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El ocho por ciento del Presupuesto General de la Nación se destina para ser distribuido entre las 262 alcaldías del país, dinero que se reparte según los criterios de población (50 %), equidad (25 %), pobreza (20 %) y extensión territorial (5 %). Este año el Estado transferirá $349 millones a las comunas y según la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) el 25 % debe ser utilizado para gastos administrativos y el 75 % para el desarrollo local.

La descentralización del Estado es buena, pues son las alcaldías las idóneas para llevar adelante las obras de desarrollo local ya que son las que gobiernan más cercanas a la población y por ende conocen (o deberían de conocer) las necesidades de las comunidades.

Sin embargo preocupa el nivel de endeudamiento de las 262 municipalidades, pues hasta 2014 la deuda acumulada era superior a lo que reciben anualmente del Fodes, con lo cual es palpable darse cuenta que son malas administradoras y que hasta ahora han venido funcionando con criterios partidarios, tal como queda demostrado cada vez que hay elecciones y los alcaldes y partidos perdedores dejan más endeudados a sus sucesores.

Un informe del Ministerio de Hacienda revela que hasta 2014 las alcaldías tenían una deuda acumulada de $455 millones, lo que implica que 14 meses después esa cifra es mayor. Mucho de ese dinero adquirido a través de préstamos ha sido despilfarrado o usado en obras que no son trascendentes para las comunidades. Por ejemplo, en lujos de “palacios municipales” o en el rubro de publicidad. Basta con hacer un recorrido por todo el país para ver un sinfín de vallas publicitando al alcaldes (a) de turno y a su partido.

Hasta ahora poco o nada ha ayudado la pluralidad partidaria en las alcaldías. Los munícipes se siguen cambiando de partido según sus intereses y los concejales “opositores” se han acomodado a las dietas y a los “favores” del cargo, perdiendo oportunidad de ser contrapeso en las comunas. Los concejales opositores, salvo en muy pocas comunas, se atreven a ser críticos de la gestión edilicia y han pasado a ser simples empleados o consumidores de dietas, las que en muchas alcaldías se han incrementado. En alcaldías grandes, los concejales opositores son los más viajeros.

Para muchos es sabido que todavía hay concejos que siguen “diezmando” a las empresas que ganan proyectos licitados. Les cobran el 10 % en dádivas o en efectivo, de lo contrario las dejan fuera de las licitaciones. Generalmente los beneficiados con el “diezmo” son los alcaldes y sus allegados.

Hay alcaldes que tienen salarios superiores al Presidente de la República y concejales que asisten a cuatro reuniones mensuales y en dietas ganan más que un salario mensual de un profesional. La pluralidad poco o nada ha cambiado porque hace falta conciencia de servicio. Concejales opositores que son incapaces de rendir cuentas a sus partidarios y que permiten arbitrariedades, como usos inadecuados del Fodes.

Y es que el Fodes estipula que solo el 25 % puede ser usado para gastos administrativos, lo que incluye salarios, pero hay alcaldías inoperantes que desconocen la gestión de proyectos y la adecuada recolección de tasas e impuestos, por lo que viven exclusivamente del Estado y usan porcentajes mucho mayores del Fodes para sostener su gasto administrativo, que en ocasiones es desproporcional a los ingresos generales.

Hay alcaldías que ya se acostumbraron a vivir de “papa Estado” y que se han convertido en nichos partidarios. Pequeños y despoblados  municipios que tienen comunas con grandes cantidades de empleados afines al partido de turno.  Hay alcaldías donde se necesitan de tres o cuatro empleados para extender una partida de nacimiento.

Por supuesto que la descentralización del Estado es buena para generar desarrollo local, pero también faltan políticas para hacer uso eficiente de los fondos estatales. Es necesario un quinto criterio para controlar el Fodes: la transparencia y participación ciudadana.

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