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Editorial & Opinion

Hacia una reforma de la ley de acceso a la información pública

Jaime Mauricio Campos / Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública

Lunes 4, Julio 2016 - 12:00 am

OPINIONCiertamente hay áreas del derecho que son más dinámicas que otras y necesitan remozarse sin tanta espera. Este es el caso del acceso a la información, cuya relación con la modernización y eficiencia de las instituciones del Estado obliga a plantearse, casi en forma permanente, el reto de superar los estándares del servicio público.

La modernización del Estado inicia por colocar a la persona en el centro de su actividad; es decir, el servicio que prestan las instituciones públicas debe tener una visión “ciudadano- céntrica”. Si hablamos de transparencia, la apertura y publicidad de la información permitirá a la sociedad no solo fiscalizar el ejercicio de la función pública, sino también obtener información socialmente útil que mejore su calidad de vida.

Nuestra Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) está considerada como una de las mejores en la materia; de hecho, según la última escala global de acceso a la información del Centro para el Derecho y la Democracia, la LAIP está posicionada en el sexto lugar entre más de 110 leyes en el mundo.

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Tener una buena normativa es importante, pero no basta. En definitiva, la transparencia no es una cuestión de leyes, sino de actitud, y por eso implica trabajar con denuedo en la sensibilización de los funcionarios y en el empoderamiento ciudadano para que los beneficios de la Ley sean apreciados.

Uno de los aspectos que podría destacarse en una reforma a la LAIP consiste en crear mejores condiciones que promuevan su uso. Es necesario desmitificar que la Ley es de “elites” y que solo puede ser utilizada por periodistas, abogados y activistas de onegés. Si una información es pública lo será para cualquier persona, indistintamente quién la pida; de ahí que la obligación que existe actualmente de identificarse en cada solicitud podría eliminarse y permitir que sea anónima.

También es oportuno pensar en algunas reformas que disminuyan los riesgos de clasificar la información a discreción de las autoridades. En ese sentido, puede incluirse el mandato expreso de no reservar información pública oficiosa; que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tenga atribuciones para examinar y desclasificar el contenido de los índices de información reservada; reducir el uso de la clasificación posterior (aquella que se hace con motivo de una solicitud de acceso a la información) y definir un procedimiento de desclasificación obligatoria cada cierto tiempo, entre otros.

Por mucho que el componente más conocido de la Ley es el acceso a la información pública, existen otras áreas que también desarrolla y que, en mi opinión, deben ser objeto de una normativa especial. Me refiero a la protección de datos personales y la gestión documental y archivos.

La experiencia de países como México demuestra la necesidad de contar con una Ley de Protección de Datos Personales que resguarde no solo la información privada en poder de las instituciones del Estado, sino también aquella en posesión de particulares; asimismo, una Ley General de Archivos que permita una adecuada organización de los ficheros públicos.

A cinco años de vigencia de la LAIP apenas se plantean algunos retos importantes para mejorar la administración pública en el país. Cualquier esfuerzo de reforma no debe perder de vista que con mayor transparencia se fortalecen.




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