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OPINIONLo primero que captó mi atención no fue la noticia de la detención del expresidente Elías Antonio Saca, por supuestos delitos cometidos contra la cosa pública. Antes de leer los diarios me enteré por Facebook, en una simple nota de cuatro o cinco líneas, y pasé a leer los comentarios sobre el arresto del expresidente y de algunos de sus más estrechos colaboradores, que se encontraban presentes en la boda de uno de los hijos de Saca.

Los comentarios eran abundantes, de hombres y mujeres por igual, pero casi todos se referían no al hecho histórico sino a la desconfianza que les producía tal decisión judicial, en este caso de la Fiscalía General de la República. Tampoco cuestionaban la acción de la fiscalía, sino que, para mí sorpresa, giraba en torno al hecho político. Se preguntaban cuál negociación se habría hecho para arremeter contra el expresidente, sobre si fue un pase de factura política, o cuándo se produciría su libertad negociada.

¡Vaya! Me dije. Esto es grave, por primera vez en la historia de El Salvador se abren averiguaciones penales y civiles por corrupción a tres expresidentes continuos y, aun así, no se le concede crédito al Poder Judicial, al orden jurídico, a las instituciones republicanas, a la ética pública.

Claro que respaldaban la medida, pero no confiaban en la pureza de sus razones, no obstante la postura institucional a toda prueba, hasta el presente, de la Sala Constitucional que ha logrado, a través de los años de su gestión, sortear con éxito los desplantes del Ejecutivo, la Asamblea, los activistas partidistas, y la incredulidad de buena parte de la población.

Se entiendo esa inercia marcada por el pasado de sucesivas traiciones a la Constitución, a la moral pública, a la fe del pueblo, sus líderes y sus promesas; a esa demarcación de status socioeconómico heredado de la colonia, y los prejuicios mitológicos de una monarquía decadente como la borbónica. A la herencia de asumir la cosa pública como un premio de origen, ante el cual el erario se administraba en provecho propio o de la parcela a la cual se pertenecía. En esa sociedad ¿quién podría sancionar a alguien de su propio entorno? Fue una herencia moral extraña, diferente al purismo anglosajón más proclive a la rendición de cuenta.

Pero fue la historia. Lo importante, lo vital, es que cada día se toma más conciencia de que las instituciones se encuentran por encima del interés individual, que son garante del Bien Común que pasa por la aceptación del Pacto Social. La norma jurídica única, general e igual para todos. Nadie por encima de la Ley. En esa certitud reposa, en realidad, la posibilidad de un desarrollo socioeconómico que garantice la paz social y la calidad de vida de todos sus integrantes.

Si quienes comentaron la noticia con tan profundo escepticismo tuvieren razón sobre las causas de las detenciones, aun así, el hecho es positivo (sin pronunciarnos sobre la culpabilidad o no, que le corresponde al órgano judicial). Y es positivo, porque los cambios se están dando poco a poco, sin darnos cuenta. Se va recuperando la confianza en el Estado, en las instituciones, en el control ciudadano, en la independencia de los poderes públicos, en el valor de la opinión pública. Todo ello da confianza para que la ciudadanía se organice, haga ruido, exija y ejerza el control social. Y esa actitud hay que apoyarla y reforzarla. De lo contrario, el epílogo de un país, de cualquier país de nuestra región, es la Venezuela actual.

Esa concientización hay que alentarla, reforzarla y felicitarla como cuando este diario recibió el Premio de Investigación periodística, del International Center for Journalists por su trabajo investigativo “Alba Petróleo fundó una sociedad anónima en Panamá”.

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