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Roberto-Burgos

Foto: DEM

Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) considera que El Salvador está ante un cambio de las reglas de la política, ya que por primera vez se conoce la información patrimonial que los funcionarios públicos declaran ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), gracias a que esa instancia ha develado los datos por orden del Instituto de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, sostiene que hoy es necesaria la actuación de la Fiscalía General de la República para investigar posibles enriquecimientos ilícitos. Al momento, hay una indagación contra Reynaldo López Cardoza, diputado del Partido de Concertación Nacional.

La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia entregó las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, diputados y expresidentes, y se ha visto cómo  muchos han crecido en patrimonios. ¿Qué tan histórico es este hecho?

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Durante muchos años, estamos hablando que es de 1950 cuando se establecían por primera vez estas disposiciones constitucionales que hacían referencia al patrimonio de los funcionarios de manera tan amplia y que se materializan en la Constitución de 1983 a través del artículo 240, que es una disposición muy interesante para los ciudadanos, porque desarrolla cuándo se entenderá que hay un enriquecimiento ilícito injustificado, cómo funciona la entrega de plazos y se establecía que la información en poder de Probidad iba a considerarse reservada. Ahora, reservada no quiere decir secreta, pero gracias a una interpretación extensiva del derecho a información pública por parte de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información (IAIP) es lo que ha cambiado históricamente la interpretación y ha permitido conocer el nivel de riqueza de los funcionarios públicos luego de dejar los cargos. Estamos ante un cambio de las reglas de la política salvadoreña en la cual por primera vez estamos viendo cómo el poder de los ciudadanos, el ejercicio de la soberanía que según el artículo 86 de la Constitución descansa en el pueblo, se está materializando en actos concretos. Los ciudadanos tienen ahora toda la libertad para presentar peticiones y, en un plazo de diez días hábiles, estas reservas escondidas, declaraciones patrimoniales, auditorías y análisis, se entregan.

Una vez se conoce la información, ¿hasta dónde puede llegar la investigación?

La expectativa ciudadana que tenemos es que se llegue hasta las últimas consecuencias, ¿cuáles son?, primero, poder los ciudadanos conocer de primera mano cuál es el nivel de riqueza de un funcionario; segundo, si se le hicieron observaciones a esas declaraciones patrimoniales, por qué razón y en qué cuantía. No solo interesa si a un expresidente se le va a iniciar un proceso judicial. Estamos viendo por primera vez funcionarios públicos dando explicaciones a la ciudadanía sobre su patrimonio. Ahora, si va a tener la efectividad que quisiéramos, es el momento de las autoridades con competencias para fiscalizar, porque creo que hemos dejado en evidencia que las instituciones fiscalizadoras no cumplen con su trabajo. Ha quedado en evidencia que, ni la Sección de Probidad estaba produciendo las auditorías, ni tampoco la Fiscalía General del República se ha caracterizado por impulsar grandes procesos de corrupción que no solo sean juzgamientos mediáticos y no solo se trata de condenar públicamente a un funcionario, implica también recuperar los fondos mal habidos y que le pertenecen al pueblo.

¿Por qué la Fiscalía no ha investigado a esos funcionarios?

Podría hacerlo. Existe un proceso judicial contra el expresidente Francisco Flores pero, para que la Sección de Probidad iniciara, el pleno de la CSJ lamentablemente el año pasado prescribió porque la ley solo da 10 años para iniciar causa de enriquecimiento ilícito. En el caso del expresidente Antonio Saca, todavía queda tiempo para investigar y para nosotros es importante que se investigue, porque hay un crecimiento económico desmesurado que vale la pena que se analice. Y el caso del expresidente Mauricio Funes, con mayor razón, recordaremos que la Sala de lo Constitucional estableció la inconstitucionalidad de su nombramiento en el Parlamento Centroamericano, lo cual le habría dado un fuero que había hecho más engorroso que se le investigara. Aquí lo que falta en la Fiscalía es voluntad y compromiso contra la corrupción. Aunque ya se conocen las declaraciones patrimoniales de algunos, hay muchas preguntas que todavía no se nos han respondido. En primer lugar, hay declaraciones patrimoniales incompletas, en el caso de Francisco Flores no aparecen muchos de los negocios, y de Saca, recordemos que investigaciones de prensa detallan cómo sus empresas de comunicaciones fueron trasladadas a un miembro de su familia para impedir obstáculos. En el caso de Funes, es conocido de los bienes de lujo y sus intentos por ir al Parlamento para tener el fuero, además tienen arraigos en el país.

¿Podría haber manipulación de información en las declaraciones patrimoniales?

