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OPINIONLos acontecimientos políticos, jurídicos y sociales que vertiginosamente ocurren en el país certifican que nuestra sociedad vive una larga y compleja transición a la consolidación de una posible revolución democrática, base de una sociedad justa, próspera e incluyente.

Este proceso de transformaciones apenas comenzó con la firma de los Acuerdos de Paz, permitiendo canalizar toda la energía dedicada al conflicto bélico a alcanzar los cambios institucionales y políticos más significativos de la nación después del acta de declaración formal de independencia. Así como ésta significó un enorme avance en relación a la oscuridad generada por casi tres siglos de colonización, los Acuerdos de Paz y el proceso que desencadenaron fueron la mejor respuesta a 171 años de gobiernos de facto y dictatoriales, origen inexorable del pasado conflicto armado.

En estos 25 años de paz somos testigos de los avances democráticos, institucionales y sociales, y de la reaccionaria resistencia a lo nuevo, a las transformaciones, en tanto subsisten viejas prácticas y estructuras severamente arraigadas que se niegan a evolucionar.

Esta lucha dialéctica entre lo viejo que se resiste y lo nuevo que empuja, ciertamente nos da la noción de importantes avances y progresos comparados con la historia sufrida, aunque es muy lento en relación con el veloz tren de un mundo que no espera, y sobre todo, las demandas de una joven generación pujante, ávida de cambios y nuevas oportunidades.

La corrupción, que viene de muy larga data y de la que siempre supimos de su existencia, es un flagelo que empezó a ser visible en el interés de la misma opinión pública -que antes siempre expresó desesperanza y desconfianza en la superación de este mal- por el nuevo marco normativo que abrió el camino de la transparencia y por la presión y denuncias que inició el anterior gobierno del cambio, más allá de las propias culpas que deba enfrentar y dirimir.

Los juicios y procesos abiertos contra diferentes exmandatarios –que iniciaron por los últimos, Flores, Saca y Funes- y otros exfuncionarios de gobiernos anteriores en los que se investigan presuntos ilícitos de corrupción, son hechos que además de escandalizar la opinión pública abren una importante expectativa sobre los alcances de la tan esperada justicia y genera para algunos nuevas dudas sobre su presunto y posible uso político.

Si agregamos además los procesos abiertos e inconclusos por los casos como FECEPE, la carretera Diego de Holguín, los relacionados a la infraestructura de salud y medicamentos de administraciones pasadas, investigaciones contra alcaldes, presuntas causas sobre medios, frecuencias y empresarios de comunicación y de otras ramas económicas productivas y de servicios; así como los procesos contra un exfiscal general, los iniciados por distintas causas contra al menos 700 jueces y las dudas y cuestionamientos razonables sobre las motivaciones de resoluciones y sentencias de constitucionalidad, apreciaremos el complejo panorama de los profundos retos que en materia de institucionalidad y justicia enfrenta y debate el país en este periodo.

En este contexto, la Fiscalía asume enormes retos -que por cierto no solo son penales- ante una sociedad expectante que enfrenta dudas sobre la apariencia de una acción investigativa focalizada políticamente, inconclusa, con poco éxito condenatorio y de muy escaso resarcimiento para los intereses del Estado, pues en gran medida el origen de la impunidad residió en el pasado, por una parte en la debilidad y escasa fuerza institucional y política del Ministerio Público y por otra en la nula depuración del sistema judicial.

Otros males que enfrentamos en esta transición, tan graves como la corrupción, son la desidia, indolencia, falta de compromiso e insensibilidad institucionalizada de una buena parte del aparato burocrático del Estado que no vibra con las exigencias, demandas y necesidades de atención con calidad y calidez de servicios que merece la ciudadanía. Este segmento burocrático y anquilosado, está enquistado y ha raptado a lo largo de diferentes gobiernos, sobreviviendo a la sombra y amparos, padrinazgos políticos y de la cobertura de algunas organizaciones gremiales muy distantes de la verdadera naturaleza del compromiso por el servicio público.

La evasión y elusión fiscal es otro elemento grave que ha afectado al crecimiento integral del país a lo largo del tiempo y cuyo efecto nocivo para los salvadoreños suma cifras astronómicas superando los mil millones de dólares por año, generando un enorme retraso al progreso al privar al Estado de importantes recursos para el desarrollo. Una legislación más robusta, un efectivo control de aduanas, mayor vigilancia y seguimiento fiscal de quienes corresponde, sin dejar de estimular la participación ciudadana en estos legítimos intereses, es lo que se requiere para enfrentarlo.

Si sumamos a este diagnóstico las enormes dificultades de construir voluntad para materializar acuerdos políticos que permitan resolver los evidentes retos de vacíos de legislación, finanzas públicas, ética gubernamental y otros que den rumbo al país, podemos concluir en la enorme importancia de construir una correlación social y política que empuje la continuidad de los cambios desde abajo, desde la sociedad misma, que permita materializar una justa y verdadera revolución democrática que exija por igual el cumplimiento de las obligaciones a todos los sectores.

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