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Editorial & Opinion

Hay vida más allá de las elecciones

lunes 16, febrero 2015 - 6:30 pm

Vivimos en El Salvador bajo el signo del ciclo político que tuvo por punto de partida los Acuerdos de Paz. Hoy la forma dominante de lucha para las fuerzas políticas es la electoral y por esta vía nuestra sociedad ha experimentado una intensa y extensa calistenia democrática que en veintitrés años ha fortalecido su músculo con once procesos electorales -algunos ejecutados en un acto eleccionario como 1994 y otros en dos, tal como ocurriera en 2009- y trece eventos de elección popular, siendo estos: cinco elecciones presidenciales, dos segundas vueltas y siete elecciones legislativas y municipales, esto sin contar los eventos locales repetidos por empates o conflictos.

Esta reiterada práctica del sufragio nos ha permitido consolidar una ruta democrática cuya ausencia, antes de la paz, fue una de las razones del pasado conflicto. Las pautas de esta transición han estado determinadas tanto por la cantidad de elecciones realizadas, como por las reformas que han transformado y actualizado nuestro sistema electoral, destacando: la creación del TSE y del RNPN, emisión del DUI como garantía de identidad e identificación, el voto residencial que ha significado la territorialización del proceso eleccionario, inicio del voto desde el exterior, la Ley de Partidos Políticos, el nuevo Código Electoral, las candidaturas no partidarias en lo legislativo, la Ley de Acceso a la Información Pública, el reconocimiento del derecho ciudadano a interponer recursos en materia electoral -antes exclusivo de los contendientes-, Concejos Municipales Plurales, voto directo para Parlacen, voto preferente o por fotografía para elección legislativa, y además, voto cruzado para elegir de manera simultánea diputaciones de diferentes partidos, sin desestimar el voto por bandera.

Todas estas reformas, más allá de las coincidencias o desencuentros sobre las mismas, representan cambios importantes en nuestro sistema electoral pero será el tiempo y la práctica quienes mejor califiquen la pertinencia de algunas de ellas, especialmente las derivadas de sentencias judiciales sobre las que, en algunos casos, podemos diferir en los enfoques de interpretación técnica y constitucional o incluso incursionar en el universo desconocido de los posibles “motivos del lobo” y los orígenes y tendencias del activismo judicial; sin embargo, respetando las diferencias existen una gran coincidencia: el país ha avanzado en institucionalidad en cuanto al respeto de las sentencias judiciales, lo que dice mucho de la gobernabilidad y estabilidad democrática.

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A escasos diez días de la elección del primero de marzo, independientemente del resultado probable se abre un corto periodo de transición de la actual legislatura que vence el próximo 30 de abril.

En estos sesenta días se puede promover un amplio debate sobre importantes reformas electorales aún pendientes, algunas de ellas requieren reforma constitucional, pero sin duda su aprobación coronaría de buena forma el ciclo de transición democrática abierto con Chapultepec.


Como ejemplos se pueden mencionar, la distritación para elegir diputaciones es fundamental tanto para asegurar la rendición de cuentas de los electos con sus electores, como para simplificar y bajar los costos de las campañas electorales; separar las funciones del TSE en dos instancias, una administrativa especializada en la organización electoral que permita superar las visibles deficiencias del montaje operativo de las elecciones y otra jurisdiccional que asegure la equidad de las contiendas y oportuna justicia en materia electoral; ampliar la cuota de participación de las mujeres hasta la paridad y presentación trenzada de ésta, lo que representaría verdadera justicia para quienes son mayoría en nuestra sociedad; y pasar a la modalidad de elecciones generales -elegir todos los cargos de elección popular cada cinco años, sea conjunta o separada por meses, pero en el mismo año- tal cual lo han hecho Guatemala, Honduras, Panamá, y el próximo año República Dominicana.

Esta práctica actual de elecciones continuas después de casi veinticinco años de vida democrática, si bien es cierto ha sido necesaria para afianzar la transición a la paz, hoy, en un periodo que nos exige nuevos retos, parecen compulsivas; además, los costos son considerables.

Entre 2009 y 2015, habremos tenido seis jornadas electorales, lo que habrá significado más de ciento cincuenta millones de dólares sin incluir la deuda política, ni los gastos adicionales de los partidos en sus campañas. Hoy el país necesita mayor estabilidad, gobernabilidad, planes de mayor plazo, espacios de diálogo robustos y con proyección a futuro para alcanzar consensos de nación que no estén sesgados por la agenda y polarización usual de una coyuntura electoral.

Hace falta más oportunidad para que los partidos políticos se fortalezcan, afinen y ajusten su rumbo, territorialicen su organización, profundicen la democracia en sus filas, abran el debate dentro y fuera de sí mismos sobre su proyección, identidad y sobre todo su incidencia y posición en los grandes temas del desarrollo del país. Hay vida y mucho por hacer después de las elecciones.




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