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Política

“Hemos dejado
bastante arraigado el tema transparencia”

Gerson Chávez

sábado 17, diciembre 2016 - 12:01 am

jaime-campos

Jaime Campos comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública

Jaime Campos es uno de los dos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que finaliza su gestión de cuatro años el próximo 23 de febrero de 2017.

A pocos días de culminar este 2016 y su gestión en la institución, hace un balance de los avances y señala los retos del Estado salvadoreño en el tema de la transparencia y acceso a la información pública.

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Campos, quien ha sido uno de los rostros más mediáticos del IAIP dice que uno de sus legados es haber trabajado para dejar “bastante arraigado” el tema del acceso a la información pública y acceso a la información pública y habla del fortalecimiento económico de las instituciones que luchan contra la corrupción.

 


¿Cuáles han sido los avances de El Salvador en transparencia y acceso a la información?

A partir de la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública desde el año 2011, considero que los avances que ha tenido el país en materia de transparencia y acceso a la información pública son significativos.

Todavía no se puede hablar que en El Salvador existe una cultura de transparencia; esto es parte de un proceso en medio de algunas resistencias y temores por parte de los funcionarios. En El Salvador, poco a poco se va creando la conciencia que los servidores públicos no son los dueños de la información, sino que la información pertenece a la población.

¿Cuáles son los obstáculos que hay desde el Estado o desde las mismas instituciones para trabajar en el tema de la transparencia?

Ante las solicitudes de información que se presentan, muchas de las respuestas es que la información es clasificada como reservada. Hemos visto cómo en este último año 2016, se hizo por primera vez un ejercicio de desclasificación de la información por parte de muchas entidades del órgano Ejecutivo con lo cual se eliminaron ciertos excesos o abusos que existían al momento de declarar una información como reservada.

Otro motivo de denegatoria es que las entidades del Estado señalan que la información es inexistente en sus archivos institucionales. Y en este último aspecto debe señalarse la gran deuda que existe todavía en el país en la gestión documental y archivos, dado que no existe una tradición o cultura archivística.

 

¿Qué hace falta para que en el país se llegue a hablar de una cultura de la transparencia y rendición de cuentas?

La transparencia no es una cuestión de leyes, sino de actitud. Comienza porque los titulares o las autoridades máximas de cada institución del Estado comiencen a predicar con el ejemplo. Falta una formación en todos los servidores públicos en cuanto a la importancia del acceso a la información para la ciudadanía y el deber que representa para cada servidor público brindar esta información cada vez que se solicita.

Falta mucho por andar; pero, creo que uno de los principales legados que deja la primera generación de comisionados, algunos de ellos que estamos próximos a salir, hemos dejado bastante arraigado el tema de transparencia y acceso a la información pública en las instituciones del Estado.

 

¿Cuáles reformas deberían hacerse a la Ley de Acceso a la Información Pública?

Una de las principales reformas es que no es necesario que la persona que pide la información se identifique. Hay otros modelos como el de Ley General de Transparencia de México que establece que las solicitudes de información son anónimas.

Creo que se debe hacer un análisis sobre el procedimiento de clasificación de información reservada. Hasta ahora, la normativa establece que el titular de la institución del Estado puede delegar a ciertos funcionarios la facultad de reservar una información. En mi opinión, para evitar la dispersión de funcionarios con la facultad para poder reservar una información, debe crearse un comité de transparencia en el que se incluya al oficial de información, al de gestión documental y archivos, al gerente legal de una institución.

Otro paso importante que debe dársele al Instituto de Acceso a la Información Pública la potestad de poder ejecutar o hacer cumplir las resoluciones que dicta. Hasta el momento, la Ley de Acceso a la Información Pública plantea que, ante el incumplimiento de una entidad del Estado a una resolución del Instituto, éste puede iniciar un proceso sancionatorio.

