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Editorial & Opinion

Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago

Ruth Eleanora López / Máster en Derecho Societario y en Derecho Electoral

miércoles 7, diciembre 2016 - 12:00 am

OPINIONMe ha sorprendido profundamente la negativa de la Corte Suprema de Justicia de entregar la información relacionada a la existencia o no de procesos judiciales seguidos contra algunos magistrados de la Sala de lo Constitucional.

El Salvador después del proceso electoral de 2009 cambió. La asunción de la izquierda al poder, querramos o no reconocerlo, trajo consigo una ola de trasformación institucional en la que sin duda mucho tuvo que ver la misma Corte Suprema de Justicia desde una de sus salas, la de lo Constitucional. Además, el nuevo contexto político dio a luz a nuevos instrumentos legales como la Ley de Acceso a la Información Pública que poco a poco ha evidenciado que el proceso de toma de decisiones es diferente al que ocurría hace 10 años.

En ese reacomodamiento institucional, en el que uno de los argumentos para continuar haciendo mal las cosas es que “siempre se han hecho así”, hay entidades que han avanzado más que otras; podemos apreciar en algunas hasta el interés notorio en aparecer en el selecto grupo de las más transparentes, pues trae réditos en la confianza de su gestión administrativa y por ende mayores consensos que le fortalecen frente a la opinión pública.

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Sin embargo, hay otras que parecen no haberse dado cuenta que estamos ante una nueva realidad, resultando hasta vergonzoso que la Corte Suprema de Justicia de donde han emanado las decisiones que han transformado esencialmente el sistema político de este país, se nieguen a abrir de par en par sus puertas a la transparencia. Esta afirmación es sencilla de comprobar al ingresar al sitio www.transparencia.oj.gob.sv y compararlo con los portales de transparencia del ejecutivo, que en muchas ocasiones tanto criticamos, acción válida, pues como ciudadanos tenemos todo el derecho de exigir más trasparencia en la información y la gestión pública.

El colmo de esta resistencia por parte de la Corte ha sido la reciente posición institucional ante la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública, al negarse a entregar la información, si existiere, sobre los procesos judiciales contra cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, bajo el argumento de confidencialidad y vulneración a la intimidad; cuando ha sido la conformación de esta Sala la que nos ha recordado en más de una ocasión que el art. 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que “[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”, pues su función tiene relevancia pública y cuando optan por el cargo público, voluntariamente, aceptan someterse a la crítica y escrutinio de la población, cediendo parte de su esfera de intimidad.


Esta “cesión” tiene una relación directa con los requisitos de moralidad y competencia notorias que la propia Constitución impone en el artículo 176 para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y con ello tratar de garantizar un ejercicio del cargo ético e idóneo. La Sentencia emitida en proceso de Inconstitucionalidad 29-2012 definió la necesidad de demostrar -y de verificar- para optar para un cargo de esa naturaleza la “probidad, honestidad y rectitud requeridas para desempeñar con dignidad la investidura; y, en suma, para que el ejercicio de la función pública conduzca a cumplir las exigencias del interés general y a hacer efectivos los derechos protegidos constitucionalmente”.

Considero que bien haría la Oficina de Acceso a la Información de la Corte al leer las resoluciones firmadas por los mismos magistrados sobre los que hoy se restringe una información que al parecer, por la resistencia presentada, existe. En todo caso, como ciudadana esperaría de los mismos magistrados una explicación al peticionario y a la ciudadanía en general sobre la inexistencia de los procesos.




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