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Editorial & Opinion

Jurisdicción militar

Juan José Monsant Aristimuño / Exembajador venezolano en El Salvador

sábado 29, julio 2017 - 12:00 am

No necesitaron los nazis remitir a la justicia militar a los disidentes del régimen que se instalaba luego del incendio del Reichstag, el 27 de febrero de 1933. Estaban muy claros en lo que querían, sin las marramucias de la democracia utilitaria. A Hitler le bastó la justicia ordinaria, los jueces de la Suprema Corte, y los Lands, para imponer sus leyes raciales, económicas y penales. Los militares a lo suyo.

La promesa de una Alemania renacida, reivindicativa y vengativa ante la humillación sufrida en el vagón de un tren en pleno corazón de París, requería una repuesta histórica al país cuna de magníficos intelectuales en todas sus expresiones, entre ellas la elaboración de concienzudos textos jurídicos; y esa germanidad sigfrida se las ofreció un desquisiado audaz y locuaz. Para que veamos que no solo la América hispana produce realismo mágico.

Algo parecido aconteció en Venezuela cuando Chávez logró el control del Tribunal Superior de Justicia al hacer aumentar a 32 el número de magistrados integrantes del Alto Tribunal, para evitar que algún trasnochado se le ocurriera decidir conforme a Derecho, interrumpiendo la unanimidad de la sentencia esperada. ¿Para qué más? todo acto írrito cobra fuerza de ley ante una sentencia del Alto Tribunal que asegura la instauración de un Estado Totalitario.

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Si se observa, todos aquellos gobiernos con aspiraciones de permanencia en razón del estamento social o ideológico al cual pertenecen, intentan el control de las instituciones públicas y privadas; por supuesto, también el de los medios de comunicación social.

Hace ya varias décadas a la acuciosa periodista venezolana María Eugenia Díaz, se le intentó abrir un juicio militar para obligarla a declarar cuál había sido su fuente cuando publicó las conclusiones de una hipótesis de guerra emanada del Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional, en la cual Venezuela perdería un enfrentamiento bélico frente a Colombia.


Por supuesto la gallarda periodista se negó, y se vio obligada a exilarse ante su inminente detención en una cárcel militar. El caso subió a la Corte Suprema de Justicia, quien sentenció que un tribunal militar no tenía jurisdicción sobre presuntos delitos cometidos por un civil, ni un periodista obligado a denunciar la fuente de su noticia. Esta sentencia fue acatada sin miramientos, y creó jurisprudencia y doctrina en el país.

Hasta ahora, que a los “guerreros por la libertad”, cuando los detienen, los pasan a los tribunales militares. Y recién al magistrado Ángel Zerpa lo interceptó un comando de inteligencia y lo entregó a la justicia castrense. Por dos días no se supo dónde se encontraba, le abrieron juicio y a sus abogados no les permitieron verlo, ni entrar a la sede del tribunal militar.

Lo grave de esta situación, inconcebible para la civilización occidental, es que el actual Tribunal Superior de Justicia (conocido como el bufete del gobierno) había sentenciado, días antes, que “los magistrados electos por la Asamblea Nacional son reos de usurpación de cargos que el tribunal militar debe establecer”. Y sobre esta barbaridad jurídica y del entendimiento, el conocido jurista Oswaldo Páez-Pumar, miembro de uno de los bufetes más reconocidos de Venezuela, y quien fuere Vicecanciller en tiempos de Luis Herrera, publicó un artículo con fina ironía cargada de humor ¿negro?, sobre el drama que representa esta sentencia canallesca y cobarde, donde escribió: “La decisión es sabia. En medio de su ignorancia no ignoran esos magistrados que no pueden ser jueces en causa propia”.

Todo esto y mucho más, puede acontecer en cualquier momento, en cualquier país de nuestra región, que aun duda sobre las bondades republicanas para garantizar la justicia y la igualdad jurídica, representada en la estricta separación de los poderes públicos.




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