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Editorial & Opinion

La Carta Democrática Internacional y la crisis en Venezuela

Eduardo Cálix / Embajador

viernes 10, junio 2016 - 12:00 am

Mucho se habla sobre la activación de la Carta Democrática Interamericana para Venezuela. Desde que se aprobó en Lima en 2001, la CDI ha sido invocada en varias ocasiones, no en forma preventiva sino a posteriori y por solicitud del país implicado, de otros gobiernos o del secretario general de la OEA.

La CDI puede ser aplicada ante un golpe de Estado y para enfrentar alteraciones constitucionales o institucionales que afecten gravemente el juego democrático. En 2015, el Comité Jurídico Interamericano resaltó que esos atropellos a la democracia pueden ser no solo de carácter electoral o por golpe, sino también producidos por gobiernos electos que atenten contra los derechos humanos y las instituciones.

La Carta permite entonces que al existir dicha alteración, cualquier Estado miembro de la OEA o su Secretario General solicite la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la OEA. Allí, los representantes permanentes de todos los Estados se reúnen para determinar, mediante su voto, si en verdad existe una alteración y si la misma es suficientemente grave. Se trata, en consecuencia, de una determinación de carácter político.

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Este es el caso venezolano, donde por primera vez se usa la modalidad contemplada en el Artículo 20 de la Carta: que la invoque el secretario general mediante la entrega de un informe –con hechos y pruebas- al presidente del Consejo Permanente de la OEA y con la petición de convocar al Consejo.

Este último, bajo la Presidencia Argentina, emitió una “no respuesta” a la petición de Almagro con una declaración conciliadora de continuidad del diálogo entre las partes, con los buenos oficios de UNASUR y tres ex presidentes.


Ahora bien, si fracasan esas gestiones o si el caso se agrava, el Consejo Permanente puede volver a reunirse y con 19 votos solicitar medidas para reencausar la situación venezolana; si aún así persiste, dos tercios del Consejo (23 votos) pueden convocar una Asamblea General extraordinaria que aplique sanciones como la suspensión del país en la participación y cooperación del organismo hemisférico.

Almagro en su informe de 132 folios, detalla los motivos para invocar la CDI en el caso venezolano, que en lo principal la justifica por el agravamiento de los múltiples problemas del país, traducidos en violaciones de derechos humanos, crisis humanitarias, falta de seguridad ciudadana, la ruptura del equilibrio de poderes y la violación de las reglas del juego democrático.

Maduro no reconoce que sus acciones provocan la alteración del orden democrático y dice que la aplicación de la CDI violaría la soberanía y sería una intervención externa para derrocar su gobierno. Sin embargo, la magnitud y gravedad de la crisis en Venezuela, ha llevado a todos los gobiernos a definirse sobre la situación. Almagro, sin duda ha introducido un giro en una OEA que antes se caracterizaba por su ausencia.

La Asamblea General de la OEA en Santo Domingo, del 13 al 15 de junio, puede acabar con un llamado a más diálogo o puede darle empuje a los acuerdos entre el chavismo y la oposición para destrabar la salida constitucional del referendo. Así podrían concentrarse en el examen de soluciones frente a los problemas sociales, económicos y de seguridad ciudadana, que no dan espera.

Como puede observarse, el mecanismo apela primordialmente a la diplomacia para tratar de resolver las alteraciones al orden democrático. Por ello el papel que seguirá jugando la comunidad internacional es fundamentalmente de apoyo para intensificar las vías de entendimiento posibles entre los venezolanos, pero si no se dan muestras de diálogo efectivo en el corto plazo, la presión

de la región puede aumentar.




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