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Los niños y jóvenes atraviesan una persecución constante en todo el territorio salvadoreño. Por un lado, las pandillas los asedian y los reclutan en las escuelas públicas o en el barrio donde residen, incluso algunos jóvenes son desaparecidos por negarse a pertenecer a estos grupos criminales y, en el peor de los casos, los asesinan por transitar equivocadamente por el territorio contrario. Por otro lado, existe el acoso de algunos malos miembros de la PCN que, bajo la idea de que todos los jóvenes son delincuentes –porque viven en un barrio pobre– han etiquetado a toda la juventud como terrorista. De tal forma que en la actualidad hay un abuso desmedido del poder que ostentan algunos miembros de la PNC.

Dicho sea de paso, con esta actitud, miembros del cuerpo policial violentan principios constitucionales, dado que en la mayoría de casos, cuando detienen a un joven que presuntamente puede o no estar implicado en un hecho delictivo, lo neutralizan con brutalidad, utilizan estrategias de tortura, implantan pruebas y lo obligan a declarar, sin haberle leído sus derechos.

En definitiva, todo ello va en contra de los procedimientos de detención,

de manera que si al joven detenido no se le cruzaba por la mente pertenecer a las pandillas, a lo mejor después de la golpiza que le propinan personeros de la PNC (no todos), posiblemente ello sea un detonante para unirse a estos grupos criminales, y si algo existe en las pandillas es unidad entre ellos; en consecuencia, ser joven en El Salvador es un pecado que se paga con la vida.

Evidentemente, la persecución de algunos miembros de la PNC hacia jóvenes responde a los asesinatos que están perpetrando las pandillas hacia los policías. De modo que existe una sicosis por defenderse, pero no por ello se debe generalizar a toda la juventud, ni tampoco se deben pasar por alto los derechos fundamentales que tiene el joven al ser detenido, ya que se le tiene que explicar el motivo, razón y circunstancia de lo que se le acusa.

En ese sentido, se debe trabajar por crear espacios libres de violencia y fomentar una cultura de paz en todo El Salvador; para ello hay que dirigir la mirada hacia una verdadera política criminal de Estado que sea integral, enfocada en la prevención del delito y no únicamente en la represión, como último ratio; es decir, que debemos alejarnos de la improvisación y concentrar los recursos en la prevención; bajo esa dinámica, es admirable el trabajo preventivo que está realizando el ISNA, con pocos recursos, ya que se ve el buen trato que le dan a los jóvenes que están en los centros de resguardo; no solo los orientan jurídicamente, sino que les brindan apoyo psicológico; asimismo, trabajan en su personalidad con la siembra de valores para que enfrenten de mejor manera la vida y puedan tener un proceso de rehabilitación integral.

Del mismo modo, se suma al esfuerzo la Universidad Francisco Gavidia con el programa Justicia Penal Juvenil, auspiciado por el National Center for State Courts (NCSC por sus siglas en inglés) con I&D Consulting, en el que se ha implementado –en el Centro de Práctica Jurídica– el asesoramiento y defensa de casos en materia penal juvenil, dirigido hacia todos aquellos menores de escasos recursos que han tenido conflicto con la justicia.

En consecuencia, por medio del Centro de Práctica Jurídica de la UFG, se han brindado una gran cantidad de asesorías y se han realizado 21 defensas técnicas, de las cuales el  75 %  han  sido concluidas, o sea, que 15.75 casos han sido resueltos con beneficios jurídicos favorables a los adolescentes defendidos; es decir, que como universidad se ha incidido en ofrecer una defensa técnica gratuita de calidad, en la que se ha luchado porque no se vulnere ningún derecho fundamental de los menores atendidos, independientemente si son o no responsables.

Así mismo, se ha descongestionado el sistema de justicia, y se ha logrado que los menores no lleguen a los centros de resguardo, lo cual es un gran beneficio para el ISNA y, por supuesto, una carga económica menos para el Gobierno.

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