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La permanente crisis en los asuntos hacendarios de El Salvador nos llama la atención debido a que nunca en nuestra historia habíamos sufrido una crisis semejante, en donde la escasez de recursos para invertir en los más elementales problemas nos provocara tantas crisis en todas las carteras del Estado, dígase Salud Pública, Educación, y otras. A estas alturas de dos gobiernos de izquierda no se ven síntomas de moderación en el gasto público, sino que se  pueden comprobar excesos y gastos innecesarios en muchas dependencias del Estado.

Casi a diario observamos las desgracias de nuestro país, en hospitales recargados de pacientes y la falta de medicinas, las escuelas deterioradas, sin techos, paredes ni pupitres; y por otro lado los lujos y excesos de otras dependencia recetándose gasolina, viajes y bonos, adicionales a los exorbitantes salarios que no son comparables con lo que deberían ganar según sus capacidades. Y todo eso porque quien distribuye el presupuesto permite esos contrastes entre la riqueza del gasto a niveles del personal privilegiado, y el mínimo gasto en el servicio de los nacionales que utilizan los servicios públicos  en salud, educación y demás.

Nos llama la atención que el titular de Hacienda, a quien teníamos como un hombre conocedor de la economía y las finanzas, por su desempeño en bancos privados y nacionales,  se encuentre ahora ahogado por la falta de recursos en las finanzas públicas, y presente soluciones basadas siempre en el aumento y creación de los aborrecibles impuestos, que aprietan el bolsillo del ciudadano responsable que cumple con sus obligaciones fiscales en cada momento que desarrolla una actividad comercial, profesional  o de servicio.

Actualmente ha llegado al endeudamiento del Estado a niveles nunca vistos, donde se pone en riesgo la capacidad del país para cumplir con las obligaciones financieras internacionales.

La última “pensada” es recurrir al dinero que han ahorrado los pensionados, tomándolos forzosamente de los obligatorios ahorros de la gente para tener capacidad de retirarse a una vida digna cuando, por la natural vejez, le impida cumplir con los gastos indispensables y se desee retirar a un merecido descanso.

El Gobierno, en un oscuro pero populista plan, pretende tomar “prestado” ese dinero, a sabiendas que se utilizará para pagar el gasto público –donde se encuentran los lujos inmerecidos  de funcionarios- que no son merecedores de tales privilegios (salarios de ocho mil dólares mensuales no se justifican ni siquiera en países con mejores condiciones de desarrollo que el nuestro). De allí el rechazo de  los ahorrantes que interpretan como una burla las explicaciones gubernamentales, para dar el zarpazo del siglo, a sabiendas de que, cuando llegue el momento de hacer los pagos de las pensiones, los culpables del atropello se encontrarán a miles de años luz de sus responsabilidades. Es esa actitud irresponsable y maliciosa lo que mucha gente resiente de los planes del Gobierno para apoderarse –a cualquier título- de los recursos de los trabajadores.

Un decreto legislativo puede convertir y consumar en realidad esta discutible situación de cuestionada moralidad, en un acto legal válido jurídicamente. Por eso reclamamos un acto de reflexión a las altas autoridades de Hacienda, autoevaluar un cambio. Y pretender justificar el desatino con la excusa de que los propietarios de las AFP son quienes se oponen a la cruel propuesta de “tomarse” los ahorros de los trabajadores para “bien del país” no deja de ser una pretensión que insulta la inteligencia del trabajador afectado.

El Gobierno juega con fuego cuando pretende adormecer  a los policías, a los militares en retiro, a los ahorrantes de pensiones y a las víctimas de las pandillas que pactaron una tregua nefasta con el visto bueno de altos funcionarios. Es de pensar hasta donde llegarán con ese juego de “honestidad y transparencia”.

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