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La atribución de juzgar en materia constitucional reside en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y comprende: a) inconstitucionalidad de leyes (en realidad es de toda normativa e incluso de algunos actos subjetivos); b) amparo constitucional; y c) exhibición personal (hábeas corpus). Además, en las cámaras de segunda instancia en casos de exhibición personal, y en todos los tribunales de la República, en la facultad de inaplicación de leyes por motivos de inconstitucionalidad.

Existe, pues, una Sala que tiene competencia concentrada y los restantes tribunales del país que realizan un control difuso, conforme a la tendencia mayoritaria latinoamericana. En efecto, el  artículo 185 Cn. dispone que: “dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros órganos, contraria a los preceptos constitucionales”. Este es el “sistema americano” de control, en el que todos los jueces están autorizados y obligados a resolver cuestiones de inconstitucionalidad.

La Sala de lo Constitucional, asimismo, ejerce competencias en casos de: a) controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo; y b) suspensión o pérdida de los derechos de ciudadanía.

El hecho que la Sala de lo Constitucional forme parte de la CSJ, de ninguna manera le resta las características de tribunal independiente conferidas por el poder constituyente, pero tiene efectos orgánicos, administrativos y financieros. Sin embargo, observando experiencias de otros países, en las que se organiza como Tribunal Constitucional separado de la Corte Suprema, debería estructurarse sobre la base de un mecanismo de elección que la preserve de influencias perniciosas procedentes de intereses políticos o económicos sesgados.

Los tribunales constitucionales deben tener características especiales: 1- Origen constitucional, para que su jerarquía no le sea disputada por otros poderes; 2- No siendo organismo de elección popular, ostentar su calidad soberana en razón de una vinculación directa con el poder constituyente; 3- No  incurrir en cooptación, es decir, en el sistema de formación de cuerpos colegiados según el cual los nuevos miembros son elegidos por sus integrantes en funciones; 4- Los procesos, de manera general, deben ser orales y públicos, para garantizar la transparencia y la celeridad. En ese afán propugnamos por una nueva Ley Procesal Constitucional. 5- La jurisprudencia constitucional debe ser uniforme, lo que no impide cambios conceptuales inducidos por la transformación sociopolítica, naturalmente sin vulnerar la seguridad jurídica. Al respecto, la doctrina pondera en cuanto a la modificación de los precedentes, circunstancias como las siguientes: a) el cambio de magistrados; b) la pertenencia de los nuevos miembros a corrientes jurídicas distintas; c) casos en que los precedentes entorpecen la interpretación constitucional y causan perjuicios; d) defender el principio de imparcialidad de juzgamiento, evitando el cambio arbitrario o festinado de precedentes derivado de cambios irrelevantes, del poder de las partes o de intereses preponderantes. 6.- El ejercicio de la judicatura constitucional debe contribuir a mejorar el sistema de los derechos humanos fundamentales, garantizados constitucional e internacionalmente y, además, debe responder a la conciencia política ciudadana que exige preservar y perfeccionar al Estado de Derecho, la separación de poderes, la protección de las minorías y las libertades y principios democráticos.

Como es natural, nuestra Sala de lo Constitucional debe ceñirse a límites y pautas en el ejercicio de sus atribuciones, como son: 1- El texto mismo de la Constitución, artículo 235 Cn.; 2- Preservar la supremacía constitucional, artículo 246 Cn.; 3- Mantener las disposiciones y precedentes que no tuvieren vicios de inconstitucionalidad; 4- El derecho internacional de los derechos humanos; 5- Las reglas especiales de hermenéutica constitucional, y el caso del artículo 268 Cn.; 6- Los preceptos de reforma constitucional, artículo 248 Cn.; 7-. El principio del auto control (“self-restraint”); 8.- La separación de poderes; y 9) Rechazar lo político partidista antijurídico (Schmitt, Enterría, Marina Gascón, etc).

Debe sostenerse firmemente en las sentencias constitucionales la vocación y apego a los preceptos jurídicos universales y la filosofía, en tanto proclaman el respeto a la dignidad  de la persona humana y a los valores del derecho: justicia, seguridad y bien común, principios rectores del Estado de Derecho y la democracia.

 

 

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