Durante una audiencia celebrada en el IAIP el mismo jefe de la Sección de Probidad decía que la entrega a los ciudadanos que la solicitan, no se trata de simplemente sacar fotocopias sino que se transcribe la versión. Suponemos que en la aplicación de la ley lo que se elimina son datos personales sensibles, eso está justificado, porque lo que queremos es conocer el patrimonio, no su vida personal, pero lo importante es que se están entregando versiones públicas y solo es la Sección de Probidad que decide qué eliminar. Pero se ha conocido que muchos funcionarios consideraban que con la declaración había un cumplimiento pleno de sus obligaciones, incluso los lleva a afirmar que era una solvencia, una certificación, y de ninguna manera, el mismo jefe de la Probidad ha reconocido que, cuando se habla de cumplimiento total, se habla de los requisitos en la declaración, no de obligaciones, sobre todo en temas éticos. Lo más importante para mí es que se ha mandado un mensaje a todos los funcionarios de los tres Órganos del Estado que las reglas han cambiado y que no pueden seguir presentando cualquier cosa que se les ocurra, alterando datos sobre sus ingresos y propiedades, pero hay una prensa vigilando que les va a pedir cuentas.

¿Podríamos estar ante declaraciones mentirosas?

Por supuesto. Nosotros tenemos información de primera mano que muchos exfuncionarios, incluso funcionarios, han expresado su preocupación ante la Sección de Probidad de intentos de corregir las declaraciones patrimoniales, actualizarlas, presentar información nueva, intentar justificar su patrimonio desde herencias, porque ahora resulta que todos han recibido herencias de familiares cercanos, de madres abnegadas que pensaron en ellos en sus últimos momentos, algunos han calculado de manera personal el incremento del valor de inmuebles. Incluso, un diputado dice que a través de la zafra percibió ganancias de más de un millón de dólares. No nos olvidemos que la Ley de Ética Gubernamental habla de que los funcionarios públicos van a cumplir obligaciones a tiempo completo, las únicas excepciones al ingreso que éstos reciben son los viáticos, actividades culturales porque por ejemplo, dar clases y reconocimientos extranjeros, pero no puede decir que se justifica porque se dedicó a la actividad de caña de azúcar, ¿por qué se estaba dedicando a esas labores cuando debería de estar cumpliendo en la Asamblea Legislativa? No solo es que el enriquecimiento sea lícito y justificado, sino que un funcionario está para cumplir y la ley prohibe dedicarse a otras labores, a menos que pueda justificar que es su grupo familiar al que se le ha encomendado esta labor o que lo ha hecho fuera de horas labores.

El funcionario no debería de tener más aspiraciones que percibir un salario y en el caso de los tres órganos del Estado, los altos cargos tienen privilegios que valdría la pena discutir si son justificados, mientras la mayoría vive con un salario mínimo.

Roberto-Burgos-2

Foto: DEM

¿Cuál es el mensaje que se manda?

Los funcionarios públicos están limitados por la ley y los ciudadanos que les pagamos el salario. Esperamos resultados, queremos ver buenos decretos, queremos ver la corrupción en la cárcel, y a los que son buenos funcionarios también se les reconozca.

¿Cómo evalúan el papel de la Sección de Probidad?

Recordemos que a Probidad se le quitó la facultad de hacer investigaciones por sí misma, ahora reconocemos que hay una nueva correlación en la Corte Suprema de Justicia y la gran mayoría de magistrados están comprometidos con transparentar su gestión y dar acceso a todos los datos, hay que aplaudirle, pero hay que advertir que estaremos vigilantes.

¿Se podría sancionar al presidente de la CSJ por negar información o se puede retirar esa petición?

Los abogados de la Alac nos hemos caracterizado porque no negociamos con las leyes. Serán los comisionados del IAIP que decidirán si nuestra petición de que sancione al magistrado presidente de la CSJ por no haber entregado la información a pesar que el IAIP declaró que es pública, bueno, es momento de sentar un precedente, que podría ser una multa de 20 a 40 salarios mínimos y además la sanción de 30 días sin goce a sueldo, sería un mensaje que no le daremos un espacio a la impunidad.

¿Realmente se llegará al más alto nivel o se tocará al más débil?

Nosotros nos hacemos la misma pregunta porque son casos que nunca han ocurrido en El Salvador. Le pongo el caso Jesuitas, ¿cuándo se ha había visto que procesaran a un coronel del ejército?, eso era inédito allá por 1990. La oportunidad de sentar precedente es ahora y, si no se logra con estos funcionarios, va a  ser con otros. Lamentablemente, la corrupción ha terminado perjudicándonos a todos e implicando a todas las fuerzas políticas, los antecedentes de corrupción de este país forman parte de la historia nacional.

¿Por qué cree que los diputados adoptan una postura que se debe investigar cuando se les pregunta por los casos de aumentos patrimoniales?

Hay una postura ambigua, porque saben que ha sido un orden de cosas de las cuales todos se han beneficiado. No solo es el problema de corrupción, sino de falta de ética.

¿Hay una Ley de Ética que no se aplica?

Sí, hay una crisis de legalidad, las leyes que no se aplican y algunas solo se le aplican al contrincante político, otras se negocian su aplicación.

Ya ve el proceso de elección de Fiscal General.

¿Cuál es su opinión?

Es una forma de elección irracional, entrevistas monótonas con unas preguntas fijas, el debate de los diputados no es público, solo el interrogatorio. Por ejemplo, esa mesa en que se interroga debería de contar con una representación ciudadana, un representante de las organizaciones anticorrupción, un representante de la prensa de investigación, de una iglesia. Hasta el momento, ha habido transparencia de lo que se les está preguntando, pero se le está apostando al continuismo.

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