitos. Asimismo, prácticamente iniciado el proceso electoral 2018 y probablemente el 2019 –por lo menos a nivel de promoción de imagen–, habrá que poner atención al surgimiento de estos “grupos de fachada” o a su retorno, pues algunos vuelven con cada elección, observar su comportamiento con relación a la campaña electoral anticipada y negativa, y especialmente en cuanto al financiamiento irregular a partidos, precandidatos y candidatos. Finalmente, el actor más importante será la ciudadanía que, bien o mal, cuenta con mecanismos de denuncia que deberá de una vez animarse a utilizar.




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