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Editorial & Opinion

La contraloría general de la República

Aldo Álvarez / Abogado y catedrático

Jueves 6, Abril 2017 - 12:00 am

La política es una actividad que se relaciona con el ejercicio del poder, pero fundamentalmente para darle satisfacción a las necesidades de los gobernados, así la política y todo el aparataje estatal, se vuelven meros medios para la prosecución de un fin colectivo: la satisfacción de las necesidades de los individuos. El tipo de instituciones democráticas que surgen en cada país es cierto que es distinto, y hasta la forma en que se desempeñan los funcionarios públicos en ellas, suele ser diversa. Pero en nuestro país existe una institución cuyo nombre mismo representa un anacronismo histórico, resabio de la colonia misma: “La Corte de Cuentas de La República”.

Esta institución, fundamental en la fiscalización de los fondos públicos, sufrió al igual que casi todas las instituciones del Estado, una distorsión en su naturaleza y funcionamiento cuando en determinado momento pasó a estar al servicio del control “partidocrático”. Y esto fue así durante largo tiempo, hasta la llegada de la nueva Sala de lo Constitucional, la cual por primera vez independiente, y sin ser un “subsistema” del Ejecutivo ni del Legislativo, impidió que la perversa práctica del reparto de las instituciones del Estado, se aplicara también a la Corte de Cuentas bajo la mecánica “partidocrática” en varias elecciones de sus titulares.

Con sucesivas elecciones de magistrados de la CCR -después de sucesivas declaratorias de inconstitucionalidad en sus nombramientos por sus formales y/o materiales vinculaciones con partidos políticos- se despertó en muchos, incluyéndome, esperanzas de que en cada una de ellas, se iniciaba una nueva era en la labor contralora de la institución, que se iba a proponer una nueva ley que renombrara a ese dinosaurio como una verdadera Contraloría General de La República -aun si era necesario promover para ello una reforma constitucional- que dejara la entidad de convertirse en Juez y parte en los mal llamados “juicios de cuentas”; que se tecnificara profundamente y que los auditores fuesen contratados de acuerdo a la “meritocracia”, etc. Pero lastimosamente eso no ha sido así, pues aparentemente la nefasta práctica de contratar personas basadas en sus “conexiones” personales o políticas no se modificó, sino más bien se potenció hasta épocas relativamente recientes.

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Siendo que ya se acerca la elección de nuevos magistrados de la CCR –pues los actuales llegan hasta Julio, fecha en que termina el período de los anteriores removidos- hay que estar claros que su elección debe ser constitucional, se deben cumplir a cabalidad “milimétrica” los requisitos de “honradez y competencia notorias” que exige la Carta Magna.

Deben ser personas idóneas, independientes, capaces, con intachable hoja de vida profesional y personal, pero por sobre todo QUE NO TENGAN NINGUNA VINCULACIÓN PARTIDARIA, ni manifiesta ni encubierta, ni formal ni material. Que no provengan de la misma lista de “personajes” que andan todo el tiempo “desfilando” para cuanto cargo de elección de segundo grado se presenta y que muchas de las veces se sabe de sus claras vinculaciones con partidos políticos, aunque estos las escondan y los partidos las nieguen.

Los partidos políticos deben saber que sus facultades legislativas no son ilimitadas ni exentas de control, que no pueden elegir como quieran, ni bajo el procedimiento que quieran, y que en nuestro sistema constitucional de distribución del poder, ningún poder del Estado, ni es “más poder” ni es “más legítimo” que otro, sino simplemente distinto.

Los partidos políticos deben estar absolutamente claros que no deben andar tratando nuevamente de “negociar” reparto de cuotas en la Corte de Cuentas, en un intento -ni expreso ni velado- de llevar a la persona que les “garantice” un total o al menos “mediano” control partidario de la institución, especialmente a partir de acuerdos oscuros para elegir perfiles de espaldas a los intereses del pueblo. Ya no es tan fácil, y la ciudadanía está al pendiente más que nunca y monitorea más meticulosamente sus actuaciones.

Para los actuales Magistrados de la Corte de Cuentas –que tienen poco tiempo de haber llegado y han sido nombrados para un corto período- sepan que el querer rectificar décadas de entuertos y uso patrimonial de la institución por la “partidocracia”, no se podrá hacer en forma “exprés”, sino con mucho esfuerzo honesto, con inteligencia política y sobre todo de cara a los intereses de la nación más que a los de partidos políticos, y con miras a convertir de una buena vez ese anacronismo jurásico administrativo que es la tal Corte de Cuentas de La República, en la nueva CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.




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