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El 18 de diciembre de 1927 el Papa Pío XI pronunció un discurso ante la Federación Universitaria Católica Italiana, en la cual, refiriéndose al compromiso del cristiano con su entorno afirmó “…la política, en cuanto atiende al interés de la sociedad, constituye el campo de la más amplia caridad por encima del cual no cabe señalar otro que el de la misma religión:..”. Más tarde, Juan XXII, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, han reiterado, cada uno en sus palabras y circunstancias históricas, el compromiso de la política como la más alta expresión del ejercicio de la  caridad cristiana.

Esta introducción viene al caso porque he venido leyendo, escuchando a algunos analistas que les ha dado en calificar a Francisco como un Papa político inclinado hacia la izquierda. Y esto hay que detenerlo, porque no solo es una falacia sino una manipulación de las fuerzas más primitivas de expresión de la exclusión del otro, principalmente en cuanto al dinero y bienes se refiere, que las más de las veces solo a esto se refiere.

No es la intención de la presente reflexión, analizar la pastoral política-social de Francisco como guía del católico, del cristiano, de los hombres de buena fe; quien no es infalible en éste u otros temas, sino expositor e intérprete de la Doctrina Social de la Iglesia en su contexto histórico, por cierto antípoda de cualquier corriente ideológica materialista, específicamente la marxista, o totalitaria como la fascista, comunista, nacionalsocialista o teocrática. Por ahora, lo que llama la atención es la incapacidad de nuestro región para alcanzar el desarrollo en forma integral, asumir el respeto de los Derechos Humanos como un valor inherente a nuestra propia naturaleza, hacer nuestro el alcance y significado del Estado de Derecho y, la impunidad, como si ella constituyera parte indisoluble de nuestra idiosincrasia.

El caso emblemático, aparte del de Venezuela, es Guatemala. Del de Venezuela porque es un caso muy particular de anomalía histórica, no solo porque la corrupción pública y el crimen en todas sus expresiones son inherentes al sistema político dominante, sino porque la impunidad es consecuencia de un proyecto ideológico que pasa por la desarticulación de la ética y aquellos valores humanos que la cultura occidental asume como válidos, para ser sustituidos por nuevos valores sometidos al paradigma de la lucha de clases. Caso particular que amerita un análisis diferente a la corrupción e impunidad de otros países de la región, que han optado por la democracia.

Y nos referimos a Guatemala, porque el 12 de diciembre de 2006  creó con las Naciones Unidas la “Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala”, como un órgano independiente del Estado cuya finalidad fue la de servir de apoyo al Ministerio Púbico, la Policía Nacional y a otras instituciones, en las investigaciones de los crímenes cometidos por los organismos de seguridad y las fuerzas paramilitares. Comisión a la que se le fueron agregando otras facultades, como la investigación de la corrupción pública y la impunidad.

La intensidad de casos de corrupción y violaciones al Estado de Derecho en Honduras, hizo que la ciudadanía propusiera la creación de una Comisión independiente semejante a la guatemalteca, lo cual fue rechazado de plano por el estamento político. Algo parecido a los primeros escarceos que se hicieron en El Salvador en esa ansiada lucha contra la impunidad, único escollo para la consolidación de una democracia fuerte, creíble y efectiva.

No se  debe temer a la creación de Comisiones semejantes, independientes y tuteladas por las Naciones Unidas, que no atentan contra la soberanía nacional por su carácter investigativo y conclusivo; lo que sí atenta contra la soberanía, y la misma existencia de la nación, es la consolidación de un estado delictual sometido a la ferocidad, caprichos y vaivenes de bandas de criminales foráneas y nacionales, que se saben impunes en la comisión de sus delitos.

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