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Editorial & Opinion

Indelegabilidad legislativa en otro órgano vía leyes habilitantes

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Enrique Borgo Bustamante.

viernes 15, septiembre 2017 - 12:00 am

Desde 1824 nuestras Constituciones señalan que el Gobierno de la Nación se compone de tres Poderes distintos e independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La Constitución de 1950, menciona por primera vez: “actuarán independientemente dentro de sus facultades, las cuales son indelegables, …”

La Exposición de Motivos del Proyecto de dicha Constitución menciona:

“Este artículo consagra la división de Poderes, pero entendida en forma distinta a como la proclamó Montesquieu”. (Aunque como dice Rousseau, está implícito) “El Poder público es uno, pero se concreta en órganos diversos y se ejercita a través de varias funciones.”. Continúa dicha Exposición: “Que el Gobierno se compone de tres Poderes significa que tiene tres órganos supremos que… reciben el nombre de Poderes.”. “Se trata de Poderes en íntima colaboración, pero libres dentro de su correspondiente esfera, dado que no conviene acumular las funciones en un sólo órgano, porque esa acumulación es proclive a promover los despotismos.”.

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“Esta división de Poderes trae otra consecuencia importante: la imposibilidad de la delegación. La reunión de facultades en uno o dos de los Poderes constituidos, significaría la dictadura. Es de la esencia de la teoría de la división de Poderes el hecho de que ninguno de ellos puede delegar sus facultades a otro.”.

Nuestra Constitución de 1983 (Arts. 83 y 86) establece claramente que el poder público emana del pueblo, en quien reside la soberanía, lo que significa que los órganos del Gobierno son delegados del pueblo y sólo pueden ejercer sus atribuciones como lo establecen la Constitución y las leyes, pero el mandato constitucional es claro: “Las atribuciones de los órganos de Gobierno son indelegables,” … “Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley.”.


Y el Art. 87 Cn. 1983 dice: “Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución, no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución.”.

De acuerdo a tales disposiciones, por la INDELEGABILIDAD de las atribuciones de los órganos del Gobierno, la Constitución de 1983 reconoció el principio tributario de RESERVA DE LEY, ampliándolo DE MANERA ABSOLUTA para todas las competencias y atribuciones de tales órganos, especialmente las del Órgano Legislativo, su facultad de creación, modificación, derogación o interpretación de las leyes, que no pueden jamás delegarse en sus aspectos fundamentales; sin embargo, los formales sí pueden ser regulados para facilitar su aplicación por medio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, cuando le toca ejecutarlas, pero jamás modificar, ampliar o contradecir la ley base; y es por tal razón que en nuestro país no cabe otra interpretación: existe una reserva de ley general y absoluta que obliga a que la ley debe regular todos los elementos materiales indispensables, como el sujeto pasivo, el objeto y la forma, las obligaciones, las exenciones y las solemnidades relativas al cumplimiento formal.

Una ley vacía de contenido, o que sólo señale los elementos mínimos, que no establezca derechos y obligaciones para los ciudadanos, no puede considerarse jamás que permita que otro órgano pueda complementarla por delegación, ni por la vía reglamentaria, ya que las atribuciones de la Asamblea Legislativa son INDELEGABLES y no puede hacerlo por medio de una ley habilitante, pues el Art. 131 Cn. lo confirma porque la Asamblea Legislativa sólo goza de las atribuciones señaladas en la Constitución, y en ninguna aparece facultad de delegación.

El decretar una ley como la de Tránsito para el Sitramss o tributaria como la Contribución Especial, que contienen vacíos primordiales que las vuelven inaplicables, que no pueden completarse por la vía reglamentaria, constituye elaborar leyes de forma incompleta, carentes de elementos materiales necesarios, equivalente a delegar la función legislativa en forma fraudulenta en el Presidente de la República, para que vía reglamentaria, o por una ley habilitante, establezca los elementos fundamentales de una ley carente de contenido esencial, lo que constituiría una delegación oculta, violentando la prohibición constitucional señalada en los Documentos Históricos de la Constitución de 1950: la unificación de Poderes en uno o dos de los representantes del Gobierno produce consecuencias dictatoriales.




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