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Editorial & Opinion

Juicio de ponderación

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Dr. René Hernández Valiente

viernes 26, mayo 2017 - 12:00 am

La doctrina ha establecido que las normas constitucionales requieren, para su debida interpretación, de reglas particulares, más allá de los criterios de la hermenéutica jurídica general. Ello deriva de que poseen la corona de supremacía en el edificio de la legalidad. Ostentan una jerarquía primaria en lo alto del ordenamiento de las leyes, en la cima de la estructura hipotética llamada por Hans Kelsen la pirámide jurídica. Esa naturaleza primaria da fundamento a todo el esquema lógico político Estatal, que da seguridad al sistema de validez del Estado Constitucional de Derecho, bajo el signo de la soberanía.

Las Constituciones son naturalmente indeterminadas. Y está bien que así sean. Su fuerte contenido material establece límites al Poder Público. A la vez reconoce un catálogo, amplio, de principios y derechos fundamentales directamente exigibles.

Las Constituciones rigen la convivencia social. Se reconoce una pluralidad de valores y concepciones de justicia presentes en la sociedad y que al llegar al enjuiciamiento de valor pueden colisionar en su elevado sitial. Entre otros, la libertad de expresión y el honor; la libertad y la igualdad; el orden público y la huelga; el bienestar común y el régimen de libre empresa. Estos choques nos motivan a compartir reflexiones al enfocarlos en un caso concreto.

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El Sitramss exige juicio de ponderación frente al millón de personas afectadas por el sistema. Estamos ante dos bienes o valores constitucionales que colisionan: el derecho de los empresarios y los usuarios del Sitramss enfrentado al bienestar de la población, que se asfixia con la restricción de una importante vía. Se torna en gravamen continuo sobre la libertad de circulación. La Sala de lo Constitucional debe resolver. Por ahora sólo congela el conflicto con una medida cautelar: levanta la restricción ejecutiva y habilita el uso del carril segregado.

Se impondrá un juicio de ponderación, ya aducido en la medida cautelar y en el voto razonado del magistrado presidente Pineda Navas. Ampliaré mis comentarios para una mejor comprensión del lector, en seguimiento del interesante debate. Es un juicio de valor, por lo que su uso es discrecional. También es un juicio de razonabilidad. Establecido el dilema, el intérprete debe recurrir a la jurisprudencia, como fuente de Derecho. La práctica judicial ha creado reglas que disciplinan el juicio de ponderación. En primer lugar hay que construir y definir una regla de equidad que sustente el fallo sobre las condiciones y requisitos del principio que predomina sobre el otro interés. Formulada la decisión, deberá vincular a las condiciones estimadas, los defectos jurídicos del principio que domina y goza de preferencia en la ponderación. Presentamos, extraídos de la doctrina, las cuatro fórmulas que acompañan la lógica de la ponderación: 1) Debe ser constitucionalmente legítimo, para que prevalezca en la interferencia al invadir la esfera de otro principio alegado como derecho. 2) Poder de adecuación. La norma aplicada deber ser la idónea para el fin legítimo. 3) De palpable necesidad. La disposición limitadora debe justificarse por ser la menos gravosa; y 4) Responder a un “Test” de proporcionalidad, en sentido estricto. Debe proyectar un equilibrio entre los beneficios que se proclaman y los daños que se deriven.

Dado el llamado a la desobediencia social de personeros del Frente, vemos necesario ponderar en sus méritos los buenos efectos de la medida cautelar que habilitó el carril restringido. ¿Ha causado daños a los usuarios del Sitramss? La respuesta es no. En consecuencia, se desvanece la razón que la medida cautelar es inefectiva e inadecuada. La evidente fluidez vehicular la justifica. El carácter finalista de la medida cautelar se alcanzó, de inmediato, al permitir que mayor número de personas disfruten del bien público liberado.

Es posible conciliar la eficacia de la Constitución con la operación modernizadora del Ejecutivo. Propongo una actitud positiva de la Presidencia de la República, desistir del discurso crítico y de los piquetes que amenazan el palacio de justicia. La agresiva lucha que anuncian altos funcionarios y personeros del partido de gobierno debe cesar. ¿Es acaso difícil para el mando gubernamental propiciar una línea política armonizadora con el Órgano Judicial y dejar a la nostalgia el recuerdo agreste de la montaña?



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