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Editorial & Opinion

La afiliación y el desprestigio a los partidos políticos

Jacobo Cruz Sosa / Abogado

miércoles 31, enero 2018 - 12:00 am

Militar en un partido político debe ser motivo de orgullo. Los militantes buscan servir y transformar la nación a través de su trabajo en los partidos que correspondan a su ideología. Sin embargo, en El Salvador, la afiliación y militancia a los partidos se ha visto restringida por la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para aquellas personas que aspiran a ocupar un cargo público que ejerce funciones de jurisdicción/control,  como por ejemplo: magistratura de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas de la República, Tribunal de Ética Gubernamental, Fiscalía General de la República, Tribunal Supremo Electoral, entre otros.

La Sala fundamentó sus resoluciones aduciendo que una persona que posee vínculos formales o materiales con un partido político no garantizará imparcialidad e independencia en los casos que deba conocer.

Una restricción como la referida parece desproporcional frente al hecho que se está penalizando aspectos subjetivos en lugar de circunstancias objetivas, se ignoran figuras procesales como la excusa y recusación, y se omite el control que pueden ejercer los demás miembros, puesto que en su mayoría son organismos colegiados.

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El hecho de no tener parámetros mínimos puede provocar abusos, por ejemplo: qué pasa con quién se afilió a un partido político que ya desapareció; personas que se afiliaron, pero jamás militaron en el partido; personas que ni siquiera saben que se encuentran afiliadas a un partido; personas que militan dentro de la organización más básica de su partido; o quienes se desafiliaron de un partido un mes antes de optar a un cargo público que ejerce jurisdicción/control. En procesos pasados de selección de funcionarios que realizó la Asamblea Legislativa, grupos de interés utilizaron la ideología de algunos candidatos -ni siquiera la afiliación o militancia- para descalificarlos del proceso.

Ante esa indeterminación, sería conveniente que el legislador adopte parámetros mínimos sobre qué clase de afiliados o militantes están inhibidos de optar a cargos como los referidos, entre ellos propongo: 1. Aquellos que posean un cargo de conducción o dirección dentro del partido; y, 2. Quien mantenga un vínculo directo con el máximo organismo de dirección del partido o quien lo represente legalmente.


Estos parámetros son retomados de los ya adoptados por la Sala en cuanto a qué cargos deben entenderse de confianza política dentro de la administración pública.  Este tipo de restricciones solo sirve como catalizador del creciente discurso anti partidos y el desprestigio de los políticos tradicionales, que puede derivarse en consecuencias inimaginables para nuestra vida democrática, tal y como sucedió en otros países en casos como: el Brexit, la victoria del NO a los acuerdos de paz en Colombia y la misma victoria del Presidente Trump en Estados Unidos.

Este discurso anti política/partidos carece de contenido y de soluciones para los problemas de nuestro país, representando un peligro del alzamiento de figuras mesiánicas con posturas populistas y poco realistas. Si bien es cierto, de acuerdo al proyecto de opinión pública de América Latina (Lapop), el apoyo a la democracia presentó una disminución, la cual viene acompañada de insatisfacción con la democracia y en las principales instituciones de esta, en particular con los partidos, no cabe duda que  aquellos quienes buscan socavarlos, solo pueden aspirar a una dictadura.

El Salvador debe apostarle al fortalecimiento a los partidos políticos, a través de reformas consensuadas entre los distintos actores políticos de la sociedad, a una mejor educación y a la politización de la población.

La reforma constitucional aprobada en 2003 en Colombia para el fortalecimiento de los partidos políticos, puede servirnos como parámetro para trazar un nuevo horizonte en nuestro sistema democrático. Dentro de ellas, vale la pena destacar: adopción de listas cerradas únicas por partido o con voto preferente opcional, prohibición expresa de doble militancia y creación de un régimen de bancadas legislativas. Sin embargo, estas reformas no valdrán la pena si antes no mejoramos nuestra actitud frente a las responsabilidades que nos corresponden como ciudadanos y asumimos un rol en la vida democrática, solo de esa forma garantizaremos mejores políticos para El Salvador.

Sí prescindimos de los partidos para organizar la vida política, ¿quiénes o qué tipo de organización nos garantizará una mejor vida democrática y el desarrollo de la nación? ya vimos en elecciones pasadas y recientemente el fracaso de candidaturas no partidarias.

Finalmente, tal como dijo Ciro Murayama -Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral, México-, una cosa es criticar a los partidos políticos y otra vender la idea que sin partidos estaríamos mejor, debe recordarse que sin estos, no hay democracia.




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