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OPINIONEs totalmente irresponsable la iniciativa de los Ministerios de Salud, Agricultura y Medio Ambiente relacionada con la prohibición de 53 plaguicidas. La propuesta carece de fundamentos técnicos y científicos, además de que es obvio que las autoridades desconocen acerca de las buenas prácticas y la productividad en el sector agrícola salvadoreño. Pero más importante aún, las autoridades de los Ministerios en mención parecen no escuchar los importantes insumos de los gremios agrícolas y de los representantes de los pequeños y medianos productores.

Para comenzar, debe tenerse claro el concepto de agroquímico: Una sustancia química o extracto de plantas utilizados en sistemas de producción agrícola para mantener la fertilidad del suelo (abono o fertilizante), controlar malezas (herbicida), combatir plagas (insecticidas, fungicidas, nematicidas, rodenticidas, etc.) o estimular crecimiento del cultivo.

Las intoxicaciones de las cuales menciona el Ministerio de Salud se deben realmente al mal uso de los agroquímicos, lo cual se supera con capacitación adecuada e inversiones en salud y seguridad ocupacional. Está claro que las discusiones deberían centrarse en este elemento clave y otras buenas prácticas en el ámbito de la agricultura sostenible. Un buen insumo para estas discusiones puede ser el enfoque de algunos estándares de certificación de fincas como la Norma de la Red de Agricultura Sostenible-Rainforest Alliance (RAS-RA), que prohíbe el uso de varios agroquímicos pero que también permite el uso de algunos productos de baja toxicidad. De hecho, muchos de los 53 productos que se quieren eliminar de tajo son permisibles por la Norma RAS-RA.

Interesantemente, y para conocimiento de las autoridades de los Ministerios y los Diputados que están detrás de esta iniciativa, uno de los 10 Principios de la Norma RAS-RA trata directamente el tema de Salud y Seguridad Ocupacional.  De acuerdo a la Norma, el Principio se resume así: “Todas las fincas certificadas cuentan con un programa de salud y seguridad ocupacional para reducir o prevenir los riesgos de accidentes en sus sitios de trabajo. Todos los trabajadores reciben capacitación acerca de la forma en que deben realizar sus labores de manera segura, especialmente en la aplicación de agroquímicos. Las fincas certificadas proveen el equipo necesario para proteger a los trabajadores y garantizan que las herramientas, la infraestructura, la maquinaria y todo el equipo utilizado en las fincas se encuentra en buen estado y no representa un peligro para la salud humana o el medio ambiente. Se toman medidas en las fincas para evitar los efectos de los agroquímicos en los trabajadores, vecinos y visitas. Las fincas certificadas identifican las emergencias potenciales y están provistas de planes y equipo para responder a cualquier evento o incidente y reducir al mínimo los posibles impactos sobre los trabajadores y el ambiente.”

El Principio en mención cuenta con 20 criterios que sirven como guía para que lo resumido arriba se cumpla adecuadamente en las fincas que optan por la certificación. Si el Gobierno incentivara las buenas prácticas agrícolas e impulsara programas de certificación como el que promueve la Red de Agricultura Sostenible-Rainforest Alliance, el sector agrícola salvadoreño fuese muy diferente y más importante aún, hubiese menos muertes en el campo por el mal uso de los productos.

Una decisión que prohíba el uso de agroquímicos sin medir las consecuencias en la productividad y competitividad del sector sería nefasta para El Salvador. Por consiguiente, es muy prudente y recomendable que las autoridades de las carteras de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, así como los Diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, escuchen pronto a los expertos en buenas prácticas agrícolas que están detrás de esta Norma, la cual tiene más de dos décadas de estarse impulsando. Para los interesados en conocer la Norma RAS-RA, pueden accederla acá: http://san.ag/web/es/.

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