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Editorial & Opinion

Innovación: una oportunidad para la mejora regulatoria

Jaime Mauricio Campos Pérez / Director ejecutivo del OMR Twitter: @jaimecamppos

miércoles 15, noviembre 2017 - 12:00 am

La regulación es necesaria en un estado de derecho, pues mediante ésta se protegen aspectos sociales, económicos y políticos que son del interés general; aunque también es cierto que no siempre la regulación se convierte en la mejor alternativa para resolver un determinado problema.

Antes de que una autoridad emita una regulación es importante que se reflexione sobre sus alcances y objetivos, identificando por lo menos cuál es el problema a solucionar, su justificación y el contexto en el que surge la propuesta regulatoria, con indicación de la normativa relacionada con el caso.

Dado que es indudable que una regulación causará un impacto en la sociedad, entre los cuales pueden señalarse los costos que aparejará para los ciudadanos su cumplimiento, resulta importante que -antes de su aprobación- estos impactos se midan, de modo que se asegure que sus beneficios sean superiores a sus costos.

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En general, en la administración púbica de nuestro país no ha existido una tradición o cultura para utilizar un método o herramienta, basada en la evidencia, que permita analizar sistemáticamente, antes de aprobarse una regulación, cuáles serían los impactos potenciales que ésta tendría en la sociedad.

En días recientes, una comisión ad- hoc de la Asamblea Legislativa inició el estudio del anteproyecto de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), en la cual se busca incluir una disposición que obligue a las instituciones públicas a elaborar una evaluación de impacto regulatorio (EIR), antes de emitir una regulación, con lo que se estaría cumpliendo este objetivo.


Este esfuerzo debe ser complementado con la creación, por mandato de ley, de una institución permanente con facultades de supervisión del proceso de mejora regulatoria, que según las prácticas y estándares internacionales se atribuyen a un ente con carácter técnico e independiente, que ayude a construir capacidades institucionales, como lo es el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).

De ahí que para garantizar en nuestro país una regulación de calidad es necesario implementar un proceso de mejora regulatoria, debidamente supervisado por el OMR, que comprenda un análisis “ex ante” de la regulación que se pretenda emitir y que sea enriquecido con un mecanismo de consulta pública.

En efecto, debemos partir de la premisa que el Estado no posee toda la información, sino que son los usuarios, ciudadanos o empresarios, quienes se encuentran en la posición más privilegiada de brindar insumos a las autoridades sobre el impacto que las regulaciones producirán.

La consulta pública, antes de aprobarse una regulación, no solo debe responder a un mandato legal, sino a una exigencia profundamente democrática, que señale una forma distinta de hacer las regulaciones, ya que los comentarios recibidos por el sector privado contribuirán significativamente a mejorar el marco regulatorio propuesto.

El proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que se ha presentado recientemente en la Asamblea Legislativa, para legalizar el servicio privado de transporte colaborativo, como el prestado por empresas como Uber, constituye una oportunidad para ese espacio colaborativo público-privado para la elaboración de una regulación apropiada, en caso de que se decida regular; y si esa fuera la mejor alternativa, las autoridades evalúen los impactos de la misma asegurando que sus beneficios sean superiores a sus costos.

Es innegable que la regulación del transporte no ha evolucionado a la par de la innovación, por eso la mejora regulatoria debe estar al centro en este proceso; así no nos tomará desprevenidos cuando transiten por nuestras calles autos automatizados o sin conductor.




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