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Editorial & Opinion

La corrupción en los tiempos del cólera

Ana Ruth Cevallos / Economista investigadora @Cevallob Icefi @whpena

jueves 9, noviembre 2017 - 12:00 am

Me atrevería a decir que vivimos en un país donde perfectamente podrían recrearse varias novelas del realismo mágico, género literario caracterizado por hechos insólitos, fantásticos e irracionales que ocurren en un contexto donde la inverosimilitud se presenta como cotidianeidad; de esta forma, basta leer las noticias de nuestro país para reconocer situaciones y personajes propios de dicha corriente literaria.

Por ejemplo, podríamos imaginarnos a Florentino Ariza (personaje creado por García Márquez) haciendo promesas de amor y lealtad a un país (en lugar de a Fermina) y posteriormente observarlo incurrir en acciones cuestionables. Pues bien, creo que en los tres poderes del Estado, tenemos personajes como él. No obstante, en nuestro contexto, las implicaciones de este comportamiento superan cualquier fantasía, ya que el incumplimiento de las promesas y obligaciones que competen a las funcionarias y funcionarios públicos se traducen en la vulneración de los derechos de la población.

Por un lado, en el Órgano Ejecutivo hemos visto desfilar varios expresidentes que previo a su elección se nos presentaron cual Mesías y que al día de hoy, presuntamente, han saqueado cientos de millones de las arcas públicas; por otro lado, en el Órgano Legislativo se han conocido casos de diputadas y diputados (vergonzosamente denominados “padres de la patria”) relacionados con actos de corrupción y quienes, por si esto fuera poco, han expresado abiertamente su posicionamiento en favor de la criminalidad y la impunidad, al intentar reformar en esta dirección la Ley de Extinción de Dominio a mediados del presente año; y finalmente, en el Órgano Judicial en los últimos días hemos visto cómo la Sala de lo Constitucional ha dado un duro golpe a los avances logrados en materia del derecho al acceso a la información pública, estableciendo nuevos criterios por medio de los cuales, las instituciones pueden negarse a brindar información de forma discrecional.

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Aunque el panorama anterior constituye una reseña de la novela que padecemos a diario, es innegable que expresa la lógica imperante en nuestro país; por tanto, cualquier indicio de corrupción o de alguno de sus síntomas, además de provocarnos cólera debiera llevarnos a exigir, puesto que todo acto que posibilite la malversación de recursos públicos o su inadecuada gestión, conlleva repercusiones en términos fiscales, sociales y democráticos.

La actual coyuntura protagonizada de forma inverosímil por la Sala de lo Constitucional debe interpretarse como una flagrante violación a nuestros derechos en un sentido amplio, ya que abre la puerta para que sea relativamente fácil revertir los compromisos adquiridos en materia de acceso a la información pública y la transparencia. Esto resulta particularmente preocupante considerando que la corrupción es un lujo que las sociedades no pueden ni deben permitirse, ni siquiera en un mundo perteneciente al realismo mágico. Mucho menos nuestro país, con finanzas públicas en números rojos: alto endeudamiento y en riesgo de impago, baja y poco justa recaudación de impuestos e insuficientes recursos para enfrentar las cotidianas carencias económicas y sociales. Por tales razones, además de las éticamente obvias, no debemos tolerar ninguna medida que nos impida obtener una adecuada rendición de cuentas sobre el qué hacer público.


Muchas personas piensan que la forma de evitar ser víctimas de la corrupción es dejando de pagar impuestos; sin embargo, si optamos por esta opción, además de víctimas nos volvemos victimarios, ya que esto no sólo constituye una forma de corrupción ciudadana, sino que también afecta el cumplimiento de las necesidades sociales y cierra las puertas al desarrollo del país, en la medida que nuestros impuestos contribuyen a ello.

En definitiva, debemos estar conscientes de nuestra realidad y por tanto, debemos cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas. No obstante, como parte de ellas debemos exigir una reforma integral en lo político, en lo social y en lo fiscal, cuya columna vertebral sea la garantía de la transparencia, pública y privada, y la constante rendición de cuentas hacia los ciudadanos.




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