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Editorial & Opinion

Jurisdicción ambiental y concientización colectiva

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Alonso Castillo Robles

viernes 24, marzo 2017 - 12:00 am

Hemos incorporado en nuestra legislación los contenidos requeridos para la jurisdicción ambiental, pero carecemos de la necesaria concientización colectiva a fin de lograr que los requerimientos del bien común sean efectivos.

El Estado de El Salvador, en esta jurisdicción, está preparado formalmente para proteger los recursos naturales y el medio ambiente (art. 117 Cn.); las condiciones ambientales de los menores de edad para su desarrollo integral (art. 34 Cn.); la salud alimenticia mediante el control de las condiciones ambientales (art. 69 Cn.); en fin, la dignificación de la persona humana frente a los daños y perjuicios de la contaminación ambiental (arts. 1, 101, 113 y 117 Cn.).

El desarrollo de dichas disposiciones constitucionales en la legislación secundaria, en conjunción con tratados regionales e internacionales vigentes, permite que podamos construir un país con desarrollo sostenible y un mejoramiento de la calidad de vida.

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Pero hemos avanzado apenas unos pocos pasos en la aplicación de la legislación a casos concretos de daños al medio ambiente y a las personas. La falta de mayores avances tiene como causa principal la virtual ausencia de educación ambiental administrativa y judicial en las universidades, en las asociaciones de profesionales, empresariales y ambientalistas, en los sindicatos de trabajadores y en las asociaciones democráticas de la sociedad civil; pero también en los departamentos de recursos humanos de  las entidades públicas; y posiblemente en miembros del Consejo Juvenil (art. 34 Cn.).

Sin una adecuada educación ambiental, programada y con efecto multiplicador, no se podrá construir una conciencia ambiental a nivel nacional; y sin la exigencia social preventiva y reparadora los daños persistirán con efectos desastrosos para la colectividad. Pero veamos lo positivo: se advierte que la reforma a la Ley del Medio Ambiente (2012) facilita el acceso a la jurisdicción ambiental, mediante regulaciones que permiten que cualquier persona natural o jurídica pueda presentar demanda escrita o verbal para reclamar indemnización por daños y perjuicios sufridos, en el medio ambiente o en los individuos, o en su hábitat, sea habitacional, recreativo o laboral. Las demandas judiciales pueden ser presentadas en los tribunales ambientales que ya están fungiendo en las ciudades de San Miguel, Santa Tecla y Santa Ana, y los recursos de apelación proceden ante la Cámara Ambiental ubicada en el Centro Judicial de Santa Tecla. Además, se dispone de la relevante ventaja procesal consistente en que no corresponde al demandante la prueba de los hechos y circunstancias alegados, pues esa carga se revierte al demandado, a quien le compete contradecir y probar lo contrario a los conceptos expuestos por el actor.


Otra novedad adicional importantísima, es que toda persona puede exigir al Estado, a la Fiscalía General de la República, a las Procuradurías, a las Municipalidades y a las entidades autónomas (ANDA, CEL, CEPA y otras), que procedan a demandar judicialmente a los presuntos responsables de daños al medio ambiente. Esas entidades están prácticamente obligadas a demandarlos en los tribunales ambientales, puesto que las omisiones injustificadas acarrean responsabilidades legales a los funcionarios que incurren en ellas.

En estas circunstancias, hacemos desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sección El Salvador, un llamado a toda persona que se sienta perjudicada para que, con toda libertad, proceda a requerir en defensa de su calidad de vida personal y familiar, así como en defensa del desarrollo integral de los menores de edad afectados, a que acudan con su denuncia ante la institucionalidad competente. A ello abona el hecho que se encuentra establecida la vía fácil de la demanda oral ante los tribunales ambientales.

Por su parte, los estudiantes de la carrera de Derecho tienen oportunidad de realizar su indispensable práctica jurídica asesorando a personas que no pueden pagar servicios legales de abogados. Esa acción también cabe a los maestros de escuela, institutos y colegios, así como a las asociaciones de padres de familia (art. 34 Cn.); ídem a los empresarios de turismo, a nivel nacional (art. 101 Cn.). Concluyendo, es necesario que la conciencia colectiva se compenetre de la relevancia y posibilidades de la urgente defensa medio ambiental.




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