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Hermano del presidente de Guatemala será juzgado por lavado de dinero

EFE

lunes 10, julio 2017 - 1:50 pm

Samuel Morales, hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales. EFE Archivo

Samuel, hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, será juzgado por el delito de lavado de dinero después de que la Justicia del país decidiera hoy revocar el sobreseimiento de este ilícito, dictado en mayo por una jueza en el marco de un caso de supuesto fraude al Estado en el año 2013.

La Sala Tercera de Apelaciones Penal resolvió hoy que Samuel, que ya fue enviado a un juicio oral y público el 27 de mayo por el delito de fraude, igual que José Manuel Morales Marroquín, de 23 años e hijo del mandatario, enfrente además el delito d lavado de dinero.

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Morales Marroquín y Samuel Morales fueron arrestados después de que el pasado 18 de enero un Juzgado de Guatemala los procesara por su implicación en tres adjudicaciones irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP), por valor equivalente a unos 26.000 dólares.

La Sala confirmó este lunes a la jueza Silvia de León a cargo de la causa, anulando un intento de la defensa de los parientes del presidente por separarla del proceso, y admitió a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a la Contraloría General de Cuentas (CGC) como querellantes.


Según la investigación, José Manuel y Samuel no se beneficiaron económicamente de las tres compras realizadas de manera irregular, pero sí hicieron un “favor ilícito” para beneficiar al exsuegro del hijo del mandatario, Mario Estuardo Orellana López, quien también fue enviado a juicio por lavado de dinero.

A Mario Estuardo Orellana la Sala también le añadió el delito de fraude en forma continuada.

Por este causa también se había enviado a juicio, pero por defraudación tributaria, a Abdy Estrada de Orellana, madre de la exnovia de José Manuel Morales.

Esos tres actos irregulares fueron descubiertos por las autoridades durante una investigación mayor que reveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015 se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos en el RGP, conocidos como “plazas fantasmas” (ficticias), los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales (unos 400.000 dólares) como remuneración por un trabajo no realizado.

Por esta trama, más de una veintena de personas serán enjuiciadas, entre ellas la extitular de la entidad Anabela de León.




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