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Recientemente la Policía Nacional Civil se ha dedicado a señalar que publicaciones en medios escritos, adonde se dice que existen delimitaciones territoriales de las pandillas en la capital, “elogian” el crimen y lo consideran las autoridades hacer “apología del delito”, llegando a solicitar a la Fiscalía General de la República que abra proceso contra dichos medios.

A mí tales señalamientos de la policía me causaron una mezcla entre extrañeza y preocupación por las publicaciones, y que además a las autoridades les parezca que títulos de noticias como “Maras controlan la capital salvadoreña”, “En La Tiendona hay toque de queda”, “La clica que tiene en vilo a San Jacinto”, “Centro histórico, campo de batalla entre la MS y la 18-R”, etc., le parezcan que hacen apología del delito.

Si bien doctrinariamente en el ámbito jurídico se define la apología del delito como “la exposición ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor”; la apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.  Es por esta razón que las leyes penales suelen castigar la apología de delitos como el homicidio, las lesiones, detenciones ilegales y secuestros, exhibicionismo y provocación sexual, robo, extorsión, estafa o apropiación indebida, asociaciones ilícitas, sedición, terrorismo, etc.

Así pues, la razón de ser de este delito está clara: la libertad de expresión no puede amparar la lesión de bienes jurídicos superiores. Cuando la libertad de expresión se convierte en un instrumento al servicio de los que atentan contra la vida y la libertad, debe actuar el derecho penal. Pero a este punto nos preguntamos ¿En qué forma o de qué manera se está cometiendo apología del delito cuando un medio de comunicación informa sobre una realidad territorial delincuencial que funciona de determinada manera que por obvias razones no es del agrado de las autoridades de seguridad pública que se encuentran evidentemente rebasadas? ¿Significa acaso ensalzar o glorificar la comisión de delitos por parte de las pandillas, cuando se informa que dichas estructuras controlan materialmente amplios sectores territoriales del país? ¿Qué es apología del delito y que es información de hechos que a todas luces no son del agrado de las autoridades de seguridad pública?

Como lo he señalado en columnas anteriores, hay que aceptar que para desgracia nuestra, en este país existen amplias zonas de barrios, ciudades, colonias, cantones y hasta caseríos rurales, de los departamentos y municipios con mayor densidad poblacional, adonde los grupos pandilleriles o “maras”, ejercen un amplio y a veces hasta completo control territorial en forma más directa que el Estado mismo, esto es, NO HAY ESTADO.

En estas zonas las pandillas controlan el tráfico de droga, armas e incluso hasta productos comerciales que ellos mismos venden con “exclusividad” en tales territorios. En estos lugares la “mara” manda, en ellos ocurren muchísimos hechos de violencia, pero la gran mayoría de ellos -por no decir casi todos-, incluso los más graves como violaciones, extorsiones y narcotráfico, no suelen ser resueltos por las autoridades, esto es, que no se encuentran y capturan a los culpables de los mismos ni se les aplica la Ley. Que las autoridades se han vuelto incapaces de resolver tales crímenes, y por tanto tales zonas se han vuelto también bastiones de la impunidad. La única “Justicia” que existe es la retorcida “justicia” de la “mara”, pues ahí NO HAY ESTADO.

He señalado que como no hay estado en estos territorios –que cada vez son más amplios y dispersos- han podido los grupos criminales crear “economías paralelas”, “sistemas tributarios paralelos”, “servicios de seguridad” a los habitantes de estas zonas, redes de distribución comercial, y hasta el apoyo a sus propios “negocios comerciales” por parte de dichos habitantes, pues como ellos son el poder territorial, la “mara” manda.

Como no hay Estado en estas amplias zonas del país, la criminalidad ha llenado tales vacíos, ahí adonde no se ejerce una fuerza legítima, se ejerce una ilegítima por parte de los criminales, y los habitantes de estas zonas lo aceptan, por miedo o por amor.

¿Quién tiene el poder efectivo en las zonas donde operan las pandillas? ¿Ha perdido el Estado realmente la capacidad de garantizar la seguridad pública a los ciudadanos? ¿Es entonces acaso hacer “apología del delito” informar sobre una realidad tal cual descrita en esta columna o es acaso informar debidamente a los ciudadanos? Por supuesto la respuesta es obvia.



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