Cerrar [X]

Editorial & Opinion

Innovaciones en el derecho procesal salvadoreño

Instituto iberoamericano de derecho constitucional / Autor: Dr. Guillermo Alexander Parada Gámez

viernes 27, abril 2018 - 12:00 am

El 31 de enero del año 2018 entró en vigor la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que a su vez derogó la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, emitida mediante Decreto Legislativo N°. 81 de fecha 14 de noviembre de 1978. Con dicha Ley se ha obtenido un cambio positivo, pues se han actualizado las reglas de procedimiento para la pronta y efectiva justicia en esta materia.

En efecto, se han incluido en nuestra legislación reglas singulares en debida concordancia con el carácter y naturaleza jurídica de las pretensiones que se habrá de dilucidar, como son, por ejemplo: las actuaciones u omisiones impugnables, el acto administrativo sujeto a control y la responsabilidad patrimonial. Adicionalmente el legislador se ha decantado por incorporarle institutos jurídico-procesales ya previstos en el vigente Código Procesal Civil y Mercantil, como son los casos contemplados de manera expresa en los artículos 14, 16, 20, 36, 44, 51, 52, 55 y 74 de esta Ley; y, de manera general, destaco que en el artículo 123 CPCM, se establece la aplicación supletoria de ese Código.

De lo anterior colijo que se afecta el carácter autosuficiente de la nueva Ley, en relación con la jurisdicción que regula, a pesar de su índole especial. Ésta, ciertamente, es una apreciación que no intenta señalar un aspecto deficiente de la normativa adoptada, sino que, por el contrario, destaca la necesidad integradora de la ley procesal, vista en su dimensión general.

publicidad

En atención a ello, sólo señalaré un aspecto preciso que, a mi juicio, se ha introducido en esta Ley de forma distinta y desafortunada, en relación con lo que prevé al efecto en el CPCM. Aludo a la posibilidad abierta que no se haya dictado el fallo durante la audiencia de prueba, lo que ignora una importante conquista lograda en El Salvador durante los últimos veinte años. En efecto, ha sido un triunfo la inclusión de la oralidad en esta rama jurídica, que se aplica en materia de familia desde 1994; en el campo penal desde 1998 y en el ámbito procesal civil y mercantil a partir de 2010. Gracias a ello, con este reciente cuerpo legal en la esfera contencioso administrativa, casi se ha cerrado el circuito de posibles procesos que se tramita con oralidad en el contorno jurisdiccional, en franca erradicación positiva, aunque algunas veces tímida, del sistema de la escritura, opción procedimental caída en desuso dada su lentitud y modo “subrepticio”.

Observo que merced a esta conquista, uno de los avances más importantes es y ha sido que la prueba debe producirse en audiencia pública, frente al juez, quien a continuación de ello y previos los alegatos respectivos, resuelve precisamente en la misma audiencia probatoria la cuestión sometida a su autoridad. Pero no se aplicó en la nueva ley lo previsto en el artículo 222 CPCM, respecto a la obligación de los jueces en materia procesal, de dictar el fallo una vez concluida la recepción de prueba, pues en esta normativa el dictado de sentencia en la misma audiencia es potestativo. Esto representa un retroceso en la consolidación del sistema de oralidad, si bien eventualmente se justifique por la complejidad del caso, ya que pudo haberse dispuesto de mecanismos alternativos de solución, tal como se hizo con una reforma que se introdujo al CPCM, con la que se franqueó el plazo de tres días subsecuentes para pronunciar sentencia, sin perder la continuidad de la audiencia.


No obstante, celebramos que en nuestro país se continúe ampliando la modernización normativa en temas que tienen incidencia clara y directa sobre los derechos y garantías de las personas.

Lo mismo esperaríamos en la nueva Ley Procesal Constitucional, cuyo proyecto se encuentra paralizado en la Asamblea Legislativa, pese a habérsele dado iniciativa hace algunos años, de la cual no se conoce de avances en su discusión en ese órgano estatal. Ahora, lo que correspondería, es retomarlo y, más aún, actualizarlo, ya que se trata de un relevante esfuerzo, necesario, emprendido hace más de quince años, y en El Salvador, he dicho ya, si bien ha habido progresos significativos en el ámbito procesal, queda en mora el área constitucional.




RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN



Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras, de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.