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Editorial & Opinion

Impago: el fruto envenenado de una práctica inconstitucional

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Enrique Anaya

Viernes 14, Julio 2017 - 12:00 am

Una de las obligaciones financieras que año con año debe afrontar el Estado salvadoreño, es el pago de las pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP).

Si bien el pago de la deuda previsional del ISSS y del INPEP es un gasto corriente y, como tal, debería preverse su pago con los ingresos ordinarios del Estado, resulta que desde 2001, cuando se agotaron las reservas técnicas de ambas instituciones, el Estado ha optado por mecanismos no ordinarios para financiar el pago de pensiones, inicialmente con la emisión de bonos y, desde 2006, con la emisión de deuda a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que emite Certificados de Inversión Previsional (CIP), títulos que los trabajadores estamos obligados a comprar, a través de la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), con el dinero de nuestra Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones.

Ya que, en razón de la compra obligatoria de los CIP, los trabajadores somos acreedores del Estado salvadoreño, éste tiene la obligación de pagarnos trimestralmente (en enero, abril, julio y octubre), intereses y amortización al capital que le hemos prestado: a pesar que se trata de una obligación legal, el 7 de abril de 2017, el Estado salvadoreño  – como si de un descarado deudor se tratara– decidió no pagarnos, a los trabajadores, las cuotas de amortización de capital y pago de intereses que debía pagar en abril de 2017 (que sumaban casi US$55 millones): eso provocó que El Salvador, por primera vez su historia, incurriera en impago de sus obligaciones financieras.

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Evidentemente, ese impago o default selectivo generó graves externalidades negativas, consecuencias muy graves, como: las calificadoras de riesgo degradaron la nota crediticia del país, los títulos valores experimentaron una baja de precio, riesgo de aumento en las tasas de interés de los préstamos bancarios, etc..

Ahora bien, objetivamente, no es descabellado pensar que el impago fue, en realidad, una situación autoprovocada por el propio Ministerio de Hacienda, y que se trató, para decirlo gráficamente, de un niño jugando con cohetes, que piensa que tiene todo bajo control, pero que el mortero le estalla en la mano.


Y es que la situación de impago ocurrida en abril de 2017 era ¡absolutamente previsible!, ya que fue la consecuencia última de llevar hasta su extremo, una práctica –política y presupuestaria– claramente inconstitucional: la no previsión, en el presupuesto estatal de cada año, de todos los gastos previsibles que debe cumplir el Estado: en efecto, el impago es el indeseado resultado –un fruto envenenado – de una práctica presupuestaria inconstitucional, consolidada y potenciada desde 2009, como es la formulación, presentación y aprobación de presupuestos inconstitucionales, y que en 2017 se llevó a extremos insospechados: la no previsión de todos los gastos en los que el Estado deberá incurrir en el ejercicio fiscal o, en todo caso, se prevén gastos por montos menores a lo que ya se sabe se deberá afrontar.

Así, en la Ley de Presupuesto General del Estado y de Presupuestos Especiales del ejercicio 2017 (LP 2017), se consignó una partida presupuestaria para financiar la deuda previsional relativa al FOP, por monto de apenas ¡¡un mil dólares!!, cuando en la misma ley se reconoce que el gasto en dicho concepto sería, en 2017, de aproximadamente ¡¡doscientos treinta millones de dólares!!.

Entonces, la LP 2017 no consigna el pago de todos los gastos públicos que deberán hacerse en 2017, lo que constituye una grosera e intencional violación de los principios presupuestarios constitucionales de universalidad y unidad, relacionados con el principio de equilibrio presupuestario, consignados en los artículos 226 y 227 de la Constitución: consecuencia de esa inconstitucionalidad es la reiterada necesidad de reformas presupuestarias arrebatadas e irreflexivas, hechas con posterioridad al impago o, como sucedió en junio de este año, apenas 10 días antes de otro impago.

En conclusión, el impago en El Salvador sucedió como consecuencia de una práctica viciada e inconstitucional, que se ha llevado al extremo, por lo que debe cabe esperar que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional tan reprochable conducta de los responsables de las finanzas públicas.




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