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En semanas recientes hemos visto cómo las aritméticas legislativas, soslayando otra vez la discusión técnica de los proyectos impositivos, aprueban remiendos fiscales que vienen a sumarse a las abundantes dificultades que enfrenta nuestra economía, sin que por ello se nos ofrezcan garantías reales de que la situación va a mejorar en el corto o mediano plazo.

A partir de la plenaria del pasado 29 de octubre ya contabilizamos cuatro reformas tributarias en seis años, récord que bien podría traducirse en un “paquetazo” cada bienio. En total, desde el 2009, la Asamblea Legislativa ha aprobado 22 impuestos, en tentativas casi siempre inconsultas de agregar más carga a la lista de obligaciones que los salvadoreños tenemos con el Estado.

Sin embargo, como lo han repetido hasta la saciedad diversos sectores, ¿qué incidencia positiva ha tenido esa cantidad de parches fiscales en el clima de inversiones? ¿Acaso hemos conseguido recuperar aquellos niveles de productividad y competitividad que teníamos antes de la crisis de 2008? ¿Puede alguien confirmar que los índices de inseguridad han disminuido de forma sustancial o que al menos la calidad de los servicios públicos haya aumentado? ¿Tenemos bachilleres mejor educados, hospitales nacionales abastecidos o más agresivos programas de alivio a la pobreza y la marginalidad?

Si las respuestas a las interrogantes planteadas son negativas, la siguiente pregunta es obvia: ¿para qué ha servido, entonces, esa cantidad de tributos? ¿En qué se han gastado, y con qué criterio, esos $20 mil millones que, calculando conservadoramente, han llegado a las arcas estatales por vía impositiva entre 2009 y 2015?

Y ojalá solo tuviéramos que hablar de impuestos a la hora de sumar la totalidad de recursos que el Estado ha tenido a su entera disposición en estos seis años. Pero no: ¡también hemos de agregar los más de $5 mil quinientos millones que el gobierno ha recibido a través de préstamos! ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Cómo es posible que la deuda global del país se haya disparado a casi el 55 % —dato muy alarmante de por sí— y los salvadoreños no percibamos todavía beneficios claros desprendidos de la inversión de esos fondos?

Pero ni al Ejecutivo ni a los diputados del oficialismo les interesa discutir esta parte espinosa del tema fiscal. Prefieren sumas de votos en la Asamblea y recetarle nuevos impuestos a la gente, confiando tal vez en que los salvadoreños nunca llegaremos a presionar lo suficiente al gobierno para que nos rinda cuentas del dinero que hemos venido poniendo en sus manos.

Adicionalmente, siguen deslizándose hasta el suelo los disfraces de tolerancia democrática con que el FMLN se había ataviado en estos tiempos de campaña electoral. Hoy aparece por ahí una propuesta para penalizar los delitos contra el honor y los primeros en declarar su apoyo a la medida son, precisamente, los diputados oficialistas, que tampoco muestran reparo alguno en su respaldo a medidas que podrían servir para amedrentar y perseguir a sus críticos, como esa de establecer la declaración patrimonial para los contribuyentes.

Por supuesto, si el partido en el gobierno hubiera dado muestras fehacientes de respeto al Estado de derecho, planteamientos como los del párrafo anterior no causarían resquemores en los ciudadanos. El problema es que quienes más han atacado el equilibrio de poderes en el país han sido funcionarios del FMLN. ¿Y qué decir de ese reciente comunicado del partido expresando “su solidaridad con el Gobierno Bolivariano que preside el compañero Nicolás Maduro Moros” (sic)? ¿Creerán en serio que el descalabro económico y la represión política que existe en Venezuela es producto de “un plan de desestabilización” de la “derecha internacional”?

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