En casi ya cuatro años de existencia del Instituto, la Fiscalía General de la República no ha iniciado un tan solo proceso ante un incumplimiento de un funcionario ante las resoluciones del Instituto. Creo que el Instituto debe tener la potestad de hacer cumplir sus fallos.

Debe existir un registro público de aquellos funcionarios que se niegan a dar la información. Es decir, que aquel funcionario opaco, aquel funcionario que se niega a entregar la información ordenada por el Instituto, pueda tener como sanción el no poder elegirse o reelegirse para un cargo público posterior.

Una de las exigencias modernas para la democracia, es que los funcionarios sean transparentes. No basta que lo prediquen, porque es fácil hablar de la transparencia; pero, no aplicarla cuando me piden información.

 

¿Cuáles son las instituciones que se han estado resistiendo a entregar la información?

Puedo mencionar a partir de los casos que conoce el Instituto. La Corte Suprema de Justicia es la entidad más demandada ante el Instituto. Eso se ha mantenido de manera constante en los últimos dos años. Otras instituciones son la Policía Nacional Civil, tenemos también el caso de las alcaldías municipales, no necesariamente las alcaldías de las cabeceras departamentales, sino que en general.

 

¿Qué instituciones deben ser fortalecidas presupuestariamente por el trabajo que trabajan en el acceso a la información pública y en el combate contra la corrupción?

He sostenido la necesidad de crear en el país un Sistema Nacional de Transparencia o Sistema Nacional de Anticorrupción. Hemos visto en los últimos años, mayor actividad de algunas instituciones que prácticamente habían estado adormecidas en nuestro país. Sin embargo, los esfuerzos no deben ser aislados, sino más bien coordinados entre todas las instituciones del Estado que tienen una labor de prevención en el combate directo a la corrupción.

En ese sentido, identifico a cinco instituciones relevantes en esta materia. La Fiscalía General de la República, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, el órgano Judicial, el Tribunal de Ética Gubernamental y la Corte de Cuentas de la República. Estas instituciones junto con el Instituto de Acceso a la Información Pública deben liderar un esfuerzo articulado contra la corrupción.

 

¿Cómo ha visto el trabajo del Tribunal de Ética Gubernamental y la Corte de Cuentas?

Creo que tienen una deuda con la población en el sentido que se demanda mayor actividad por parte de estas dos entidades. Considero que, al crearse un Sistema Nacional de Transparencia o Sistema Nacional contra la Corrupción, puede darse mayor dinamismo a estas entidades. Porque justamente lo que no ha existido en el país es la cooperación interinstitucional. Las instituciones deben de funcionar, no de manera aislada, sino articulada. Ese es un gran reto para el 2017.

 

¿En términos generales por qué los funcionarios y las instituciones se resisten a ser transparentes en su gestión?

Porque nunca ha existido una cultura de hacerlo por parte de los funcionarios y creo que un aspecto importante de esto es la contraloría ciudadana. Hoy en día, vemos a una sociedad civil más pujante, más activa que demanda justamente de sus funcionarios mayor compromiso desde sus instituciones y desde el ámbito de sus competencias, el combate contra el flagelo de la corrupción.

También se requiere de una sociedad civil que esté cada día más empujando estos temas. No puede hablarse de una administración pública divorciada de la sociedad civil.

 

¿Cómo interpreta el hecho que la Presidencia no haya convocado a elección de los comisionados?

La Ley de Acceso a la Información Pública establece que sesenta días previos a la finalización del cargo de los comisionados, las entidades convocantes deben avisar sobre el proceso de elección de los comisionados. Le corresponde al Ministerio de Economía y al Ministerio de Educación, en el caso de los dos comisionados que estamos próximos a finalizar nuestro período el 23 de febrero de 2017, convocar a las entidades que van a proponer candidatos.

Es el ministerio de Economía y el de Educación el que de acuerdo con el artículo 53 de la ley, debe el próximo 22 de diciembre, convocar a las asociaciones empresariales y a las universidades a un proceso de elección. Esperemos que la próxima semana pueda existir esta convocatoria.

