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“La máxima victoria política consiste en lograr hacer que tus intereses aparezcan frente a tus adversarios, como un deber para ellos”. Así definía Thomas Hobbes en su célebre obra “El Leviatán” a la máxima victoria política para él, por supuesto que se refería a lograr que los intereses de los grupos de poder representados en un parlamento por sus representantes, lograsen que tales intereses terminen plasmados en una ley –a partir de una votación-, y que por tanto y en virtud de la fuerza impositiva de la ley, estos intereses se volverían un deber para los adversarios.

Lo anterior no podría encajar mejor en ninguna otra parte que en la conformación del procedimiento de ley, para la fijación del salario mínimo en El Salvador. Cuando la derecha legislativa tuvo la correlación necesaria para legislar dicho procedimiento, lo hizo por supuesto con miras a proteger los intereses de los empresarios, por encima de los intereses de los trabajadores. Así, esa “fórmula” tripartita de fijación del salario mínimo, fue diseñada para que siempre y de alguna forma los intereses de los empresarios fueran siempre los que prevalecieran.

Con independencia de calificar la actitud de la representación del gobierno -que bien pudiera no haber sido ni la más adecuada ni equilibrada-, lo cierto es que el pasado 1 de junio lo que vimos fue un claro y rotundo “baldazo de agua fría” de parte del empresariado nacional al gobierno -a sólo unas horas del discurso a la nación del segundo aniversario del actual gobierno-, al imponerse su propuesta y voluntad al aprobar un aumento escalonado al salario mínimo que sinceramente hablando sólo puedo describir como INDIGNANTE E INSULTANTE. Y el que haya sucedido a sólo unas horas de dicho discurso del ciudadano presidente no es fruto de la casualidad –en política no existen las “casualidades”–, sino más bien un acto “calculado” para mandar un contundente mensaje al gobierno: “En materia de salario mínimo se impone nuestra voluntad” -la propuesta del gobierno era de $300 para el sector urbano y $250 para el rural-. Exactamente la misma actitud que ha demostrado el gobierno con relación al proyecto de reforma de pensiones, cuando ha manifestado que “ya no hay nada que discutir, pues está suficientemente discutido y sólo hay que aprobar”. Esto es pues un pulso político del empresariado al gobierno y viceversa. Así de simple. Pero de esa forma y con esas actitudes de parte y parte no se establece ningún diálogo medianamente decente y con un mínimo de credibilidad sobre la sinceridad de las intenciones de buena fe que se puedan expresar.

Por otro lado, a los “representantes” del sector de los trabajadores en la mesa tripartita del salario mínimo -me voy a abstener de utilizar calificativo alguno-, sólo les puedo dedicar una frase del gran escritor español del renacimiento, Vicente Espinel: “La traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que se posee siendo dueño de una conciencia honrada y pura”.

Uno no comprende cómo es posible que buena parte del gran empresariado de este país -que tiene buena parte o la gran mayoría de su capital transnacionalizado en la región centroamericana- no tenga ningún reparo en pagar salarios mínimos más altos en países que en promedio rondan $300-$350 -con la excepción de Costa Rica que supera los $500-, y en este país hagan y propicien fijaciones del salario mínimo de la forma tan burda y miserable como lo han hecho en el presente caso, especialmente de muchos que se hacen llamar “nacionalistas” de corazón. Su nacionalismo empieza a donde acaba la dignidad humana, pues hasta el propio Arzobispo de San Salvador ha calificado tal aumento como algo equiparable a lo “pecaminoso”.

Pero lo más grave de lo anterior es el hecho de que sólo cerca del 42 % de la población económicamente activa se encuentra en el sector formal –que son los “impactados” con esta medida-, pero el resto de la mayoría de la población se encuentra en el sector informal de la economía, y aunque éstos no se ven “beneficiados-perjudicados” con el “aumento” del salario mínimo, sí salen perjudicados con algunos de sus efectos colaterales negativos, como sería una subida de precios producto de la especulación inescrupulosa. Al fin de cuentas, quien paga los “platos rotos” de la antisolidaria e inhumana actitud de los empresarios no sólo son los trabajadores bajo el régimen de salario mínimo, sino la población en general, y esto ya es decir bastante.

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