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Editorial & Opinion

La Constitución de El Salvador

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: José Luis Lovo Castelar

viernes 22, junio 2018 - 12:00 am

La Constitución de la República de El Salvador entró en vigencia el 20 de diciembre de 1983. De acuerdo al análisis del Dr. Mario Solano se orienta hacia dos objetivos esenciales: la libertad y la igualdad; el primero, por medio de los derechos individuales y, el segundo, con los derechos sociales y el orden económico. Consagra un sistema de gobierno democrático, republicano y representativo. La soberanía reside en el pueblo.

Surgida en el contexto de un conflicto interno, se caracterizó como pluralista en lo ideológico para facilitar acuerdos de paz con los alzados en armas; por ello no mantuvo la prohibición de sustentar doctrinas anárquicas o contrarias a la democracia de anteriores Constituciones e introdujo que los partidos políticos eran el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo. La Sala de lo Constitucional a posteriori ha interpretado el sentido del texto al armonizarlo con otras disposiciones y autorizar candidaturas no partidarias para diputados.

Propició un sistema civilista, dado que restringió las funciones de la Fuerza Armada al ámbito de la defensa externa y creó una Policía Nacional Civil para la seguridad interna.

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Otorgó preeminencia a la consideración de la persona humana y los derechos individuales, destacándose como Constitución humanista, pues proclama que la persona humana es el origen y fin de la actividad del Estado.

Declaró la división del poder soberano en tres órganos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como la independencia y colaboración entre éstos. Se reestructuró el Órgano Judicial y sustituyó la Sala de Amparos por una Sala de lo Constitucional encargada de resolver las demandas de inconstitucionalidad, procesos de amparo, hábeas corpus y controversias entre el Órgano Legislativo y Ejecutivo.


La integración de la Corte Suprema de Justicia es tarea de la Asamblea Legislativa, constreñida a una lista de candidatos formada de dos fuentes: una democrática, la votación  de los abogados; y la otra de evaluación técnico profesional a cargo del Consejo Nacional de la Judicatura, sin  candidaturas vinculadas a partidos políticos, que irían en desmedro de requisitos de competencia y moralidad notorias, así como de la independencia de los magistrados.

Hay avances notables en la Constitución en cuanto a fijar al Órgano Judicial una asignación no interior al 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado, lo que coadyuva a su independencia, fortalecimiento y desarrollo.

Dentro de los aciertos se destaca las funciones atribuidas a la Sala de lo Constitucional como un paso decisivo en la defensa y control de las normas de la Ley Fundamental. Asimismo, el fuerte acento en la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, y en los derechos derivados de la solidaridad y del medio ambiente como sustento de la vida.

Se propicia la cultura política al fijar pautas para asegurar un medio de vida de armonía social; además, instaura un Estado Constitucional de Derecho bajo los principios de legalidad y prohibición de la arbitrariedad, de un sistema de normas articuladas para el cumplimento de derechos y deberes de los funcionarios y particulares, a fin de alcanzar el bien común, la justicia social y la seguridad jurídica.

Es importante destacar que la Constitución está abierta y propicia el objetivo geopolítico de la integración latinoamericana y la unidad centroamericana, aspiración histórica supeditada a que la reconstrucción de la República de Centroamérica se haga con plena garantía de respeto a los principios democráticos y republicanos, y de los derechos individuales y sociales de sus habitantes, así como de la voluntad popular del soberano, al que se consultará el proyecto y bases de la unión. Ello podrá realizarse bajo las modalidades unitaria, federal o confederada.

En la línea de la Revolución Francesa, reconoce el derecho del pueblo a la insurrección en forma amplia, pues comprende situaciones de transgresión de normas relativas a la forma de gobierno y sistema político, o graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución. La violación de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia obliga a la insurrección.

Es de tipo “semi-rígida” en lo relativo a sus reformas, indicando disposiciones irreformables o pétreas, como son las del territorio, el sistema de gobierno y la alternabilidad presidencial. Esa es nuestra Ley Suprema.




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