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Nacionales

“Hay un incumplimiento de la ley penitenciaria”

Iliana Cornejo

lunes 26, marzo 2018 - 12:02 am

Abraham Ábrego, director de Atención a Víctimas de Cristosal, sostiene que derogar las medidas extraordinarias no va a cambiar el panorama de posibles violaciones de derechos humanos al interior de los penales, pero sí evaluarlas, no porque sean extraordinarias sino porque la ley penitenciaria ya manda restringir las comunicaciones desde las cárceles y tener el control total de los centros penales. Ábrego aboga porque el Estado busque cumplir las recomendaciones que ha hecho la ONU.

 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU está haciendo una evaluación ¿Exactamente, qué evalúa?

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El Comité de Derechos Humanos es un mecanismo de sistema de Naciones Unidas y ahorita la competencia que tiene es darle seguimiento al pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, generalmente el Comité lo que hace es que establece dentro de ese seguimiento, el pacto es general tiene todo el catálogo de derechos civiles y políticos pero el comité en su seguimiento establece como algunos puntos de interés que parte de seguimientos anteriores.

Ahora había una guía de algunos temas que interesaba darle seguimiento al Comité, entre ellos el tema penitenciario, el tema del respeto a la comunidad LGTBI, el tema de seguridad; a partir de eso el Estado tiene la obligación de presentar un informe sobre el cumplimiento del pacto y específicamente de anteriores seguimientos que ha dado el comité, pero también la sociedad civil puede presentar informes alternos para complementar de alguna manera y en algunos casos contradecir información, ese es el informe que hemos presentado.

 

¿Tiene una idea de cómo evaluará el comité al Estado?

Yo creo que el punto es que el año pasado se han recibido varias visitas de relatores, tanto del sistema interamericano como de Naciones Unidas que han señalado puntos críticos respecto de derechos humanos y es muy probable que el comité vaya a cuestionar ese tema, por ejemplo, el tema del uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad, la existencia de grupos ilegales armados, ejecuciones extrajudiciales, es un punto que ya señaló la relatora de ejecuciones extrajudiciales, el tema de desplazamiento que lo hemos incluido, el fenómeno del desplazamiento forzado interno que también fue un tema señalado por la relatora, las medidas extraordinarias, que tanto el comisionado de derechos humanos como los relatores han pedido que se evalúen las medidas extraordinarias y algunos han dicho que deberían suprimirse las medidas extraordinarias porque hay evidencia que están violentando derechos humanos. Es decir, mucho de la agenda que se vea en esto va a tener que ver los informes que hicieron los relatores y los puntos que ya señalaron.

¿Cuándo se va a revelar la evaluación del comité?

No mucho tiempo, alrededor de 15 días, o un mes y emite por escrito las recomendaciones.

 

¿Qué tan vinculantes son estas resoluciones que hacen organismos de derechos humanos en el país?

Este tipo de seguimiento, porque no son casos que son llevados a la Corte interamericana, que ahí sí tiene un efecto vinculante, tienen más un peso político-moral; es decir, pueden llevar hasta una condena por parte de la Comisión, en el marco de los informes y más bien tiene que ver con el peso moral que tiene el sistema y que presiona al Estado y que no es menor. El gobierno no quiere quedar mal ante el sistema interamericano por violaciones a Derechos Humanos y entonces se plantea. Tiene un efecto vinculante en cuanto a un Estado ha ratificado un tratado, de buena fe, se obliga a cumplirlo. Lo que no es vinculante es que no es un tribunal, que va a hacerlo cumplir, pero sino lo cumple está en la obligación y puede ser condenado de parte de la Comisión y estar señalado como que ha incumplido uno de sus obligaciones.

¿Qué opinión tienen de las recomendaciones que hizo la relatora especial, Agnes Callamard?

Me parece que el informe fue bastante completo. Incluyó todos los temas de preocupación de la sociedad civil. Estamos de acuerdo con las recomendaciones. Yo creo que donde hay que tomarle la palabra es la revisión exhaustiva de las medidas extraordinarias porque es un germen que está provocando violaciones de derechos humanos, el tema de reconocimiento de las ejecuciones y denuncias que debe haber sobre casos de abusos policiales y reforzar los controles internos de seguridad. Esperemos que las autoridades asuman las recomendaciones que ha dado.

 

¿Ustedes están de acuerdo con la prórroga de las medidas extraordinarias bajo una revisión?

Lo que se ha señalado es sobre las medidas que tienen que ver con el control, que debería ser normal, porque yo esperaría que alguien que esté en la cárcel no pueda comunicarse, eso no debería de ser extraordinario, lo que nos parece grave es que con este tema de los centros penitenciarios se declaran con este régimen, omita las visitas de familiares y restringe las de defensores, de los reos. También, restringe las mismas visitas de la Procuraduría de Derechos Humanos, el mecanismo para vigilar que se cumplan los derechos de las personas internas, evitar la tortura y los malos tratos es que debe haber una vigilancia o una institución estatal como la procuraduría o los mismos defensores o familiares que son los que pueden señalar. Con estas medidas lo que se ha evitado es este mecanismo de control.

