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OPINIONLos acontecimientos desarrollados en El Salvador la semana que recién pasó, denotan una crisis de valores sin precedentes. Altas autoridades del régimen pasado han sido puestas en entredicho en cuanto a actos de controvertida moral, y cuestionados por acciones si acaso no comprobadas como delictivas aún (todos los habitantes son inocentes mientras no sean condenados en el debido proceso) pero si que han establecido indicios ciertamente muy comprometedores que les acusan de graves señalamientos contra las leyes y conductas que aparejan violaciones graves a éstas.

Nos referiremos -por ahora- únicamente a las que han escandalizado a la sociedad salvadoreña. De alguna manera, el Fiscal General de la República ha tomado la iniciativa –como debe ser- para investigar los señalamientos que los ciudadanos se hacían desde hace largo tiempo de que el titular de la presidencia anterior, demostraba conductas prepotentes que insinuaban que los dineros del estado, sufrían poco control de parte de quienes debían guardarlos y cuidarlos con celo, para salvaguardarlos de la ambición de cualquier ciudadano o funcionario.

El Ministerio de Hacienda, quien suponemos debe llevar control sobre los gastos oficiales de los funcionarios, es el primer responsable de que esos gastos se enmarquen dentro de lo razonable, lo justo y lo conveniente a los salvadoreños. A sabiendas de ello y que de todo el mundo era sabido el nivel económico que tenía el ahora  investigado ex presidente, y debido a los allanamientos en su vivienda y oficinas vinculadas a sus cercanos –llámense amigos y colaboradores- así como a los reportajes de periodistas investigativos, y fotografías muy explícitas tomadas incluso en el extranjero, en lugares de derroche y de costos exuberantes, se demostró que los gastos del ex presidente no concordaban con lo que debería reflejar un equitativo gasto correspondiente a los ingresos reales de la categoría de funcionario que representaba.

Explicable, aunque no justificable, que nadie  del equipo de gobierno acusaría a su jefe por el despilfarro en sus gastos, para no sufrir un despido,  como se demostró casi al final del periodo presidencial, cuando destituyo a un superintendente   y a un presidente de una entidad autónoma, quienes prefirieron ser destituidos a realizar acciones comprometidas con la ley, por órdenes del caprichoso jefe.

El otro caso, que en lo personal por mi calidad de abogado me ofende mas (el grado cultural del expresidente era de bachiller) es lo ocurrido en la Fiscalía, donde la mas alta autoridad estaba involucrado en la fabricación de pruebas, para tergiversar la verdad jurídica, a favor de una de las partes.

Esto nos parece inaceptable desde todo punto de vista, con el agravante de que como resultado de tan deleznable maniobra, se encuentran detenidas algunas personas. Ycomo corolario, de lo anterior han resultado vinculados algún o algunos jueces, funcionarios que mantienen en sus manos, la elemental justicia, sagrado valor que permite al conglomerado social vivir en paz con sus semejantes.

De ahi ahí la población debe apoyar al Fiscal General en su delicado y peligroso proceder, en beneficio de todos. El campanazo del señor Fiscal debe resonar en los oídos de todos, pueblo y gobierno, porque como dice un slogan utilizado por los partidos de izquierda en las campañas electorales: Solo el pueblo salva al pueblo.

El actual gobierno –de izquierda- tiene la oportunidad ahora de demostrar que si recoge los valores elementales que la sociedad necesita para su sobrevivencia. Las circunstancias actuales le obligan a deshacerse de los funcionarios corruptos que en este segundo gobierno de izquierda han manchado el honor del gobierno, y lejos de protegerlos, debería desenmascararlos, juzgarlos y de comprobarse la corrupción, castigarlos. Si acaso eso fuera demasiado, por lo menos debería separarlos. Todos los políticos bajo pena de que la población continúe despreciándolos, deberían reflexionar para no repetir la historia actual.

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