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OPINION

Debido a la presión de la admisión de la demanda de inconstitucionalidad contra la falta de elección no justificada de la cúpula del Consejo Nacional de la Judicatura desde el 22 de septiembre de 2015, es que los ilustres diputados decidieron hacer la plana durante esta semana, con enmendaduras, ya que la elección de magistrados al CNJ no representa la pluralidad de pensamiento jurídico, sino que, muy al contrario, se ve que algunos de los elegidos tienen vínculos partidarios, lo cual vendría nuevamente a  soslayar la forma de elección.

No obstante, ha quedado en evidencia la flagrante violación por parte de la Asamblea Legislativa al principio de pronta y cumplida justicia, dado que el CNJ no pudo ejecutar sus funciones durante mucho tiempo. De modo que no tiene ningún argumento jurídico que justifique su ineficiencia, ya que los artículos 131 ord. 19º y 187 inciso 3º de la Constitución establecen con claridad que le corresponde a la Asamblea Legislativa elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.

De tal forma que la Asamblea Legislativa (los 84 diputados), se ha convertido en una institución displicente, calculadora, negociadora de intereses partidarios en una búsqueda constante de mantener el estatus quo que le permita hacer uso del poder político a través de las elecciones de los funcionarios de segundo grado, para tomar control de aquellas instituciones donde se administra justicia, a fin de que no salgan a flote algunos abusos de los recursos públicos, menos que sean procesados sus correligionarios por tal situación.

Es decir, que una democracia fuerte y robusta no se consolida por intereses mezquinos y partidarios, sino por los intereses nacionales representados en las grandes mayorías; intereses nacionales que no han sido digeridos aún por la clase política salvadoreña, dado que quiere continuar con las componendas y los compadrazgos,   eligiendo a los funcionarios que son afines a su ideología o lo más cercano. No obstante, la falta de elección tiene incidencia en la futura selección de los nuevos integrantes de la Sala de lo Constitucional que se hará en el 2018.

En consecuencia, la Asamblea Legislativa no desea volverse a equivocar en la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional, ya que le ha costado muy caro a la partidocracia soportar a la Sala actual, que los ha mandado en reiteradas ocasiones a respetar la Constitución, los plazos; les ha pedido que prueben el fundamento de honradez notoria y capacidad en las elecciones de segundo grado; no les ha permitido que pongan a sus correligionarios a dirigir instituciones donde se administra justicia, ya que esos compadrazgos han allanado el camino durante décadas para enterrar la corrupción y los abusos de los recursos públicos;   dicho de otra manera, sin la Sala actual no habría ningún respeto a la norma constitucional, ni tampoco se estaría investigando la corrupción de los Gobiernos de ARENA y del FMLN,   por medio de la sección de probidad. Evidentemente, hace 25 años todo era pura vida en la clase política, ya que algunos funcionarios tenían pase libre para poder hacer uso discrecional de los recursos públicos.

En la actualidad hay investigaciones abiertas a más de 60 funcionarios y exfuncionarios por posible enriquecimiento ilícito, de manera que cuando las instituciones que administran justicia trabajan por el respeto a la Constitución y sin línea partidaria, los malos políticos que una vez estuvieron en el poder y lo ocuparon para perseguir a sus adversarios, ahora lo llaman persecución política.

Pero cómo se le puede llamar persecución política a las riquezas que han adquirido algunos exfuncionarios que a todas luces no pueden justificar; además, cómo pueden sostener un estilo de vida extravagante en mansiones que ni en sus sueños podían adquirir con los ingresos que tuvieron. Dicho de otra manera: ¿cómo pueden pagar el alquiler de esas mansiones que rondan los $12,000 mensuales? Peor aún, no solo pagaron las múltiples deudas, sino que lograron ahorrar. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

“Todo ello se llama corrupción, no persecución política”.

 

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