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Decenas de familias abandonaron la semana pasada el caserío Sihuetenango  de Panchimalco por temor a las amenazas efectuadas por pandilleros que recién asesinaron a dos jóvenes trabajadores. Un hombre que junto a sus hijos menores de edad cargaba parte de sus pertenencias dijo a un medio televisivo que se iba antes de que los pandilleros mataran a su familia “porque los mareros son desalmados y actúan a su antojo”.

Y es que Panchimalco, especialmente en la zona rural, está sitiado por grupos terroristas que han matado a quien se les ocurre sin importar edades. Hasta soldados y policías han sido asesinados cuando gozan de licencia.

Lo de Sihuetenango es el último caso de desplazamiento forzado que hemos conocido gracias a la cobertura de los medios de comunicación, pero en realidad a diario hay familias que obligadamente se tienen que marchar de sus lugares de origen, dejando sus viviendas. Muchos desplazamientos se hacen en silencio. En algunos casos hasta hemos visto cómo la misma Policía Nacional Civil (PNC)brinda “seguridad” a las familias para que puedan abandonar sus residencias.

Hay comunidades, caseríos y colonias donde las propiedades se han devaluado porque nadie quiere comprar, pues rehuyen a vivir en zonas donde los pandilleros se han atrincherado. Un excompañero de trabajo compró una casa hace unos 20 años en la Residencial Nuevos Horizontes, de San Martin y la está vendiendo desde hace dos años, pero no encuentra comprador ni inquilinos. Nadie quiere irse a vivir a esa zona, donde precisamente la semana pasada se conoció que los pandilleros son los que ponen las condiciones y deciden quienes entran y salen del lugar.

En muchas lugares los pobladores se han visto obligados a vivir en medio de pandilleros, pues no tienen hacia donde irse, por lo que tienen que resignarse a su suerte. En algunos casos hasta se ven forzados a colaborar con estos terroristas, tal es el caso de una anciana de 74 años capturada en la colonia Montreal, de Mejicanos, durante un operativo. Ella fue acusada de encubrimiento, pero su abogada demostró que la mujer era obligada, bajo amenazas de muerte,  a resguardar a mareros cuando éstos se sentían acosados por la PNC.

Los terroristas se jactan de tener control sobre zonas y en sus disputas de territorios matan a quien sea. Son vengativos y cobardes, pues ante resultados positivos de la PNC y el ejército se la desquitan con los parientes de los policías y con la gente civil a la que atacan a mansalva y por la espalda. Aún así hay quienes abogan por ellos.

Últimamente hemos visto resultados efectivos de la PNC, pero algo anda mal todavía, pues las autoridades “sanean” una comunidad y descuidan otras o lo que es peor, no pasa mucho tiempo sin que esas áreas “saneadas” vuelvan a ser controladas por los grupos pandilleriles. Pasa el tiempo y las autoridades de Seguridad todavía no han podido neutralizar todo flujo comunicativo entre los líderes de pandillas presos y los que gozan de libertad, quienes son los encargados de ejecutar las nefastas órdenes terroristas.

El colmo es que en muchos sitios las autoridades conocen con nombre y alias a los delincuentes, pero no actúan contra ellos, hay lugares en los que los mismos policías son víctimas cotidianos de los pandilleros que los extorsionan.

La PNC apoyada por el ejército debe, dentro de los márgenes legales, actuar con más efectividad. Eso incluye combatir a las pandillas y a los grupos de exterminio (si es que existen), pues hay que dejar que fluya la ley antes que la venganza, para no generar un pandemonio incontrolable.

El Estado está en crisis de seguridad y casi llegando a un Estado fallido (tal como lo considerara la iglesia católica hace meses), por lo que se deben aunar esfuerzos de todos para enfrentar el flagelo delincuencial, pues hoy son los habitantes de Sihuetenango los que se van obligados por las amenazas, pero mañana podemos ser todos los que por miedo a las pandillas tengamos que abandonar el territorio nacional (muchos ya lo han hecho).

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