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Mucho se ha hablado de la posibilidad de establecer en el país una Comisión para la Investigación contra el crimen y la impunidad, al estilo y modelo de la CICIG en Guatemala, que dicho sea de paso, fue posible sólo en el contexto y realidad partidaria guatemalteca y en un gobierno tan “atípico” como el del expresidente Álvaro Colom. Hubiese existido en Guatemala un contexto de funcionamiento del orden político en la forma en que opera el nuestro, en la época en que el gobierno de Colom solicitó la asistencia de Naciones Unidas que llevó al establecimiento de la CICIG, muy probablemente jamás se habría constituido tal Comisión.

Llama también la atención cómo los dos partidos más grandes de nuestro país han cambiado -bastante hipócritamente- en cuanto al tema del establecimiento de la tal Cicies -acrónimo de una Comisión tipo Guatemala para El Salvador-, pues los que antes rechazaban su creación, ahora la apoyan, y los que antes la solicitaban ahora se oponen a ella, tal y como lo señalé en mi columna de la semana pasada. Más allá de la pérdida de coherencia de principios y valores democráticos que esto representa, hay que estar claros de las “razones políticas” que subyacen en la oposición al establecimiento de dicha Comisión, no sin antes recordar las palabras mencionadas por funcionarios del actual gobierno y del partido en el gobierno, en el sentido que en el país existe la institucionalidad y capacidad para investigar y sancionar todo tipo de crimen y evitar cualquier viso de impunidad.

Siendo que el argumento antes reseñado es poco menos que falaz, hay que estar conscientes que el orden político del país funciona de una forma “torcida” democráticamente hablando, pues como he insistido, la institucionalidad en su mayoría se encuentra cooptada por la partidocracia, la cual se niega a dejar de intentar controlar las instituciones del Estado, pues de esa manera se aseguran dos cosas: Evitar que en los casos de su “interés” éstas hagan y funcionen como deben, particularmente en las relativas a la rendición de cuentas –veáse el lamentable caso de la Corte de Cuentas de la República y su actual conformación, que espero sea corregido pronto por la Sala de lo Constitucional-, lo relativo a la investigación del delito -veáse el caso de la Fiscalía General de la República y la forma cómo intentan nombrar a quien consideran “controlable”- y en lo relativo a la Administración de Justicia -veáse el caso de las anteriores y hasta la más reciente elección de magistrados de la CSJ-; y segundo y más importante quizá, el poder utilizar las instituciones como una poderosa “arma” y un “medio” para lograr acuerdos políticos que garanticen una variopinta cantidad de cosas en beneficio de los partidos, que pueden ir desde el garantizarse “apoyos” para la “gobernabilidad” -como en el caso de la “alianza” extraña que tiene el partido en el gobierno con el partido “naranja”, hasta poder lograr “apoyos” políticos para ganar -o quizá mejor dicho para no perder- hasta cargos tan trascendentales como la Presidencia de la República.

A mí me llama poderosamente la atención como se guarda silencio casi sepulcral sobre la administración del expresidente que quiso volver a ser presidente, especialmente después de que casualmente no “endosó” apoyos de sus votantes para ninguno de los candidatos en contienda -que no me cabe duda hubiese inclinado la balanza en uno u otro sentido por lo estrecho de los resultados-, y quien en su día fue señalado por el gobierno norteamericano como muy corrupto.

Me llama la atención también cómo los que se han convertido en los caballos de batalla de bando y bando son los expresidentes Flores y Funes, y ahí tenemos los remedos de procesos judiciales en el caso del primero –y dilaciones casi sempiternas-, y la falta de una contundente investigación y procesamiento en el caso del segundo. En ambos casos muchas organizaciones señalan la actuación Fiscal como dejando mucho que desear, y en el contexto de un expresado deseo a la reelección, precisamente en el escenario de funcionamiento “torcido” del sistema político nacional de la “partidocracia” a la que corrientemente llamamos democracia.

Con esto dicho, ¿existe realmente la tal institucionalidad fuerte e independiente que se pregona, para la investigación del crimen y el combate a la impunidad a todo nivel y sin excepciones? ¿Será necesaria una Cicies en el contexto de la “partidocracia”? Parece que la respuesta es más que evidente…

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