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La inseguridad que vive nuestro país no es cosa sencilla. En esta semana que pasó, hemos conocido que dos empresas muy conocidas y con grandes capitales invertidos, cierran operaciones. Nos referimos a la nacional El Mundo Feliz, que deja atrás 50 años de entretenimiento y diversión para los capitalinos, y la mexicana  Jumex, que nos había escogido como país por las garantías que ofrecía de hacer negocios y, con ello, ayudar a la economía nacional. En este espacio no analizaremos los números que dichas empresas reflejan en sus estados financieros, porque los desconocemos.

Pero lo que sí podemos imaginar es que si han decidido cerrar, es razonable deducir que la cosa no anda bien. A nadie se le ocurre cerrar una inversión que le produce ganancias, pero sí, si le produce perdidas. De ahí, que tenga una enorme importancia determinar cuáles son las razones que han tenido los inversionistas propietarios para sacar del comercio a sus empresas. Tan delicado asunto mueve a otros inversionistas a prevenir con las medidas necesarias para no seguir la tendencia  y evitar que sus  propias empresas tengan que seguir los mismos pasos de quienes ahora se retiran. Para las autoridades, conocer lo que está pasando debería ser prioritario, a menos que se tenga previsto que lo que se desea es un doblaje de lo que ocurre en Venezuela y Cuba, donde  de todos es conocido que las dictaduras de turno han llegado a esos niveles de escasez, pobreza y desánimo en la población.

No sé si el lector ha llegado a sus propias conclusiones, pero gente con la que se encuentra uno en diversos lugares nos comentan que, verdaderamente, para experimentar ya es suficiente. Quisiéramos referirnos entonces específicamente a la situación de la inseguridad en que se vive actualmente. La misma autoridad reconoce por ejemplo cuáles son los lugares donde asaltan para que los transeúntes tengan cuidado ¿Y qué cuidado deben  tener? ¿Andar armados y repeler cualquier asalto? ¿O acaso a quienes nos trasladamos en vehículo, debemos mandar a blindarlo?  ¿O es que  debemos cambiar de ruta, aunque eso nos signifique perder tiempo y dinero por tomar una ruta más larga, o exponernos a nuevos peligros en la nueva ruta? Que oportuna sería una medida que propusiera el procurador de derechos humanos para darnos una solución que nos proteja de la delincuencia común, y que no implique violar los derechos humanos de los agresores. ¿O acaso la solución contra el crimen es milagrosa, como portar una Biblia y encomendarnos a Dios?

Permítanme no estar de acuerdo con tal propuesta como solución, porque aunque sí creo en el poder divino, también hemos vivido tristes experiencias, tales como la famosa tregua, que lo único que produjo fue el fortalecimiento de las nefastas  pandillas. También debemos mencionar la “brillante idea“ de enjuiciar a los medios de comunicación por apologistas, es decir porque informan al público de lo que en realidad sucede en el ámbito delincuencial. Es de simple lógica deducir que la delincuencia no depende de que el pueblo sepa o no de los crímenes que se cometen a diario.

Y entonces, ¿cuál es la solución? Primero, aceptar que existe un problema de seguridad (y muy grave por cierto) y a nivel nacional. Una vez aceptado que existe ese grave problema, aceptar ayuda de quien quiera, no importando de donde viene, hay que aprovecharla.

Si la propuesta tiene sentido, hay que aplicarla. Es contrastante que nos digan cada vez con mayor frecuencia que la orden de tal o cual delito viene de los centros penales. O sea que si el delito viene de la cárcel, no podemos hacer nada, porque si el autor ya está preso, no lo podemos encarcelar otra vez

Aceptar que un delito se origina en un penal, es aceptar que el sistema ha fracasado y que hay que superar  esa dificultad. Aceptar colaboración de otros sectores  garantizará resultados que la población agradecerá.

 

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