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El Gobierno, por medio del Consejo de Ministros (Art. 167 Cn.), debe elaborar un Plan General a desarrollar en su período presidencial. Siendo anual el ejercicio fiscal, este mismo Consejo debe elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y presentarlo a la Asamblea Legislativa, por lo menos tres meses antes de que se inicie el nuevo ejercicio fiscal. A ello se adicionan los programas de acción y sus complementos financieros. Por ser nuestro gobierno republicano, democrático y representativo, corresponde a la Asamblea Legislativa decretar el presupuesto de la Administración Pública (Art. 131 Cn), y, en el ejercicio de la soberanía, aprobar medios coercitivos para obtener los ingresos necesarios.

La Asamblea decretará impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de bienes, servicios o ingresos, teniendo en cuenta los montos necesarios para sufragar los gastos del gobierno y la adjudicación de recursos a fin de obtener justicia, seguridad jurídica y bien común, fines del Estado.

Enrique Arnaldo Escubilla, en su artículo Planificación Económica, Enciclopedia Jurídica LA LEY, Tomo 16, págs. 9227-9228, expresa:

“Tras el impacto de la centralizadora y burocrática planificación soviética y la estatización nacional-socialista, y en general de los Estados totalitarios y autoritarios, se abre un gran debate – iniciado ya por Max Weber- sobre el alcance  de la misma y sobre sus efectos”. “Después de la segunda guerra mundial se abre una tercera vía en los Estados democráticos que pretende la articulación equilibrada entre planificación y economía de mercado bajo la fórmula de la planificación indicativa o flexible frente a la dirigista e intervencionista.”

La planificación económica “se ha convertido en un método para introducir orden, racionalidad y coordinación en las medidas de intervención gubernamental.”

El Profesor Dino Jarach en su obra Finanzas Públicas y Derecho Tributario, señala que en los países del Occidente en que rige el Estado de Derecho constituye punto fundamental y cumple el proceso jurídico democrático la aprobación del Presupuesto por parte del Poder Legislativo. A la Corte de Cuentas, en nuestro país, corresponde “la fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del Presupuesto en particular” (Art. 195 Cn.). Tiene además, la facultad de autorizar toda salida de fondos del Tesoro Público, de acuerdo al Presupuesto e intervenir en todo acto que lo afecte. Tiene como especial función la de examinar la cuenta que sobre “la gestión de la Hacienda Pública rinda el Órgano Ejecutivo a la Asamblea”. Le concierne el control jurisdiccional y asegurar la pureza de la gestión pública.

La discusión de la naturaleza del Presupuesto como simple ley formal ha sido superada. No sólo constituye una autorización al gobierno para ejecutar el gasto, sino también una obligación a cargo de los funcionarios públicos de realizar las actividades programadas en el año presupuestario. La erogación de fondos es parte de las actividades contenidas en el Plan General de Gobierno.

La Asamblea Legislativa, al aprobar los impuestos y el presupuesto de gastos, genera el compromiso del Gobierno de ejecutar el Programa anual correspondiente al Plan General.

La democracia representativa permite a cada gobierno, de acuerdo a su representación total y a sus preferencias mayoritarias, determinar la acción anual del gobierno destinada a lograr los fines del Estado e informa al sector privado de dichas líneas de acción, para que pueda tomar sus decisiones y permite coordinar la actividad económica nacional.

Las funciones fundamentales del Presupuesto se enfocan por tanto: a) señalar las actividades de trabajo anual que debe realizar el gobierno en cumplimiento de los fines a los cuales se ha comprometido, con detalle de cada una de ellas; b) señalar los montos disponibles para cumplir con cada uno de los rubros aprobados por la Asamblea Legislativa; c) señalar las bases del control financiero del Estado en relación a su gestión; y d) hacer del conocimiento público el plan económico del Estado a fin de que el sector privado pueda acomodar sus acciones al mismo, especialmente en materia de inversión.

Los legisladores deben tomar en cuenta tales consideraciones en la aprobación equilibrada de los gastos en relación a los ingresos previsibles, de manera que la gestión gubernamental se realice en debida forma.

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