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A la presidenta Dilma Rousseff se le observa desconcertada. Su rostro denota sorpresa, anonadamiento; no de indignación, miedo o cólera ante el mundo que se le vino encima. Comete errores políticos inaceptables para su alta investidura, incluso para su pasado combativo, y su experiencia en los anteriores cargos públicos, como Ministra de Minas y Energía y Jefe de Gabinete presidencial de Lula; luego del Presidente, son los dos cargos más importantes del Poder Ejecutivo en Brasil. Y justamente uno de esos errores políticos cometidos fue el de nombrar a su antiguo jefe, investigado por corrupción, en el cargo que ella misma ocupara en años anteriores: Jefe de Gabinete. Nombramiento que obviamente fue tan grave como el delito que se imputa a su mentor, por cuanto fue una vulgar jugada de viveza para evadir o entorpecer la administración de la justicia, lo cual provocó la esperada reacción de la sociedad, cansada ya de las trampas y trampitas de sus dirigentes políticos.

Y el otro error, quizá por eso la cara de desconcierto de ¿por qué a mí?, fue contraatacar señalando que se le quiere dar un golpe a través de un juicio político, lo cual repiten Lula, Maduro, Morales, Cristina desde su castillo y, por supuesto, Ernesto Samper desde su atalaya bien pagada de Unasur.

Y sí, la realidad es que sí. Se le quiere hacer, se le está haciendo un juicio político, figura jurídica prevista en la propia Constitución de Brasil. Tal como en el pasado se le hizo a su paisano Collor de Melo, y a Fernando Lugo en Paraguay, a Abdalá Bucaram en Ecuador, a Carlos Andrés Pérez en Venezuela, a Manuel Zelaya en Honduras y a Otto Pérez Molina en Guatemala; también a Richard Nixon y al propio Bill Clinton en los Estados Unidos. A todos ellos, sus respectivos Congresos y la sociedad, con sus modalidades, les siguió un juicio político. A esta altura, se impone precisar que el juicio político o impeachment como se le denomina en el derecho anglosajón, es para determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos a) por mal desempeño, b) delitos cometidos en ocasión del ejercicio de sus funciones y c) por la comisión de delitos comunes, tal como lo ha enumerado México en su Constitución. Mal desempeño, todos los nombrados anteriormente, quizá con la excepción de Clinton, que el Congreso conoció su caso no por el affaire con Mónica Lewinski, sino por haberle mentido a un fiscal federal.

Los antecedentes de nuestro juicio político hay que buscarlos en la historia: a) en las Leyes de India, sustentado en la Ley de las Siete Partidas del rey Alfonso X El Sabio, y b) en el impeachment anglosajón, nacido por supuesto en Inglaterra, en su histórica lucha exitosa por controlar el poder del Rey, sus abusos, valga decir. La Rousseff tiene suerte, porque de estar en el siglo XIV no solo la encierran en la Torre, sino la decapitan, como acostumbraban hacer los hijos de Albión, a los hallados culpables.

El juicio político, de residencia o impeachment, es uno de los mecanismos más auténticamente democráticos inventado por el hombre, para controlar los abusos o desaciertos de sus gobernantes que pongan en peligro la paz social, la moral pública o el orden legal establecido; institución tan antigua como la democracia misma. El electorado lo puso, el electorado lo quita; y le juzga posteriormente si fuere el caso, pero de eso se encarga el Poder Judicial y no el Legislativo, por eso el juicio es político y no judicial.

Igual pasa con el maduro de Venezuela (dejen esas palabras en minúscula). Grita, clama, se queja, amenaza que lo quieren sacar con un golpe político. Pues sí, lo queremos sacar por inútil y corrupto, por violador de los Derechos Humanos, por los tres causales de la Constitución mexicana, todas juntas; y porque así lo prevé la Constitución de Venezuela y lo exige la nación.

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