Eso en un sistema penitenciario es una restricción de los derechos de las personas reclusas, que tienen que tener contacto con sus defensores, incluso con sus familiares y con un sistema que debe buscar la reinserción y la readaptación. Todo ese tema hay que revisarlo y si al caso se puede restringir es muy temporal y muy opcional, pero hacerlo general y estarlo prorrogando es una violación sistemática al régimen que debería prevalecer al sistema penitenciario.

 

En su momento, las autoridades de seguridad argumentaban que los abogados estaban sirviendo de mecanismo, de camino para hacer llegar recados o cartas a pandilleros a criminales afuera de las cárceles ¿es válido el argumento?

No, porque por uno o dos casos, el defensor hizo algo que no debía, porque el abogado incurrió en un delito, filtró el nombre de los testigos, ellos deberían ubicar los casos y juzgarlos, pero no por eso es justificante para evitar que otros defensores puedan acceder a los reos, es un derecho de defensa porque si no, no hay defensa material entonces, me parece que no es razón para generalizar. Porque uno o dos defensores cometieron irregularidades, que por eso va a restringir a todos los defensores de todos los reos.

El problema es que hay un incumplimiento, en la práctica, de la ley penitenciaria y las medidas vienen a reforzar ese incumplimiento, porque extralimitan y restringen muchos de los objetivos de un proceso de readaptación, por eso es que están separados cuando un reo está en el nivel de readaptación y entra a fase de confianza, entra en un nivel con menos restricción en la cárcel. Eso es medido, esa es la lógica de la ley penitenciaria. Una vez declaran que el centro penitenciario tiene inseguridad le aplican las medidas a todos los reos y con eso afectan a los familiares y el proceso. Me parece que el tema de inseguridad no es suficiente justificación para una restricción permanente de los derechos de los reclusos.

 

¿Cómo ven las críticas que hicieron los funcionarios de gobierno a las recomendaciones que hizo la relatora Agnes Callamard?

Yo entiendo que las declaraciones del gobierno fueron más de resistencia a adoptar las medidas que ella colocó, la diferencia que he visto en la práctica es que por los casos que se enteraron, ella y el alto comisionado, dijeron deroguen las medidas extraordinarias; la variante que están planteando algunos es la revisión y no total. Yo creo que no cambia nada si las derogan, las medidas porque las cosas normales, la restricción de comunicaciones es parte de la ley penitenciaria y la aplicación de ley y la autoridad puede restringir las comunicaciones, no necesita un decreto para restringir las comunicaciones, si para lo que está sirviendo es para restringir las visitas familiares, de defensores; pero lo que tiene que ver con la seguridad del centro no necesita para aplicarlas. A mi juicio no pasaría nada si las derogan, porque la otra tesis que ellos tienen es que con esas medidas han logrado frenar la delincuencia o que eso tiene relación con la reducción y eso hasta donde yo sé no está probado tan científicamente, si es una relación entre las medidas y eso, no creo yo.

 

 

En cuatro preguntas

 

La Sala ha amparado varias familias por desplazamiento forzado ¿se ha cumplido la medida de dar protección a las familias?

Sí. El problema de esto es que hablamos de amparo cuando ya la familia sufrió el daño y el nivel de protección, si bien lo han activado las autoridades, el programa de la Unidad Técnica Ejecutiva, el problema es que es bien limitado lo que podemos ofrecer a la familia, porque en los casos, ellos incluso han tenido que habilitar algunos albergues, porque la mayoría que tiene el sistema de protección es con testigos criteriados vinculados a pandillas, pero no tienen una infraestructura para la protección de víctimas de violencia. El cumplimiento es relativo.

 

¿Se puede calificar o cualificar lo que el Estado está ofreciendo a las víctimas?

El problema es que el programa tiene una visión, porque así ha sido estructurado, de delincuentes, de encierro. Está pensado más en encierro domiciliar, porque la mayoría de sus usuarios son criteriados, pandilleros que han cometido un delito, pero cuando usted ve una familia desplazada que requiere atención psicosocial, requiere rehacer su proyecto de vida, buscar una solución sostenible, reubicándose, ahí el programa no lo plantea, no está diseñado para eso, no tiene recursos. El amparo esperemos que genere la adopción de otra política.

 

¿Y la Sala va a dar seguimiento a estos casos de amparo?

Sí, la Sala tiene sentenciar. Debe emitir su resolución final sobre el amparo; ahorita solo son medidas cautelares, pero después tiene que emitir una sentencia, si considera que se han incumplido los derechos constitucionales que señalaron las instituciones y existe un montón de posibilidades: que le diga a la Asamblea que necesita establecer un marco legal de protección o dar más recursos, ahí pensamos que podría haber algún cambio en el tema de protección.

 

¿Todas las familias siguen en el país?

No. Lo bueno es que la Sala ha planteado que la familia siempre tiene derecho a protección y si acaso regresan al país, el Estado debe brindar la protección.

 

 

 

Perfil

Abraham Ábrego es abogado y notario. Graduado de Licenciado en Ciencias Jurídicas en la Universidad “José Simeón Cañas”. Con diplomado de la Universidad de Paul, Chicago, Estados Unidos sobre el uso del sistema interamericano de derechos humanos; y con diplomado sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Subsecretaría de Transparencia y de la UCA. Actualmente es director de  Atención a Víctimas de Cristosal.



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