 

¿Se inició una consulta al Reglamento a la Ley de Acceso a la Información Pública, participó el Instituto?

Sí, el Instituto participó de la iniciativa que hace un par de meses promovió la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (de la Presidencia). Se trata de una consulta pública para hacer propuestas de reformas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Nosotros participamos por invitación de la Secretaría y aún más dimos nuestras propuestas dirigidas sobre todo a los procedimientos de acceso a la información Pública que conoce el Instituto. Además, participó el Grupo Promotor.

 

¿La Secretaría de Transparencia les ha notificado cómo va el proceso de reforma?

Únicamente la semana pasada que se celebró la semana de la transparencia, el día lunes, la secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción en una conferencia de prensa dio a conocer los principales hallazgos luego de la consulta pública. Fuera de la conferencia que se hizo la semana pasada, la Secretaría no nos ha informado en detalle y es algo que nosotros esperamos recibir en los próximos días, puntualmente, cuáles son las propuestas de reforma para que el Instituto pueda sobre la base, identificar de manera puntual cuáles son esas propuestas y hacer sus propias consideraciones.

 

¿Cómo interpreta que todavía no haya ese acercamiento de la Presidencia con el Instituto?

Nosotros esperamos que lo hagan antes de finalizar el año. Realmente es un proceso que por primera vez se realiza, es primera vez que se hace una propuesta de reforma al Reglamento con base a una consulta pública. No hay un tiempo específico para realizar las reformas. Probablemente, lo mejor sea que si se realiza una reforma al Reglamento sea antes de que finalice el período los dos primeros comisionados que finalizamos el cargo. Lo digo porque permitiría introducir estas propuestas que ha hecho el Grupo Promotor en cuanto a la creación de un registro de entidades proponentes y que se carnetice a cada una de estas entidades proponentes. Creo que es conveniente de realizar alguna reforma al Reglamento de hacerlo antes de la finalización del período de los dos primeros comisionados.

 

En tres preguntas

 

¿En qué áreas debe ser fortalecido el Instituto de Acceso a la Información Pública?

Hay dos grandes áreas poco conocidas; pero, no menos importantes que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública. Una de ellas es la protección de datos personales. Aunque la parte más conocida del Instituto es el trabajo que realiza en el acceso a la información pública, no hay que descuidar que otra materia u otro componente de la Ley es la Protección de Datos Personales en posesión de entidades públicas. Ese es uno de los grandes retos que tiene el Instituto para la segunda generación de comisionados.

La segunda área que requiere fortalecerse es la gestión documental y archivos. El Instituto con base a la Ley de Acceso a la Información Pública ha dictado nueve lineamientos de gestión documental y archivos. Pero, es necesario, sin duda alguna que se apruebe una Ley General de Archivos.

 

¿Alguna vez recibió alguna presión de parte de algún grupo político o económico?

Puedo afirmar y hablar en nombre de mis cuatro compañeros, que el Instituto no ha recibido ninguna presión, ni por parte de un sector político ni económico, a lo largo de estos casi cuatro años. Puedo asegurarte que no hemos recibido ningún tipo de presión ni por parte de un sector político ni por parte de un sector económico. El Instituto ha demostrado independencia e imparcialidad.

 

¿Cuáles son los retos del Estado salvadoreño en el tema de transparencia?

Fortalecer a las instituciones directamente relacionadas con la materia. Debe tenerse clara una política pública del Estado en materia de transparencia y combate a la corrupción. Por eso, mi insistencia en crear un Sistema Nacional de Transparencia o Sistema Nacional Anticorrupción que articule los esfuerzos institucionales, teniendo una visión o una política pública definida y no esfuerzos aislados.

Es necesario crear una Ley de Datos Personales que complemente el esfuerzo con el acceso a la información Pública. Un reto que tiene el Estado sin duda alguna es reducir los índices de información reservada.




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