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Jueza aceptó que liberó a 17 pandilleros y no irá a la cárcel

Juan Carlos Vásquez

lunes 11, septiembre 2017 - 6:03 pm

La ahora exfuncionaria deberá recibir las medidas de un juzgado de vigilancia penitenciaria, durante dos años.

 

La exjueza de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, Astrid de los Ángeles Torres admitió el delito de favorecimiento a la evasión y el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, la condenó a tres años, pero le aplica la suspension condicional de la pena y dejó dos años de prueba y un tercero con libertad condicional.

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El fallo surge tras un acuerdo entre la defensa de Torres y la Fiscalía General de la República para que el juicio se realizara bajo un procedimiento abreviado, cuando un juez acceda a realizar una vista pública bajo esta modalidad, la persona acusada debe confesar los hechos y declararse responsable y eso fue lo que hizo ayer la exjueza.

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El Ministerio Público había solicitado la pena máxima de diez años para Torres, pero al acordar el procedimiento abreviado la representación fiscal pidió que se le impusieran tres años con cuatro meses.

La defensa y la Fiscalía pactaron el procedimiento abreviado, pero no se lograron poner de acuerdo en la pena, ya que la exjueza no estaba dispuesta a recibir los tres años y cuatro meses pues eso le significaba ir a prisión.

El Ministerio Público sostuvo que esa era la condena que le correspondía al haber accedido al procedimiento abreviado porque hicieron el cálculo basándose en los diez años, pero la defensa expresó que debía ser una pena menor porque se estaba frente a un solo hecho de favorecimiento a la evasión.

Este caso surge porque Torres, cuando era  jueza de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla, ordenó en mayo de 2012 la  libertad de 17 reos condenados por los delitos de proposición y conspiración de homicidios y agrupaciones ilícitas, a pesar que no habían cumplido el tiempo o no tenían derecho a ningún beneficio por el tipo de ilícito.

En el expediente que se judicializó, quedó establecido que  la exjueza, a través de oficios a directores y alcaides de centro penales, ordenó la libertad de reos, pero cuando los funcionarios penitenciarios le informaban que los cómputos no cumplían  la pena, Torres les advertía  que incurrían  en detenciones ilegales si no los liberaban.




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